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¿Cuáles son las dimensiones de las agresiones sexistas en Puerto Rico? Grupos feministas alzan la voz ante los escándalos de hostigamiento en el gobierno y luego del huracán María.

La violencia las arropa, las ahoga y las limita.

A la precaria situación que enfrentan las mujeres en Puerto Rico debido a la crisis económica, las reformas laborales y el mal manejo gubernamental tras el paso del huracán María, se suma la ausencia de apoyo de parte de la entidad pública que se supone vele por sus derechos: la Oficina de la Procuradora de las Mujeres.

Así lo denunció ayer un grupo de voces feministas cuyas organizaciones se dedican a defender y garantizar los derechos de esta población que permanece desprotegida tras el temporal. 

El grupo sostuvo que la Oficina de la Procuradora de las Mujeres se ha alejado de su agenda defensora, y se ha convertido en una “pieza más de los partidos políticos”.

La situación se ha tornado en una crisis nacional para las mujeres ante el hecho de que el gobierno no está asumiendo sus responsabilidades como corresponde, lo que representa la violación de sus derechos humanos en múltiples áreas”, señaló Vilma González, portavoz de la Coordinadora Paz para la Mujer.

Al 8 de julio, la Oficina de la Procuradora de las Mujeres había reportado 11 casos de violencia doméstica en el país.

Doblamos la cantidad de mujeres que han muerto a causa de violencia doméstica, y eso lo advertimos inmediatamente después del huracán”, sostuvo.

"Parte de esa violencia contra la mujer es la reducción de fondos a las organizaciones sin fines de lucro que trabajan con este sector, el cierre de proyectos especializados en violencia y los procedimientos burocráticos extremos para la aprobación de propuestas", agregó González.

Alejada de la realidad

Hace casi 10 años que los gobiernos de turno no toman en consideración la opinión de las organizaciones feministas a la hora de designar a la procuradora de la Mujeres, denunció Sara Benítez del Movimiento Amplio de Mujeres.

Fue en el 2009, bajo la administración de Luis Fortuño, la última vez que sugirieron dos nombres para esa la silla. Desde entonces, ningún gobierno se ha preocupado por conocer -a pesar de que la Ley de la Oficina de la Procuradora de las Mujeres (Ley 20-2001) dispone que se realice esa consulta- la posición de los grupos feministas.

“Hace mucho tiempo que la Oficina de la Procuradora dejó de representar los intereses y las necesidades de las mujeres y de los grupos, así que se ha convertido en una pieza más de los partidos políticos”, expresó Benítez.

En esta ocasión, el nombramiento de Lersy Boria -actualmente bajo la consideración de Senado- tampoco les fue consultado. Benítez indicó que no se han reunido con la designada. De ella, conocen solo lo que ha salido en los medios.

“Para nosotras, por lo menos para el Movimiento amplio de Mujeres y los grupos feministas, en este momento, esa organización (Oficina de la Procuradora) es parte de los partidos políticos, y nosotras no estamos participando ni nos parece pertinente en estos momentosparticipar”, sostuvo Benítez.

Dijo que la posición requiere una persona capacitada en los derechos humanos de la mujer. “No es simplemente por ser mujer, por haber experimentado la violencia que vivimos las mujeres a diario en el país”, subrayó Benítez.

Expectativas

Tras las denuncias, los grupos sostuvieron la urgencia de retomar temas como la educación con perspectiva de género, no solo a nivel académico, sino a través del aparato gubernamental. De su parte, dijeron que mantendrán la militancia.

Hemos estado denunciado, y seguiremos denunciando, porque no se puede permitir que continúe la impunidad hacia los casos de hostigamiento sexual en el país. Ciertamente, hay unas áreas que escapan de nuestro control, pero estaremos apoyando a las víctimas”, puntualizó Benítez.

Dijo que el mal manejo de los casos de hostigamiento sexual reportados en el gobierno -siendo el más reciente el ocurrido contra tres exempleadas de la Compañía de Turismo- es resultado del desconocimiento y la ausencia de un protocolo que dicte el proceder indicado, garantizando la protección de las víctimas.

“Siempre se minimiza cada vez que una víctima lleva una querella o hace una denuncia. Es constante el maltrato institucional hacia nosotras las mujeres, hacia las mujeres que laboramos en este país, hacia las mujeres que hablamos de género, que hablamos de equidad”, señaló Hilda Ramón, de la junta directiva de la Coordinadora Paz para la Mujer.

En el caso de Turismo, un informe de la exprocuradora interina de las Mujeres Carmen Lebrón concluyó que hubo hostigamiento sexual contra tres exempleadas de esa agencia por parte del exdirector José Izquierdo.

La investigación culminó con referidos al Departamento de Justicia y a la Oficina de Ética Gubernamental contra Izquierdo; el principal asesor del gobernador, Alfonso Orona; el asesor económico del gobernador y su representante ante la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), Christian Sobrino, y el director de recursos humanos de Turismo, Giovanni Narváez.

A una semana de los referidos, Lebrón quedó fuera del cargo, aunque el gobierno negó que la determinación tuviera que ver con el informe.

Además de la educación con perspectiva de género, González destacó la necesidad de que los problemas de las mujeres se atiendan desde una visión integral y que las funciones de la procuraduría no se limiten a los asuntos de violencia doméstica.

Deben ser escuchadas

Junto con el protocolo para el manejo de casos de hostigamiento sexual, Tania Rosario, directora de Taller Salud, abordó la necesidad de establecer un documento adicional para que se garantice la salud y seguridad de las mujeres durante y después de los desastres naturales.

Hay que establecer, por ejemplo, cómo se van a manejar aquellos casos en los que un agresor busca refugio, así como los incidentes de agresión sexual en lugares bajo la responsabilidad del Estado.

Rosario destacó, además, que hay que desarrollar un procedimiento que permita hacer un análisis inmediato y descentralizar la distribución de la ayuda luego de un desastre natural.

“Al día de hoy, no hay un registro actualizado de pacientes de enfermedades crónicas, no hay un protocolo para proteger la vida de las personas en situación de desastre, muchísimo menos un protocolo que privilegie la vida de las mujeres en situación de violencia doméstica. ¿Cuándo es que van a empezar a desarrollar ese protocolo?”, cuestionó Rosario.

Sostuvo que las mujeres deben formar parte de la confección del modelo de respuesta. Fueron ellas las que asistieron a sus comunidades y las que cuidaron de los viejos y niños, dijo Rosario.

“Sentirse desprotegida y sentir que el gobierno envía un mensaje de que tu vida no es prioridad, es terrible. Es un mensaje de odio a las mujeres, de odio a las niñas y a los niños. No podemos vivir en un país que odia a sus mujeres, a sus niños y a sus niñas porque no las protege, y no las considera importante”, sentenció Rosario.


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