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En la foto, el presidente de la Junta de Gobierno de la UPR, Walter Alomar. (Gerald López Cepero)

Para el presidente de la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico (UPR), Walter Alomar, el nuevo plan aprobado hoy por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) crea un problema de accesibilidad a la educación superior en Puerto Rico.

De hecho, el funcionario dejó entrever que no necesariamente estarían implantando todas las reformas que se exigen en el documento fiscal, especialmente en el área de las exenciones que reciben los estudiantes.

Alomar indicó que estarán "probándole" a la Junta que los recortes a estos beneficios no son necesarios para alcanzar la estabilidad fiscal que requiere la Ley Promesa.

En la versión certificada ayer por la JSF, el costo de la matricula sube a $115 durante el primer año de vigencia del documento. Otros aumentos continúan en los años subsiguientes.

Según el exjuez Arthur González, estos aumentos todavía ponen el costo total de la educación superior en Puerto Rico por debajo de lo que es normal en las universidades públicas en los Estados Unidos.

El nuevo plan fiscal también elimina las exenciones totales que se dan en el sistema. Todos estos beneficios, incluyendo el que reciben los estudiantes de honor y los veteranos, serían condicionados a la necesidad económica del alumno.

Del mismo modo, se propone la consolidación de los campus bajo los recintos de Mayagüez y Río Piedras. El único centro educativo que no sería alterado es el Recinto de Ciencias Médicas.

Las tareas administrativas y no docentes, como las que llevan a cabo las oficinas de recursos humanos y de mantenimiento, se consolidarían y se reduciría la empleomanía.


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