Tras ser fiscal por 24 años y alcanzar el año pasado la silla más alta del Departamento de Justicia, Wanda Vázquez Garced enfrentará hoy   denuncias criminales. (horizontal-x3)
Tras ser fiscal por 24 años y alcanzar el año pasado la silla más alta del Departamento de Justicia, Wanda Vázquez Garced enfrentará hoy denuncias criminales. (Ramón “Tonito” Zayas)

Hoy llegará la hora cero, no solo para la suspendida secretaria de Justicia, Wanda Vázquez Garced, sino para el Departamento de Justicia, una agencia de rango constitucional que se corre el riesgo esta tarde de tener, por primera vez, a su más alta funcionaria denunciada por delitos penales.

De igual manera, la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (OPFEI) mide hoy su prestigio en la sala de investigaciones criminales del Centro Judicial de San Juan cuando tenga que demostrar la relevancia de los cargos que imputa.

La exposición de los hechos y los argumentos podrán ser vistos por la población en directo, porque el Tribunal Supremo aprobó ayer la grabación y transmisión en vivo del proceso.

El exsecretario de Justicia William Vázquez Irizarry indicó que, como esta es la primera vez que la Ley del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente se activa para un caso de una secretaria de Justicia, resulta imprescindible que aclare el trámite que siguió.

“Es importante que se pueda aclarar información en dos sentidos, en términos de contenido y del proceso. Saber finalmente qué se le está imputando a la secretaria porque hay muchas versiones y especulaciones…”, reflexionó Vázquez Irizarry.

El también profesor de Derecho Administrativo puntualizó que, por otro lado, es importante saber “cuál fue el proceso porque hay un problema de falta de confianza y la legitimidad de las instituciones queda bien lacerada en términos de no estar claro de cómo se ha manejado esto”.

Incertidumbre

Ni la cantidad de cargos que se radicarán ni la naturaleza del delito se conocen todavía. Ante la falta de información oficial, solo se cree que las imputaciones pueden venir por uno de dos asuntos.

El asunto que más exposición ha tenido es la presunta participación indebida de la secretaria, en una reunión en la que supuestamente fiscales discutieron con su jefa Olga Castellón las denuncias radicadas a dos sujetos que escalaron la casa de la hija de Vázquez Garced. Castellón es hoy la secretaria interina de Justicia.

La segunda posibilidad surge a raíz de las entrevistas de los fiscales especiales independientes a fiscales del Departamento de Justicia que investigaron lo relacionado con el chat. Es probable que las denuncias en contra tengan que ver con la forma en que Justicia manejó la pesquisa del WhatsApp y si hubo presiones indebidas por parte de la secretaria. Este escándalo involucró a varios funcionarios del Ejecutivo.

Juego político

Tanto la pesquisa de Justicia, como la conducida por la OPFEI, han estado matizadas por la lucha de poder partidista, principalmente del mismo Partido Nuevo Progresista en el que existen varios bandos.

Además, una investigación ha abierto el camino a otras pesquisas o inhibiciones.

La más reciente es la investigación ordenada por la presidenta del Tribunal Supremo Maite Oronoz Rodríguez contra el esposo de Vázquez Garced, el juez Jorge Díaz Reverón por presunta utilización impropia de sus funciones y de los recursos del Estado en busca de ayudar a su esposa.

Mientras, la semana pasada, el Departamento de Justicia se inhibió de una investigación que le refirió la Oficina del Contralor y que involucra a un familiar cercano del fiscal especial Ramón Mendoza Rosario, quien es uno de los que presentará los cargos contra la secretaria de Justicia.

Para el profesor de Ciencia Política de la Universidad de Puerto Rico en Arecibo, José Rodríguez Vázquez, tanto las acciones imputadas a la secretaria como el proceso llevado por la OPFEI, han abonado a incrementar la indiferencia y la desconfianza ciudadana.

“Se está destruyendo la cultura política democrática, que es indispensable para que una comunidad se plantee, discuta y participe, y eso me parece una cosa peligrosa”, expresó el también doctor en Historia. “La gente creía que Justicia era el último bastión de la esperanza, en donde alguien tenía un poco de cordura, pero obviamente eso no es así”, agregó.

En tanto, el abogado Manlio Arraiza Donate, quien fue fiscal especial en el caso del procesamiento ético a fiscales del caso del Cerro Maravilla, expresó que la pugna generada entre Justicia, la OPFEI y otras instituciones como la Oficina de Ética Gubernamental le provoca “vergüenza ajena”. “Con todo esto, se mina la credibilidad del sistema. La gente ha perdido la confianza en el sistema porque es una pelea entre una institución y la otra”, indicó.

“¿Tú crees que hoy día se va a confiar en cualquier cosa que haga el Departamento de Justicia? No solo en el aspecto criminal, es que dentro del Departamento de Justicia está el procurador que es el abogado del gobierno de Puerto Rico en los casos civiles”, agregó.


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