Si cree que los más de $100 millones en contratos de asesores en reestructuración que ya ha pagado Puerto Rico son una millonada, la cifra le parecerá centavos, si el Gobierno incumple con el pago de la deuda pública y no existe algún mecanismo legal uniforme para renegociarla.
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Incierta una renegociación sin la ley de quiebras
La Corte Suprema de EE.UU. da tiempo a Puerto Rico, pero no ataja la crisis de liquidez
Nota de archivo
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