Alberto Fujimori está sentenciado a 25 años de prisión por delitos de lesa humanidad (semisquare-x3)
Alberto Fujimori está sentenciado a 25 años de prisión por delitos de lesa humanidad. (EFE)

El Congreso peruano abrió este jueves la puerta para que el expresidente Alberto Fujimori, sentenciado a 25 años de prisión por delitos de lesa humanidad, termine de pagar la pena en su casa, al aprobar una ley que da ese beneficio a los mayores de 65 años. 

La norma, presentada por la parlamentaria Yeni Vilcatoma, del partido fujimorista Fuerza Popular (FP) -que controla el Congreso junto a sus aliados derechistas-, fue aprobada con 55 votos, 30 en contra y dos abstenciones. 

Se daba por descontado que la ley, que deberá ser revisada y promulgada por el Ejecutivo, tendría luz verde por el dominio de FP, liderado por la hija de Fujimori, Keiko, actualmente detenida por presunto lavado de activos. La iniciativa establece que los presos mayores de 65 años que hayan cumplido un tercio de su pena y tengan "una enfermedad grave o crónica acreditada" accedan al arresto domiciliario con un grillete electrónico

Además, señala que "los adultos varones mayores de 78 años" pueden acceder al beneficio con el único requisito de haber cumplido un tercio de la condena. Fujimori, de 80 años, ya cumplió 10 de 25 años de sentencia como autor mediato de 25 asesinatos y dos secuestros agravados cometidos durante su gobierno, entre 1990 y 2000. 

La solicitud

La norma establece que el trámite para conseguir el beneficio debe ser realizado por el condenado, un familiar o un abogado ante el jefe del Instituto Nacional Penitenciario. FP aprobó la ley una semana después de que la Justicia anulara el indulto que se le entregó en diciembre al expresidente por supuestas razones humanitarias. 

Fujimori está bajo custodia policial en una clínica en Lima, en la que fue internado tras conocer el fallo. "Si regreso a prisión, mi corazón no lo soportará (porque) está demasiado débil para volver a pasar por lo mismo", dijo en un video publicado en Twitter.  

El fallo judicial, que obedeció a un pedido de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para revisar el caso, señaló que el indulto otorgado por el entonces mandatario Pedro Pablo Kuczynski no respetó los estándares y no tuvo motivaciones sustanciales.


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