Moro, que será ministro de Justicia y Seguridad Pública en el próximo gobierno del ultraderechista Jair Bolsonaro (semisquare-x3)
Moro condenó a nueve años de cárcel por corrupción al expresidente Lula da Silva, que cumple la condena desde abril pasado. (EFE)

El juez federal Sergio Moro, que será ministro de Justicia y Seguridad Pública en el próximo gobierno del ultraderechista Jair Bolsonaro, rechazó que su designación esté vinculada con su condena contra el izquierdista expresidente Luiz Inacio Lula da Silva, y adelantó que utilizará el mismo modelo de la operación anticorrupción Lava Jato (Autolavado) en su lucha contra el crimen organizado.

"No puedo pautar mi vida con base en una fantasía, en un falso pretexto de persecución política. Mi decisión no tiene nada que ver con el proceso de Lula", resaltó el magistrado en una conferencia de prensa en Curitiba que tuvo como eje el desembarco de Moro como superministro de bolsonaro ahonda las divisiones" las críticas que recibió al aceptar la invitación de Bolsonaro para integrar su gabinete.

En el marco de la Operación Autolavado, Moro juzgó a Lula el año pasado y lo sentenció a nueve años y medio de prisión por corrupción y lavado de dinero en una causa en la que el popular exmandatario estaba acusado de haber recibido como soborno en especie de la constructora OAS un apartamento en el balneario de Guarujá a cambio de garantizar a la empresa contratos con la estatal Petrobras. El fallo de Moro fue ratificado en enero último por el Tribunal Regional Federal en Porto Alegre, que encima extendió la pena a 12 años y un mes de reclusión.

Lula, que esta entonces era el candidato favorito para las elecciones de este año, quedó inhabilitado para competir. Su reemplazante en la fórmula del Partido de los Trabajadores (PT), el exalcalde de San Pablo Fernando Haddad, fue finalmente derrotado en los comicios por el exmilitar y diputado Bolsonaro, del Partido Social Liberal.

"Sé que algunos eventualmente interpretarán mi ida al gobierno como una especie de recompensa. Es algo absolutamente equivocado, porque mi decisión contra Lula fue tomada en 2017, sin ninguna perspectiva de que el entonces diputado federal Bolsonaro fuese elegido presidente de la República", indicó Moro, quien resaltó que en el juicio contra el expresidente "se descubrió un crimen que había sido investigado y probado" y que su sentencia fue luego revisada y ampliada por una corte de apelaciones, por lo tanto no se trató de una "cuestión unilateral".

El célebre juez contó que quien lo sondeó para el eventual ofrecimiento del cargo de ministro de Justicia y Seguridad Pública fue Paulo Guedes, futuro titular de Economía, Planificación, Industria y Comercio Exterior. Tuvieron una primera conversación el 23 de octubre, una semana antes de la segunda vuelta electoral, y quedaron en volver a hablar luego de los comicios. Antes de la primera vuelta, Moro también había sido blanco de críticas por hacer públicos trechos del acuerdo de delación premiada que firmó con la Justicia el exministro de Economía de Lula, Antonio Palocci, que manchó aún más al expresidente y al PT. El 1º de noviembre, Moro visitó a Bolsonaro en Río de Janeiro y aceptó su invitación con el compromiso de llevar adelante una decisiva acción en el combate a la corrupción y el crimen organizado.

"La idea es replicar en el ministerio las fuerza-tareas adoptadas en la Operación Lava Jato (Autolavado)", explicó Moro, quien también pretende extender al crimen organizado el instrumento de los acuerdos de delación premiada, que permitirán a los bandidos detenidos reducir sus penas a cambio de información sobre sus superiores y las redes en las que actúan.

Citó como ejemplo exitoso de una lucha contra la criminalidad la llevada adelante por el FBI contra las mafias que operaban en la ciudad de Nueva York. Y señaló que buscará llevar a trabajar al ministerio a "personas absolutamente calificadas" y también integrantes de la fuerza-tareas de la Lava Jato.

Moro se definió a sí mismo como un "técnico" y no como una figura con ambiciones políticas. "No tengo ninguna pretensión de competir en ningún momento de mi vida por un cargo electoral", aclaró, y rechazó de plano cualquier idea de que vaya a encabezar una "persecución política" desde el ministerio.

"No existe la menor chance de usar el ministerio o la policía para persecución política. Eso no fue hecho jamás durante la Lava Jato; las personas fueron condenadas por crímenes, con base en pruebas robustas y no por sus opiniones políticas. No será en el ministerio que empezaré a hacer eso", aseguró.

Sin que fuera preguntado sobre el tema, indicó que el asesinato de la concejala de Río de Janeiro Marielle Franco, que conmovió a la sociedad en marzo de este año, "debe ser solucionado".

Sobre sus divergencias con Bolsonaro, indicó que es favorable a una reducción de la edad de imputabilidad penal de 18 a 16 años para crímenes graves (homicidio, violación y secuestro), pero expresó sus dudas sobre la propuesta de flexibilización del porte de armas, que según él puede ser usado por el crimen organizado a su favor. Asimismo, se declaró contrario a la idea de calificar como "terroristas" a los movimientos sociales de izquierda que han protagonizado invasiones de campos y edificios públicos, aunque aclaró que deben responder por los daños causados a terceros.


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