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No se conoce con exactitud ni cuántas fosas quedan por abrir, ni cuántas personas siguen desaparecidas en España, producto de la guerra civil y la dictadura franquista. (EFE)

Las autoridades españolas instaron este miércoles a la población a enviar por correo electrónico cualquier información que tenga sobre las víctimas no registradas oficialmente de la Guerra Civil (1936-1939) y de la posterior dictadura del general Francisco Franco, que se prolongó durante cuatro décadas.

El Ministerio de Justicia señaló que la iniciativa busca ayudar a crear un censo fiable sobre las fosas comunes diseminadas por todo el país.

El gobierno socialista, que se enfrenta a una elección general el próximo mes, quiere desenterrar e identificar a las 114,000 víctimas estimadas del conflicto bélico y la dictadura de Franco, que murió en 1975.

Tres misiones patrocinadas por Naciones Unidas que visitaron España desde 2013 criticaron a las autoridades por la ausencia de un plan para buscar a las personas desaparecidas. Y alertaron la "confusión" que generaba la fragmentación y dispersión de la información disponible y consideró "crucial" una base de datos central para promover "transparencia, precisión y certeza" sobre las personas desaparecidas.

Un reporte pericial reciente dijo que, de manera realista, solo se podrían identificar y recuperar a un cuarto de las víctimas estimadas.

La Ley de Memoria Histórica, aprobada en 2007, estableció que las administraciones públicas debían facilitar a los descendientes directos de las víctimas la localización e identificación de los desaparecidos.

Se aprobó de hecho un protocolo para las exhumaciones y se creó un mapa de fosas, pero ha habido "un apoyo institucional insuficiente y la mayoría de las veces completamente ausente", según se denuncia en el informe que ha elaborado para la dirección general de Memoria Histórica un grupo de expertos coordinados por el médico forense Francisco Etxeberria.

De acuerdo con ese estudio, desde el año 2000, y con el impulso de las asociaciones de memoria histórica, se han llevado a cabo exhumaciones en 740 fosas comunes de todo el territorio nacional y se han recuperando más de 9,000 esqueletos.

Pero no se conoce con exactitud ni cuántas fosas quedan por abrir y cuántas personas siguen desaparecidas.

Con los datos que ha recopilado, este grupo de expertos en medicina y genética forense, arqueología, historia y derecho estima que con una intervención oficial del Estado podrían recuperarse de las fosas comunes entre 20,000 y 25,000 personas, y tal vez identificar a entre 5,000 y 7,000 víctimas.

En estos momentos hay censos y bases de datos de desaparecidos, públicas o privadas, en varias comunidades autónomas, pero en el informe se alerta de grandes disparidades entre territorios.

Es "esencial", se subraya, unificar en una base de datos las distintas fuentes disponibles sobre víctimas de la guerra y la represión franquista, con todas sus categorías: muertos en acción de guerra, desaparecidos en combate, desaparecidos de forma violenta, exilio, campo de concentración, etc.

Todas las comunidades, excepto Extremadura y Galicia, aprobaron leyes propias para indemnizar a quienes no pudieron acogerse a las ayudas estatales porque habían sido privadas de libertad menos de tres años o por haber estado en campos de concentración o batallones de trabajadores, por lo que también deben tener censos de exprisioneros de guerra o de los primeros años del franquismo.


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