Un antropólogo sostiene un cráneo para fotografiarlo después de haberlo exhumado de una fosa común en el cementerio de Paterna, cerca de Valencia, España. (AP) (semisquare-x3)
Un antropólogo sostiene un cráneo para fotografiarlo después de haberlo exhumado de una fosa común en el cementerio de Paterna, cerca de Valencia, España. (AP)

Paterna, España - Remedios Ferrer examina una fosa en la que los arqueólogos forenses limpian la tierra polvorienta y rastros blancos de cal viva y de la que desenterraron cuatro cráneos fracturados de en medio de una masa de huesos y ropa en descomposición.

Su abuelo anarquista, Mariano Brines, fue ejecutado por un pelotón de fusilamiento en Paterna meses después de que el general Francisco Franco proclamó su victoria en la Guerra Civil española (1936-1939). De acuerdo con los relatos de la familia, Brines fue enterrado junto a otros 99 simpatizantes del caído régimen republicano cuando la dictadura consolidó su control.

Tras ocho décadas, la decisión del nuevo gobierno español de centroizquierda de exhumar los restos de Franco de un controvertido santuario atrajo también la atención sobre un tema sin resolver que está vinculado con su régimen: los cientos de fosas comunes anónimas que demuestran la brutalidad de su dictadura.

Estas labores de exhumación, amparadas por la ley al menos durante la última década, han sido irregulares, intermitentes y dirigidas por los descendientes de las víctimas que tienen que buscar financiamiento independiente y no estatal, lo que provocó críticas de organismos de Naciones Unidas y de derechos humanos.

Sin embargo, para descendientes de las víctimas como Ferrer, a quien sus padres se llevaron al exilio a Francia cuando tenía 2 años y murieron antes de descubrir el sitio donde estaba enterrado Brines, los cambios del nuevo gobierno socialista llegaron demasiado tarde.

“Me da mucha tristeza y cólera, para mi madre, y para mi abuela”, dijo señalando que para su madre “era horrible saber que su padre estaba tirado como un animal ahí. Ellas son las que deberían estar aquí”.

Paterna es una localidad ubicada a las afueras de la ciudad costera de Valencia que prosperó a la sombra de un infame muro de ejecución que aún se encuentra cerca del cementerio, en el que se pueden ver orificios de balas entre ramos de flores y monumentos conmemorativos colocados por los vecinos para recordar las atrocidades cometidas allí.

Pelotones de fusilamiento de la Guardia Civil y el Ejército ajusticiaron a al menos 2,238 prisioneros en ese lugar, según las investigaciones de historiadores y los registros del camposanto. Se cree que los cuerpos fueron arrojados a 70 fosas comunes distintas y cubiertos con cal viva para sellar el sitio.

El martes, se abrió la fosa número 112, la última hasta el momento en Paterna, donde meses después del final de la guerra, en abril de 1939, se enterraron dos grupos de 50 reos. Luego de días excavando con cuidado debajo de una capa de féretros comunes, aparecieron montones de esqueletos.


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