(GFR Media)

París - El Gobierno francés, bajo la presión de ecologistas y alcaldes contra los pesticidas, impondrá a partir de 2020 una distancia mínima en torno a las viviendas para que los agricultores puedan aplicar en sus campos tratamientos con fitosanitarios.

Sobre la base de los estudios de la Agencia Nacional de la Seguridad Sanitaria de la Alimentación, el Medio Ambiente y el Trabajo (Anses), el Ejecutivo indicó este sábado que con carácter general esa distancia será de 10 metros para la pulverización de árboles, viñas y otras plantas de altura y de 5 metros para el resto.

En un comunicado conjunto, los ministros franceses de Sanidad, Agnès Buzyn; Agricultura, Didier Guillaume, y Transición Ecológica, Elisabeth Borne, anunciaron que desde el lunes próximo y durante tres semanas se abrirá una consulta pública sobre la utilización de fitosanitarios en torno a las casas.

Al término de ese debate público, llegarán los decretos que se aplicarán desde el 1 de enero y que, además de fijar las distancias mínimas con carácter nacional, abrirán la puerta a que haya acuerdos en los departamentos del país entre agricultores, vecinos y representantes políticos.

En las normas departamentales se podrán reducir las distancias a 3 y 5 metros siempre que se utilice maquinaria de pulverización más eficiente, pero también adaptarlas para tener en cuenta los dictámenes de la Anses a partir de nuevos trabajos técnicos y científicos.

Las distancias propuestas por el Ejecutivo están muy por debajo de los 150 metros que estableció el alcalde de la localidad de Langouët (Bretaña, noroeste de Francia), Daniel Cueff, en un decreto municipal que durante semanas ha capitalizado la polémica sobre esta cuestión.

Tras su publicación en mayo, la decisión de Cueff para la entrada en vigor de la iniciativa en su pueblo, de apenas 600 habitantes, fue rápidamente recurrida ante la justicia por la Prefectura (delegación del Gobierno), con el argumento de que una administración municipal no es competente para adoptar ese tipo de medidas.

El Tribunal Administrativo de Rennes dio la razón a la Prefectura y suspendió el decreto de Langouët el 27 de agosto.

Pero, lejos de apagar la polémica, ello ha suscitado una mayor atención por el riesgo de contaminación de las personas que viven en torno a campos tratados con fitosanitarios y ha obligado al Gobierno a intervenir.


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