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En esta foto del 19 de mayo del 2019, el fundador de WikiLeaks Julian Assange saluda a partidarios afuera de la embajada de Ecuador en Londres, donde ha estado en exilio voluntario desde el 2012. (AP)

La Justicia de Ecuador rechazó hoy una acción de protección constitucional solicitada por el fundador de WikiLeaks, Julian Assange, para que no se le aplique un documento que regula desde el 13 de octubre sus condiciones de vida en la embajada ecuatoriana en Londres.

"La señora jueza ha emitido su sentencia y ha rechazado la acción de protección planteada por Assange", dijo en declaraciones a los medios el procurador general del Estado, Iñigo Salvador.

La decisión la tomó una corte ecuatoriana tras una audiencia en la que el activista australiano prestó testimonio por vídeoconferencia, en el que expresó su temor a ver terminado el asilo.

La acción de protección fue presentada contra el canciller ecuatoriano, al considerar la defensa que él es el interlocutor en el problema del fundador de WikiLeaks.

La acción fue presentada el pasado 19 de octubre por el exjuez español Baltasar Garzón, parte del equipo de la defensa del australiano, junto al abogado en Ecuador, Carlos Poveda, al entender que el pliego de condiciones presentado el 13 de octubre a Assange supone una violación de sus derechos.

El pliego regula sus condiciones de vida en la Embajada ecuatoriana en Londres, donde está asilado desde 2012 y en él se le exige mantener unas reglas básicas de higiene y limpieza.

También se le regulan las visitas, y se le devuelve el acceso a internet, que Ecuador le cortó en marzo por repetitivos pronunciamiento políticos que considera violaron su estatus de asilado.

Según Garzón, ese documento "unilateral" viola los derechos como asilado a Assange, quien fue nacionalizado ecuatoriano en diciembre de 2017, como vía para tratar de poner fin a su situación.

Ecuador defiende que, como país que concede el asilo, tiene el derecho y la capacidad de imponerle una reglas mínimas de seguridad e higiene.

Para el procurador general del Estado, Íñigo Salvador Crespo, quien hace unos días describió meticulosamente el espacio que la embajada le ha destinado (dormitorio, oficina, baño exclusivo y espacio comunes), estas normas buscaban garantinar tanto la convivencia como sus propios derechos.

"Cualquier actividad del señor Assange interfiere si no es llevada dentro de los márgenes de convivencia armónica de los que habla el protocolo", explicó.

Descrito hace meses por el presidente Lenín Moreno como "una piedra en el zapato", el ahora también ecuatoriano Assange exigía a los tribunales que impidieran la aplicación del protocolo.

Hasta ahora, el fundador de WikiLeaks había rechazado de plano recibir el protocolo -que entró en vigor el 13 de octubre- y también la contraseña para tener acceso a internet, que Ecuador le cortó en marzo.

A Assange le cortaron el internet por pronunciarse sobre cuestiones políticas ecuatorianas, las elecciones en EE.UU. y sobre la crisis catalana, entre otras cuestiones.

La falta de comunicación, aseguraron las fuentes, no ha tenido ningún impacto en su derecho, por ejemplo, a ver a sus abogados, como sugirió su letrado local Carlos Poveda.

El australiano se refugia en esa embajada desde 2012, cuando era requerido por las autoridades suecas debido a las acusaciones de dos mujeres por presunta violación, que él negaba, una causa ya archivada.

Aun así, sigue bajo asilo por temor a que, si sale, sea deportado a Estados Unidos, donde presume que podría ser juzgado por la publicación de documentos militares y diplomáticos confidenciales.


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