Una persona visita el mausoleo del Valle de los Caídos, donde está enterrado el exdictador Francisco Franco, en El Escorial, a las afueras de Madrid. (AP / Bernat Armangue)

El Tribunal Supremo de España decretó el martes que el gobierno interino puede exhumar los restos del general Francisco Franco del Valle de los Caídos, el mausoleo que el exdictador construyó en las afueras de Madrid, zanjando una décadas de controversia.

Los seis jueces de la corte suprema rechazaron por unanimidad el recurso presentado por la familia de Franco contra los planes del ejecutivo para sacar los restos del general y trasladarlos a un cementerio próximo a la capital de España.

Los partidos de izquierda y familiares de muchas víctimas de la Guerra Civil española querían que Franco fuese retirado del mausoleo, que recibe visitas de turistas y entusiastas. Otros alegan que esta medida podría reabrir viejas heridas.

Los familiares de Franco esperaban bloquear la exhumación o lograr la menos que fuese sepultado de nuevo en la catedral de la Almudena, en el centro de Madrid, una idea a la que el gobierno se oponía frontalmente.

El fallo se produjo en el mismo día en el que se disolvieron las cortes y se convocaron elecciones generales para el próximo 10 de noviembre. La oposición acusó al gobernante partido socialista de querer utilizar la exhumación con fines electorales.

La decisión del Tribunal Supremo no admite recurso, pero el abogado de los herederos del exdictador, Luis Felipe Utrera, señaló que la familia dará “la batalla hasta el final”, con un posible recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional español y ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

“Un gobierno está prohibiendo a una familia enterrar a uno de sus miembros donde lo estime conveniente”, añadió el letrado.

Ninguno de estos dos procesos paralizaría los planes del gobierno español.

El presidente en funciones, Pedro Sánchez, celebró la decisión con un tuit en el que dijo “La determinación de reparar el sufrimiento de las víctimas del franquismo guió siempre la acción del gobierno”.


Su vicepresidenta, Carmen Calvo, señaló que el gobierno tiene la intención de completar el proceso “cuanto antes mejor”.

El gobierno aún debe superar un último escollo, ya que un juez de Madrid suspendió de forma provisional la licencia de obras del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial (municipio donde está el Valle de los Caídos) para levantar la losa de la tumba del dictador.

Bonifacio Sánchez, vocero de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, que lleva años luchando para la exhumación del cuerpo, se mostró satisfecho por el fallo judicial pero dijo que no estaba de acuerdo con el plan del ejecutivo para trasladar los restos al cementerio de El Pardo, a las afueras de Madrid.

El cementerio tiene financiación pública y los restos deberían ser entregados a la familia para que sean enterrados en un lugar privado, añadió.

La esposa de Franco, Carmen Polo, está enterrada desde 1988 en el cementerio adonde el gobierno quiere llevar los restos del dictador.

Franco fue enterrado cuando murió, en 1975, en la basílica del Valle de los Caídos, un monumento que él mismo mandó construir durante la dictadura 50 kilómetros (31 millas) al noroeste de Madrid.

El monumento tiene una basílica excavada en la roca de las montañas de Guadarrama y está coronado por una gigantesca cruz de 150 metros (192 pies) de altura.

En su construcción, que se extendió durante 18 años y concluyó en 1959, trabajaron miles de presos políticos. En el interior de la basílica están los restos de casi 34,000 víctimas de ambos bandos de la Guerra Civil española (1936-1939), muchos de ellos trasladados allí sin el consentimiento de sus familias.

La sentencia de este martes pondrá fin a la anomalía de que España sea "el único país de Europa" en el que un dictador está enterrado "en un lugar de enaltecimiento", afirmó la vicepresidenta Calvo. 

Los expertos estiman que 114,000 víctimas de la guerra civil y los primeros años de la dictadura posterior siguen enterradas en 2,500 fosas comunes repartidas por todo el país, la mayoría de ellas sin identificar.


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