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Diputados de su partido le solicitaron a Sebastián Piñera que, cuando asuma la presidencia, realice una consulta popular sobre la pena de muerte (EFE/Iván Franco).

Un crimen con gran repercusión mediática reavivó un debate que parecía olvidado: la restitución de la pena de muerte, que se dejó de utilizar en Chile hace 30 años.

Fue a finales de enero cuando la pequeña Sophia, de un año y 11 meses, murió tras los reiterados golpes y abusos de su padre. Aunque inicialmente la madre informó de que la lactante había sufrido un impacto accidental, los informes médicos preliminares revelaron lesiones previas con intervención de terceras personas.

Según se supo en la audiencia en que Francisco Ríos Ríos fue acusado de parricidio y violencia intrafamiliar, él habría agredido a la niña aplastándola y dañando seis de sus órganos. 

Después de que el sujeto quedara en prisión preventiva mientras dura la investigación, la jueza Teresa Mora, de la Corte de Apelaciones de Puerto Montt (al sur de Chile), explicó que si bien la pena de muerte está derogada en Chile, los tratados internacionales que impiden reinstaurarla plantean una excepción para países en los que existió.  

"En el caso de Chile, como permanece vigente en el Código de Justicia Militar, se podría restablecer la pena de muerte", explicó la magistrada.

La brutalidad del crimen contra la bebé generó malestar general en la ciudadanía de Chile e incluso se articuló un movimiento pidiendo una "Ley Sophia", que endurezca las penas a quienes agredan a menores de edad

Aunque rápidamente se empezó a difundir la idea de instaurar la pena de muerte para estos delitos, desde el movimiento que apoya una "Ley Sophia", se han empeñado en decir que ello sería "un retroceso" y, como explicó la vocera de esta agrupación, Silvana Tobar en una entrevista llevada a cabo en radio Cooperativa, se aspira a una cadena perpetua efectiva y la pérdida de beneficios carcelarios. 

"Queremos que estas personas estén su condena completa en la cárcel sin ningún tipo de beneficios también estamos optando por la castración química", dijo.

El exprecandidato presidencial y senador Manuel José Ossandón (derecha) manifestó su indignación por el caso en Facebook y planteó que "con la pena de muerte, los niños no volverán, el daño no se reparará, pero al menos con nuestros impuestos no alimentaremos a estas bestias ni existirá riesgo de fuga alguna", aunque reconoció que la moción es "imposible".

Un grupo de cinco diputados de la UDI (partido de la derecha conservadora alineado con Sebastián Piñera) solicitó al presidente electo que cuando asuma el Ejecutivo realice un plebiscito sometiendo a consulta el restablecimiento de la pena de muerte. 

"Hay seres humanos que no merecen ser alimentados y encarcelados", se lee en la carta que además aclara que la consulta debiera ser no vinculante y restringida a delitos extremos, crueles y sangrientos contra menores. El partido se desvincula de la moción y advierte que corresponde al interés personal de los parlamentarios.

En medio del debate, el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet ha planteado su disconformidad con la iniciativa. La vocera Paula Narváez, reconoció que esperan "las penas más altas" contra el agresor, pero clarificó que "la pena de muerte no resulta ser una medida disuasiva". 

Sin embargo, el llamado a la restitución de la pena capital fue atendido por algunas figuras políticas y del entretenimiento, que levantaron la iniciativa de reponer la pena de muerte en Chile, volviendo a poner el tema en la agenda nacional a 17 años de su derogación. 

Una de las principales impulsoras de la medida es la recién electa diputada, Camila Flores Oporto, abogada quien compitió en las elecciones representando a Renovación Nacional.

"La enorme mayoría de los chilenos está a favor de la pena de muerte", sentenció en el canal Tele 13 la diputada electa. "La propuesta es que podamos abrir el debate para poder en determinados castigos, en el caso de la violación con homicidio y en el caso de los delitos de incendio con homicidio poder restablecer en Chile la pena de muerte", aseguró.

Según recoge el diario El Mercurio de Chile, Camila Alejandra Flores Oporto es una abogada de 31 años  y a su vez la diputada electa más joven del partido Chile Vamos.

Se tituló en 2012 de abogada con honores de la Universidad Andrés Bello; y trabajó en 2014 para la Municipalidad de Cerro Navia y como ex jefa de gabinete del director nacional de Gendarmería en el primer Gobierno de Sebastián Piñera, Luis Masferrer.


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