El presidente venezolano, Nicolás Maduro (semisquare-x3)
El presidente venezolano, Nicolás Maduro. (EFE)

Luego de que Nicolás Maduro asumiera su segundo mandato, el pasado 10 de enero, la Asamblea Nacional de Venezuela (AN, Parlamento) lanzó un mensaje contundente:  declarar al jefe del Estado como un "usurpador" de la Presidencia. Además, los diputados aprobaron incentivar el no reconocimiento de su mandato entre funcionarios civiles y militares.

Posteriormente, Juan Guaidó, el presidente de la Asamblea, asumía la convocatoria a la Fuerza Armada, el pueblo y la comunidad internacional "para ejercer mandato", bajo el amparo de los artículos 233 y 350 de la Constitución. Aunque el diputado, no dijo expresamente que asumía el cargo de presidente de la República, como le pidieron algunos sectores de la oposición.

Durante una concentración en el este de Caracas, Guaidó aseguró que su acción se apegaba a la Constitución venezolana y, en este sentido, tomaría las riendas de  "las competencias de la encargaduría de una Presidencia de la República".

Maduro ganó con mucha ventaja los comicios de mayo pasado, a los que no se presentó el grueso del antichavismo por considerarlos fraudulentos y estar inhabilitados sus principales dirigentes.

Por esta razón, la Organización de Estados Americanos (OEA),  la Unión Europea y muchos países latinoamericanos no reconocen la legitimidad de su segundo mandato.

¿Es legal la declaración de"'usurpación"?

Las acciones del Parlamento carecen de efecto jurídico, ya que no son consideradas por su condición de desacato,según la declaración del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en 2016. Esto incluye la reciente declaratoria de "usurpación". Es decir que hasta que no se modifique ese estatus, todos los actos del Legislativo son nulos.

Según los expertos en derecho constitucional, al acción llevada adelante por los diputados venezolanos busca sentar en la comunidad internacional una legalidad inexistente. Se podría entender como una insubordinación contra la Constitución.

El Tribunal Supremo no tiene capacidad para anular decisiones del Parlamento

El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó,  aseguró que el Tribunal Supremo (TSJ) no tiene "mandato" para anular las últimas decisiones de la Cámara, que suponen el desconocimiento formal del nuevo período de 6 años que juró hace una semana Nicolás Maduro.

"El TSJ no tiene ningún mandato, usurpan funciones, están ahí de manera exprés, así que no van a cambiar en absoluto nuestro accionar en pro de la democracia venezolana", señaló el diputado opositor.

Además, el Legislativo acordó pedir a 46 países que no permitan al gobierno de Maduro disponer de los activos y fondos de Venezuela en esos territorios, y dictó un decreto ley de amnistía para garantizar la "reinserción" de los funcionarios civiles y militares que ayuden a restaurar el orden constitucional, roto según el antichavismo.

El rol de las Fuerzas Armadas

Los militares venezolanos reconocieron en Nicolás Maduro al único comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Sus jefes se declaran de forma abierta como chavistas. 

La oposición venezolana pidió  a los militares del país para que cumplan lo que consideran es su "deber" en la "restitución del hilo constitucional" y les ayuden a poner fin a la presunta usurpación que hace Nicolás Maduro de la Presidencia desde el pasado día 10.

"Nosotros no queremos torcerle el brazo a los militares, nosotros lo que queremos es que ellos cumplan con la restitución del hilo constitucional", dijo el diputado Winston Flores durante su participación en un cabildo abierto ante cientos de simpatizantes del antichavismo.

El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, dijo que los militares del país están "dispuestos a morir" para defender a Nicolás Maduro.

"Estamos dispuestos a morir, como lo hemos jurado, para defender esa Constitución, ese pueblo, esas instituciones (y) a usted como magistrado supremo, presidente constitucional", dijo el funcionario durante una reunión con Maduro que fue transmitida en cadena obligatoria de radio y televisión.

El apoyo de los Estados Unidos a la declaración de la Asamblea Nacional

La declaratoria del Legislativo obtuvo un inmediato respaldo de Washington. Las manifestaciones de apoyo corrieron por cuenta del vicepresidente de EE.UU., Mike Pence, y el secretario de Estado norteamericano, Mike Pompeo. 

Caracas reaccionó señalando a EE.UU. de promover "descaradamente un golpe de Estado" en el país suramericano. En medio de esa nueva escalada internacional contra el gobierno electo, en Venezuela prima un gran expectativa sobre qué pasará con el Parlamento, sobre todo, después de que la ANC ordenó al TSJ y a la Fiscalía investigar por "traición a la patria" a los políticos que "desconozcan" el nuevo mandato del presidente Maduro para el período 2019-2025.

¿Existe la posibilidad de llamar nuevamente a elecciones?

Siguiendo atribuciones del artículo 347 de la Constitución venezolana, la Asamblea Nacional  puede "transformar el Estado, reestructurar órganos, relegitimar autoridades si así lo decide el pleno".

Esta posibilidad abarca un llamado a elecciones para "renovar" el cuerpo legislativo, un poder público que suma dos años de "ilícitos constitucionales", lo que obliga al Tribunal Supremo a asumir competencias parlamentarias. Aunque esta situación  no debería ser permanente en el tiempo. 

La ANC puede solicitar al TSJ que se pronuncie sobre la "constitucionalidad" de los actos del Legislativo, sobre todo en lo relacionado a la declaratoria de "usurpación" presidencial. 

Si esto llega a buen puerto, la ANC está llamada a cumplir el fallo de TSJ, que puede incluir una convocatoria a elecciones. Otra posibilidad es que el Máximo Tribunal solo sentencie como "inconstitucional" el acuerdo parlamento y ordene a la Fiscalía abrir una investigación.


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