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Ana Julia Quezada (horizontal-x3)
Ana Julia Quezada (de rojo), la autora confesa de la muerte de Gabriel Cruz, el hijo de su pareja, durante una reconstrucción de los hechos dirigida por los agentes que coordinan la investigación de la Guardia Civil. (EFE/ Ricardo García)

La dominicana Ana Julia Quezada, autora confesa de la muerte del niño español Gabriel Cruz, un suceso que conmocionó a España, pasó hoy a disposición de un juez de Almería, que en las próximas horas decidirá si la envía a prisión mientras se espera por el juicio.

En el relato que Quezada hizo ante la Policía española, la mujer contó cómo le arrebató el hacha con la que según su versión, el pequeño trataba de golpearla. Asimismo, aseguró que ella le devolvió el golpe con la parte sin filo de la herramienta, para luego apretarle el cuello hasta acabar con su vida. 

Según el diario español El Mundo, con esta declaración, la dominicana pretende rebajar un presunto caso de asesinato a uno de homicidio (10 a 15 años) o homicidio imprudente (de 1 a 4 años), lo que le evitaría una condena de cadena perpetua. El asesinato, cuando la víctima es un menor de 16 años, es uno de los supuestos para imponer esta pena.

En la declaración, a la que tuvo acceso el programa de Antena 3 'Espejo Público', Quezada contó a los policías que salió de su casa en el auto y en el camino se encontró con Gabriel. Se paró y le dijo que se fuera con ella a la finca. "Él se subió en el auto, fuimos a la finca y yo me puse a pintar. Él se quedó fuera jugando", detalló.

La madrastra de Gabriel relató a las autoridades que en un momento dado se asomó y vio al niño jugando con un hacha. Esta le preguntó qué hacía jugando con eso, entonces fue cuando el menor la empezó a insultar y ella le intentó quitar el hacha. 

"Él me dijo: tú no eres mi madre, tú no me mandas y además no te quiero volver a ver nunca. Así que nos peleamos por el hacha, se la quité y al final, con la rabia, acabe asfixiándole, tapándole la nariz y la boca", declaró.

La policía informó que encontraron el hacha con el que la mujer asesinó al menor.

La detenida llegó al tribunal hoy tras haber abandonado minutos antes la Comandancia de la Guardia Civil de la ciudad andaluza de Almería, en cuya prisión ha permanecido desde que fue detenida el pasado domingo, en la localidad almeriense de Vícar, tras ser sorprendida con el cadáver de Gabriel en el baúl de su auto.

El cuerpo sin vida del niño permaneció en un pozo de agua en una finca propiedad de Ángel Cruz, padre de Gabriel, hasta que la mujer lo sacó el domingo y lo trasladó a la población de Vícar, donde fue detenida.

Quezada pudo actuar motivada por los celos luego que el padre del pequeño se negara a irse con ella a su país natal, República Dominicana, donde quería instalarse, según la hipótesis con las que se trabaja en la investigación.

La mujer era pareja del padre del niño al momento de los hechos y aunque colaboraba estrechamente con el resto de la familia para encontrar al menor, los investigadores sospecharon de su actitud.

La detenida era objetivo de la investigación policial desde que el 3 de marzo avisó a los agentes de haber descubierto, supuestamente, una camiseta blanca que contenía restos del ADN de Gabriel, en una zona que ya había sido rastreada previamente.

Quezada llegó en 1995 a Burgos (norte de España) procedente de la República Dominicana, y se instaló junto a su hija mayor.

Posteriormente se casó con un español y tuvo otra hija. La mayor de ellas falleció en 1996 al caer desde una ventana de la vivienda de Burgos a un patio interior, un caso que se cerró como una muerte accidental.

La Policía española está realizando gestiones con el tribunal que investigó esa muerte para decidir si reabre este caso, según fuentes de la investigación.

La muerte de Gabriel ocurrió en pleno debate político y social sobre la cadena perpetua y que el gobierno quiere ampliar a otros delitos.

Por el contrario, la mayoría de la oposición cuestiona sus fines y eficacia y quiere que el Parlamento la derogue.

Familias españolas cuyos hijos, algunos de ellos menores, fueron secuestrados y asesinados han recogido más de 2.5 millones de firmas para pedir que no se suprima esa ley.


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