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Antonio Manuel Guerrero, el policía integrante de 'La Manada', intento obtener el pasaporte, pero su petición fue rechazada porque tiene prohibida la salida del territorio español. (EFE)

La Fiscalía de Navarra, en España, pidió este jueves el reingreso inmediato a la cárcel de Antonio Manuel Guerrero, quien se encuentra en libertad condicional tras ser condenado a nueve años de prisión junto a los otros cuatro integrantes de "La Manada"por abusos sexuales continuados a una mujer.

La razón de este requerimiento es que el hombre fue sorprendido intentando renovar su pasaporte.

En un comunicado, el Ministerio Público explicó que Guerrero, quien es miembro de la Guardia Civil española (Policía), quebrantó una de las exigencias impuestas por la justicia para otorgarle la libertad condicional, en vista de que tiene prohibido salir del país.

Ante esto, la Fiscalía pidió a la Audiencia Provincial de Navarra que investigue "si los hechos pudieran ser constitutivos de un posible delito de quebrantamiento de medida cautelar en grado de tentativa".

Antonio Manuel Guerrero acudió el lunes a una oficina policial para solicitar un pasaporte. El hecho fue denunciado este jueves por la propia Policía Nacional en su cuenta de Twitter.

Por su parte, el abogado del uniformado, Jesús Pérez, explicó a El País que su cliente intentó obtener un nuevo pasaporte ya que extravió ese documento y lo tiene que entregar a las autoridades, según lo dispuso la justicia en sus medidas cautelares.

Tanto Guerrero como sus cuatro amigos -José Angel Prenda, Alfonso Cabezuelo, Jesús Escudero y Ángel Boza- se encuentran en libertad condicional hace seis días tras pagar una fianza de 6,000 euros (unos $6,900). Los jueces argumentaron su decisión asegurando que, debido a que los hombres perdieron el anonimato, es "impensable" que vuelvan a cometer un delito y las posibilidades de una fuga son mínimas.

Asimismo, la justicia afirmó que los condenados viven a más de 500 kilómetros (310 millas) de distancia de la víctima y no tienen antecedentes por delitos sexuales. El hecho causó indignación en gran parte de la sociedad española, que ya mostró su rechazo a la condena inicial de nueve años de cárcel, señalando que el delito fue una violación y no un abuso sexual, como escatimó la justicia.


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