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El expresidente Rafael Correa vive en Bélgica desde hace un año. (EFE)

El expresidente de Ecuador Rafael Correa fue acusado formalmente de ser el autor intelectual del secuestro del exdiputado opositor Fernando Balda, ocurrido en agosto de 2012.

Balda explicó que la denuncia fue presentada el fin de semana ante la Corte Nacional de Justicia en Quito, cuya Sala de lo Penal ordenó a Correa comparecer cada 15 días ante la sede judicial como vinculado en la fase indagatoria del proceso que se sigue sobre el caso.

"Una vez que el Fiscal ha solicitado a la Corte Nacional la vinculación de Correa como autor de secuestro y asociación ilícita, como acusación particular he interpuesto la denuncia con la que lo acuso formalmente de esos delitos", indicó el exasambleísta.

Balda solicita a la Fiscalía que profundice en las circunstancias en las que se ejecutó su secuestro en Colombia, que según sostiene, constituiría un "crimen de Estado".

"Habría sido él, en caso de demostrarse en audiencia de juicio, quien ordenó la infracción valiéndose de la estructura del Estado y la organización de inteligencia policial de la misma, incluso permitiendo el uso de recursos ilimitados para ello", señala el escrito de la denuncia.

Y dice que desde la instancia judicial sería "imperdonable" que su caso fuera tratado como un "simple secuestro", a la luz de las pruebas y testimonio que apuntan a una dimensión y estructura criminal organizada presumiblemente desde el Estado.

Correa, que reside en Bélgica desde hace un año, tenía hasta la tarde del lunes para presentarse ante la Corte Nacional, una medida cautelar impuesta por la jueza instructora del caso, pero el exmandatario ya se presentó ante el consulado de su país, donde rechazó las acusaciones.

La defensa del exmandatario solicitó una audiencia de sustitución de medidas para primera hora de la tarde del 3 de julio, fecha en la que Balda prevé pedir, como acusación particular, que se articule la orden de prisión preventiva.

"Aquí se utilizó dinero del Estado para movilizar a personas a otro país y yo era un político en ese momento muy destacado por hacer oposición al Gobierno", indició Balda al explicar, como argumenta su defensa, el trasfondo de crimen de lesa humanidad que encierra el caso.

Recordó que el autor confeso del secuestro, que se llevó a cabo en Colombia y concluyó de manera precipitada tras una persecución policial al vehículo donde unos sicarios capturaron a Balda, "ha declarado que los fines eran políticos".

Balda confía en que si la justicia ecuatoriana admite a trámite la acusación, se "permitirá juzgarlo en ausencia", y especificó que en los próximos días impulsará que se abra una nueva causa contra Correa en relación al secuestro, en este caso por peculado (malversación de fondos públicos) delito que no prescribe en la legislación local, y que "lo obligaría a estar prófugo de la justicia toda la vida".

De forma paralela Balda ha decidido iniciar una campaña informativa nacional e internacional sobre su caso, que incluye visitar las sedes diplomáticas de Bélgica en el país para solicitar que denieguen el asilo al expresidente llegado el caso.

Correa, que compareció desde el Consulado de Ecuador en Bélgica mediante videoconferencia en una vista voluntaria en la fase de investigación, rechaza cualquier vinculación, asegura que no existen pruebas sobre su presunta implicación en los hechos y que es objeto de una persecución política y mediática.

Ante esa situación, Ramiro García, presidente del Colegio de Abogados de la provincia de Pichincha, en Quito, consideró "suficiente" que el expresidente Correa se haya presentado ante el Consulado en Bélgica, a fin de "cumplir con la medida cautelar" solicitada por una jueza ecuatoriana.

"Desde mi punto de vista, esto es suficiente como para verificar el cumplimiento de lo ordenado por la jueza", dijo García al apuntar que "dentro de los criterios de racionalidad, no tiene sentido pedirle a una persona que recorra medio mundo para presentarse cinco minutos habiendo una delegación consultar allá".

Por eso insistió en que el haber acudido al Consulado es "suficiente cumplimiento" de la orden de la jueza por lo que opinó que "no cabe una prisión preventiva en este caso".

En su opinión, la delegación consular puede levantar un acta certificando que Correa (2007-2017) se ha presentado allí.

Apuntó que si una vez finalizada la instrucción fiscal se realiza la audiencia preparatoria de juicio y en ella se acusa por parte de Fiscalía y se decide por parte de la jueza llamarlo a juicio, Correa entonces sí deberá comparecer a la audiencia de juzgamiento.

Según García, en 15 días terminará la instrucción fiscal, tras lo cual se convoca a una audiencia de formulación de dictamen, en la que el fiscal señalará si acusa o no, y la jueza, si lo llama o no a juicio.

Para el presidente del Colegio de Abogados, no fue adecuada la decisión de la jueza de que Correa se presente ante la Corte Nacional de Justicia, en Quito.

"Creo que la jueza actuó bien al no dictar prisión preventiva y creo que, tanto en este caso como en todos los procesos, es necesario que se entienda que no es imprescindible dictar medidas cautelares" y que si se las dicta, "que sean de cumplimiento posible para los procesados", resaltó.


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