Así se expresó el presidente venezolano antes de contestar la pregunta de Benjamín Torres Gotay de cómo convencerá a la comunidad internacional sobre la legitimidad de las elecciones y su presidencia

Caracas, Venezuela – Catorce países americanos, reunidos en el llamado Grupo de Lima, acordaron hoy reducir sus relaciones diplomáticas con Venezuela, restringir la manera en que se otorgan créditos a los organismos gubernamentales de este país y llevar a la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas una resolución sobre la grave crisis política aquí.

 En un comunicado de prensa emitido esta mañana, los miembros del Grupo de Lima, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Guyana, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú y Santa Lucía, dijeron que no reconocen el proceso electoral que tuvo lugar aquí ayer “por no cumplir con los estándares internacionales de un proceso democrático libre, justo y transparente”.

Los países del Grupo de Lima “acuerdan reducir el nivel de sus relaciones diplomáticas con Venezuela, para lo cual llamarán a consultas a los embajadores en Caracas y convocar a los embajadores de Venezuela para expresar nuestra protesta”.

Venezuela llevó a cabo ayer, domingo, unas cuestionadas elecciones en las que estuvieron impedidos de participar los principales partidos y líderes de oposición, quienes llamaron a la abstención. En un país con una alta tasa de participación electoral – en la última elección presidencial en 2015 votó el 80% de los electores convocados – solo participó el 48% de los electores. El presidente Nicolás Maduró resulto electo con el 68% de los votos emitidos.

El Grupo de Lima es uno de varios organismos regionales e internacionales que impugnan la legitimidad del gobierno de Maduro, que habían pedido que se suspendieran las elecciones de ayer o se dieran garantías de transparencia y que se espera que en los próximos días y semanas intensifiquen sus esfuerzos por aislar más aún a este país.

Los miembros del Grupo de Lima dijeron que advertirán a las instituciones financieras de sus países sobre el riesgo de llevar a cabo transacciones sobre el riesgo que podrían incurrir si llevan a cabo transacciones con el gobierno de Caracas que no sean avaladas por la Asamblea Nacional de Venezuela, cuyas funciones han sido suplantas por la Asamblea Nacional Constituyente, que no es reconocida por la comunidad internacional.

Además, acordaron “coordinar acciones para que los organismos financieros internacionales y regionales procuren no otorgar préstamos al gobierno de Venezuela, por la naturaleza inconstitucional de adquirir deuda sin el aval de su Asamblea Nacional, excepto cuando el financiamiento sea utilizado en acciones de ayuda humanitaria teniendo presente previo a su otorgamiento, los posibles efectos no deseados en economías de terceros países más vulnerables”.


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