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Por Peter S. Goodman y Daniel Politi
Londres — Laurence D. Fink se presenta como la vanguardia de una forma progresista de capitalismo en el que las ganancias no lo son todo: se espera que el dinero bienpensante promueva las protecciones ambientales y sociales.
Como director ejecutivo de BlackRock, la firma de administración de inversiones más grande del planeta, Fink supervisa más de $7 billones. Ha dirigido una parte de dicha fortuna hacia Argentina, un país destrozado por la crisis, al comprar bonos del gobierno.
Pero en tanto Argentina —en suspensión de pagos desde mayo— busca que se le condonen $66,000 millones en bonos, el credo habitual de Fink, el del capitalismo de las partes interesadas (stakeholder capitalism), ha chocado con los más tradicionales imperativos de las pérdidas y ganancias.
Aunque la pobreza crece en Argentina conforme la pandemia empeora una crisis económica, BlackRock se opone a un acuerdo propuesto por el gobierno y anima a otros acreedores a rechazarlo mientras que aguarda un trato marginalmente mejor.
Fink se ha involucrado en las negociaciones y hablado en dos ocasiones con el ministro de Economía de Argentina, según tres personas con conocimiento de las conversaciones. Los términos propuestos por el gobierno y sus acreedores solo difieren en tres centavos de dólar.
“Los tipos de BlackRock se han puesto al teléfono con una cantidad significativa de acreedores”, dijo Hans Humes, presidente de Greylock Capital Management, otro acreedor en la negociación. “Convencieron a mucha gente de que si todos apoyábamos su acuerdo los argentinos lo aceptarían. Ha resultado ser un enfrentamiento brutal”.
La postura de BlackRock ha enfrentado a la empresa con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que otorgó a Argentina un paquete de rescate con valor de más de $50,000 millones hace dos años y ha respaldado la propuesta de Argentina conforme se acerca el plazo del 4 de agosto.
La directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, ha elogiado el enfoque de Argentina y ha insistido en que los tenedores de bonos deben acordar una condonación sustantiva de deuda de tal forma que el país pueda manejar los pagos futuros. Los funcionarios del FMI han asegurado al gobierno un nuevo rescate si Argentina no logra llegar a un acuerdo.
La alternativa sería un incumplimiento desordenado que evitaría que Argentina recurriera a los mercados internacionales al bloquear el acceso de sus empresas al capital y profundizaría la recesión.
La posición de BlackRock también la enfrenta con un grupo de economistas destacados, entre ellos un par de ganadores del Nobel, Joseph Stiglitz y Edmund Phelps. En mayo, publicaron una carta en la que alentaban a los tenedores de bonos a ponerse de acuerdo con el gobierno.
“Argentina ha presentado una oferta responsable a los acreedores que refleja la capacidad de pago del país”, decía la misiva, firmada por 138 economistas, entre los que se encontraba Carmen Reinhart, ahora economista jefa en el Banco Mundial.
En un comunicado, BlackRock dijo que trabajaba diligentemente para llegar a un acuerdo y al mismo tiempo recuperar tanto como fuera posible para sus clientes. Alrededor de dos tercios de las inversiones que maneja proviene de los ahorros para el retiro de trabajadores de todo el mundo.
“En este proceso de reestructuración, los gerentes del fondo cargan la obligación fiduciaria de tomar decisiones en interés de estos ahorradores y al mismo tiempo reconocen las difíciles circunstancias que enfrenta el gobierno argentino, entre ellas el desafío de la COVID-19”, decía el comunicado.
La parálisis en Argentina refleja la complejidad de las discusiones en torno a la deuda en una era en la que las personas comunes y corrientes están de hecho, en la mesa de negociación. En décadas pasadas, los bonos emitidos por los países en desarrollo eran en gran parte controlados por los grandes bancos. Cuando los gobiernos no podían pagar, los jefes de los bancos llegaban a un acuerdo. Hoy en día los inversores que poseen bonos de mercados emergentes abarcan toda una gama: desde fondos especializados con alta tolerancia al riesgo hasta fondos de pensiones conservadores.
Que la empresa de Fink juegue un papel protagónico al presionar a Argentina contrasta con su campaña por hacer que los negocios impulsen el progreso social.
Hace dos años, Fink —a quien se le menciona en informes noticiosos como posible secretario del Tesoro en caso de que Joe Biden llegue a la presidencia— escribió una carta abierta a los directores ejecutivos de grandes corporaciones en donde los alentaba a prestar atención a preocupaciones sociales, laborales y medioambientales.
“Para prosperar en el tiempo, cada compañía debe mostrar que hace una contribución positiva a la sociedad, además de lograr desempeño financiero”, escribió.
El año pasado, Fink firmó la Declaración del Propósito de una Corporación, creada por la Business Roundtable —Mesa Redonda de Negocios—, una asociación conformada por directores ejecutivos estadounidenses. Se proponía “un compromiso fundamental con todos nuestras partes interesadas”.
En enero Fink escribió otra carta a los directores ejecutivos, en la que advertía que las empresas que no atendieran el cambio climático sufrirían las consecuencias en el mercado.
BlackRock ha lanzado fondos hechos para la llamada inversión de impacto, en la que el dinero se emplea en apoyar metas sociales y ambientales.
Argentina ahora intenta detener un alarmante aumento de la pobreza. El que alguna vez estuvo entre los países más ricos de la tierra, ha incumplido su deuda pública nueve veces.
La historia de Argentina ha estado dominada por gobiernos populistas que han ganado el apoyo popular distribuyendo subsidios y efectivo a las masas en desatención descarada a la aritmética presupuestaria, lo que ha resultado en inflación crónica y en crisis frecuentes.
El último gobierno, encabezado por el presidente Mauricio Macri, asumió el poder en 2015 con el mandato de restaurar la disciplina para recuperar la confianza de los mercados internacionales y, al mismo tiempo, mostrar compasión hacia los pobres a través del gasto social.
Entre aquellos impresionados con la misión estaba Fink. Seis meses después de que Macri juró el cargo, el ejecutivo de BlackRock dijo que su administraciónn “realmente ha mostrado lo que un gobierno puede lograr si se enfoca en tratar de cambiar el futuro de su país”.
Al final, Macri adquirió reputación por salir del paso, volviendo a endeudarse sin lograr crecimiento.
El año pasado, con la llegada de un nuevo presidente, Alberto Fernández, muchos supusieron que el populismo volvía. Pero Fernández rápidamente aseguró al FMI y a los acreedores clave que era un pragmatista resuelto a lograr un pago viable de la deuda.
El FMI ha sido acusado desde hace mucho de esgrimir un solo instrumento contundente para el manejo de la crisis: la austeridad. Su paquete de rescate hace dos décadas impuso recortes paralizantes a los programas gubernamentales argentinos, lo que cosechó un resentimiento duradero. Georgieva, la directora gerente del fondo, se ha enfocado en proteger a los países de deudas impagables.
BlackRock integra un consorcio llamado Ad Hoc Argentine Bondholder Group, que controla aproximadamente una cuarta parte de los bonos.
El grupo Ad Hoc ha presentado un frente unificado que rechaza la más reciente oferta del gobierno, que pagaría unos 53 centavos por dólar del valor de los bonos. La semana pasada el grupo presentó una propuesta en busca de mejores condiciones: más de 56 centavos por dólar.
En una carta enviada el lunes al ministro de Economía de Argentina, Martín Guzmán, el grupo dijo que contaba con el apoyo de la mayoría de los tenedores de bonos, lo que le confería el poder de bloquear el acuerdo. Bajo las cláusulas de los bonos, un acuerdo que disminuya su valor debe contar con la aprobación de los tenedores de dos terceras partes de su valor total.
En un comunicado, el grupo Ad Hoc dijo que operaba en interés del pueblo argentino al buscar un acuerdo que permitiría “acceder nuevamente a los mercados de capital e incentivar más inversión”.
Pero algunos acreedores han apoyado públicamente la propuesta del gobierno.
“Argentina ha presentado una oferta razonable, que creo que los acreedores deben aceptar, especialmente a la luz de la situación de salud y de pobreza del país”, dijo Mohamed A. El-Erian, asesor económico jefe en Allianz SE, la empresa matriz de Pacific Investment Management Company, una de las principales administradoras de bonos del mundo. Ha estado actuando como asesor de uno de los acreedores en la mesa de negociación, Gramercy Funds Management LLC, que se especializa en mercados emergentes.
Gramercy ha llegado a la conclusión de que los desacuerdos entre la oferta del gobierno y la propuesta de Ad Hoc son triviales en comparación con el riesgo de una moratoria extensa que terminaría por devaluar los bonos argentinos y posiblemente sometería a los acreedores a años de litigio y agravaría la crisis del país.
Un alivio adicional de la deuda también mejora las probabilidades de que Argentina sea capaz de cumplir con pagos a futuro, lo que elevaría el valor de los bonos pendientes de pago y disminuiría el costo de endeudarse de las empresas argentinas.
“Por tres puntos estás dispuesto a perder 20 o 30” dijo Humes, el presidente de Greylock. “Es una locura. Es desafortunado cuando los egos y la inexperiencia entorpecen una solución pragmática”.
Algunos dicen que al gobierno se le pasó la mano al enfrentarse a los acreedores con una oferta inicial excesivamente baja de menos de 40 centavos por dólar.
“Guzmán empezó con una oferta muy baja”, dijo Siobhan Morden, analista de bonos latinoamericanos en Amherst Pierpoint Securities, una corredora independiente. “Ha sido una distracción innecesaria durante meses que se pudo haber evitado si la oferta inicial hubiera sido más razonable”.
Las negociaciones, en las que participaron decenas de acreedores, se llevaron a cabo por Zoom. Los representantes de BlackRock chocaron con el ministro de Economía Guzmán, un economista de 37 años que estudió bajo la tutela de Stiglitz en la Universidad de Columbia.
En mayo, Fink hizo un llamado para que Guzmán intentara acabar con el impasse y sugirió un acuerdo si es que el gobierno elevaba su oferta al rango de los 50 a 55 centavos por dólar, dijeron personas con conocimiento de las conversaciones.
En consultas privadas con BlackRock, el gobierno ofreció 50 centavos. Pero BlackRock y su grupo Ad Hoc querían más.
Fink se quejó de que parecía injusto que los acreedores privados asumieran todas las pérdidas, y argumentó que el FMI debería condonar algunos de sus préstamos, un imposible.
A principios de julio Guzmán mejoró las condiciones y ofreció 53 centavos de dólar, lo que se granjeó el apoyo de varios acreedores, entre ellos Gramercy y Greylock.
Para entonces, la pandemia estaba agravando la recesión de Argentina y justo cuando el gobierno requería fondos adicionales para atender la emergencia de salud pública. Pero BlackRock comenzó una campaña tras bambalinas para bloquear el acuerdo.
El gobierno ha insistido en que se trata de su última oferta. Con una pobreza infantil superior al 50 por ciento, los funcionarios dicen que pagar más a los acreedores equivaldría a quitar riqueza a las personas que casi no tienen nada para transferirla a los inversores internacionales.
En una mañana reciente, unas 100 familias llegaron a un comedor comunitario a unos 40 kilómetros al oeste de Buenos Aires, más del doble de los que acudían en marzo. Entre ellos estaba Ángel Ariel Coronel, un plomero que vive en los alrededores con su esposa y el hijo de dos años de ambos. La cuarentena estricta ordenada por el gobierno había paralizado los proyectos de construcción en los que trabajaba.
“A mi mujer le daba un poco de vergüenza que vengamos aquí”, dijo Coronel mientras esperaba su porción de lentejas humeantes. “Pero a mí no me importa. Necesitamos la ayuda. No he trabajado un solo día desde que empezó todo esto”.
