Los 33 funcionarios electos del PPD, encabezados por el portavoz de la minoría en la Cámara baja, Rafael “Tatito” Hernández (arriba), solicitaron el pasado 30 de agosto ser amigos de la corte en ese caso. (horizontal-x3)
Los 33 funcionarios electos del PPD, encabezados por el portavoz de la minoría en la Cámara baja, Rafael “Tatito” Hernández (arriba), solicitaron el pasado 30 de agosto ser amigos de la corte en ese caso. (Gerald López Cepero)

Washington - El Primer Circuito de Apelaciones federales aceptó a 33 funcionarios electos del Partido Popular Democrático (PPD) como “amigos de la corte” en el caso que impugna la constitucionalidad de los nombramientos a la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) que controla las decisiones financieras públicas de Puerto Rico.

En su argumentación, los funcionarios del PPD sostienen que la Junta es un organismo federal y que la ley Promesa violentó la autoridad del Presidente de EE.UU. para nominar candidatos a puestos de importancia en el gobierno federal.

Al nombrar a los siete miembros de la JSF, el entonces presidente Barack Obama optó por el apartado de la ley que le permite escoger seis de los miembros de una terna presentada por los líderes del Congreso. Obama nombró al séptimo funcionario.

Ante el Primer Circuito de Apelaciones están sometidas demandas independientes de la firma de bonistas Aurelius, la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (UTIER) y la aseguradora Assured Guaranty, en las que coinciden en que los nombramientos de la JSF son inconstitucionales.

Los 33 funcionarios electos del PPD, encabezados por el portavoz de la minoría en la Cámara baja, Rafael “Tatito” Hernández, solicitaron el pasado 30 de agosto ser amigos de la corte en ese caso, pues consideran que esa controversia es parte importante de una demanda independiente que han presentado para impugnar la constitucionalidad de la JSF, según el legislador.

“El escrito que sometimos expresa la realidad antidemocrática que representa la aprobación e implementación de la Junta de Supervisión Fiscal, particularmente, la naturaleza de sus miembros como 'funcionarios federales' debido a que sus facultades y poderes provienen del Congreso”, indicó Hernández, luego que el foro de apelaciones aceptar el lunes su participación.

La jueza Laura Taylor Swain, nombrada para presidir el nuevo tribunal de bancarrota territorial que creó la ley Promesa, mantuvo el pasado 13 de julio la constitucionalidad de la ley Promesa al determinar que el poder del Congreso sobre los territorios le ha permitido constituir la Junta de Supervisión Fiscal sin cumplir con la cláusula de nombramientos de la Constitución estadounidense.

Entonces, Taylor Swain afirmó que los poderes plenarios del Congreso sobre Puerto Rico, le permitieron crear el organismo por encima de las normas constitucionales estadounidenses, pues tiene también el rol de ser “legislatura local del territorio”.

“En cuanto a Puerto Rico, el Congreso ha ejercido durante mucho tiempo su poder plenario del Artículo IV (de la Constitución estadounidense) para estructurar y definir entidades gubernamentales para la isla…El Congreso tiene un papel dual con respecto a los territorios: como el Congreso nacional de Estados Unidos y la legislatura local del territorio”, indicó la jueza Swain, cuando desestimó la demanda del fondo de inversiones Aurelius Management que buscaba cancelar las peticiones de reestructuración de deuda bajo el título III de Promesa y que fue apelada al Primer Circuito de Apelaciones.

Mientras Taylor Swain dilucidaba la controversia, la jueza del Tribunal de Reclamaciones Federales en Washington D.C., Susan Braden, rechazó desestimar una demanda presentada por fondos de cobertura de riesgo en la que se reclama que el gobierno de EE.UU. también es responsable de la deuda pública de Puerto Rico, pues consideró – contrario a Taylor Swain-, que la JSF es una entidad del gobierno federal.

Los 33 funcionarios electos del PPD argumentan que la JSF es una entidad federal, pues no ejerce “ninguna autoridad bajo las leyes del Estado Libre Asociado (ELA) de Puerto Rico”, por lo que “cualquier autoridad ejercida por la Junta de Supervisión necesariamente emana de la ley federal”.

Hernández sostuvo que buscan eliminar la JSF, pero mantener el marco legal que permite reestructurar la deuda pública de Puerto Rico, que supera los $70,000 millones, sin contar las obligaciones de sus sistemas de retiro, que rondan los $45,000 millones.


💬Ver 0 comentarios