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A la espera de un cargo administrativo contra alcalde de Guaynabo (horizontal-x3)
El alcalde Hector O'Neill se prepara para enfrentarse a una posible destitución, según su abogado, Joaquín Monserrate Matienzo. (Archivo/GFR Media)

Si la Unidad de Procesamiento Administrativo Disciplinario (UPAD) decide imponerle una sanción administrativa al alcalde de Guaynabo, Héctor O’Neill, no sería el primer ejecutivo municipal que mientras está en funciones resulta penalizado.

La UPAD ha suspendido a alcaldes que, incluso, no tenían investigaciones criminales en curso, que es lo que ocurre con el alcalde novoprogresista de Guaynabo, quien fue referido por el Departamento de Justicia (DJ) a la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (OPFEI). 

A la UPAD le corresponde la evaluación administrativa sobre los hechos referidos por el DJ y determinar si tiene un efecto sobre los trabajos en el municipio. Mientras que los fiscales especiales independientes, Guillermo Garau y Leticia Pabón, tiene que hacer una pesquisa de índole penal.

La UPAD tiene hasta la próxima semana para informarle  a O'Neill si dará paso a una querella administrativa en su contra. El alcalde, entonces, tendrá que iniciar su defensa en ese foro.  

Esta es la segunda ocasión en la que la UPAD tiene ante su consideración evaluar si dicta sanciones por las presuntas acciones de O’Neill contra una policía municipal. 

La primera vez, la queja llegó el 20 de diciembre de 2016 por voz de la propia perjudicada. En ese entonces, según ha dicho la presidenta de la OPFEI, Nydia Cotto Vives, la respuesta del Panel ante esa denuncia fue emitir una orden protectora “imponiendo una serie de medidas preventivas y de seguridad conforme a lo que establece la ley y los reglamentos aplicables”.

Las sospechas contra O’Neill son tan serias como haber cometido los delitos de acoso sexual, exposiciones obscenas, distintas modalidades de maltrato, agresión sexual conyugal. También se investigan  sospechas relacionadas a que pudo incurrir en aprovechamiento ilícito de trabajos o servicios públicos, impedimento o persuasión de incomparecencia de testigos y violaciones a la Ley de Ética Gubernamental. 

El  Panel del FEI tienen la facultad de, sin esperar la presentación de cargos criminales, por la vía administrativa decretar la suspensión de empleo y sueldo del alcalde de Guaynabo si entienden que “ha incurrido en conducta inmoral o en actos ilegales que impiden abandono inexcusable, negligencia inexcusable que resulte lesiva a los mejores intereses públicos”. 


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