Los alcaldes de San Lorenzo, Joe Román y de Cayey, Rolando Ortiz, -entre otros- solicitaron al presidente del Senado,  Thomas Rivera Schatz, que presente legislación que los exima de pagar las pensiones. (semisquare-x3)
Los alcaldes de San Lorenzo, Joe Román y de Cayey, Rolando Ortiz, -entre otros- solicitaron al presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, que presente legislación que los exima de pagar las pensiones. (Teresa Canino )

Los alcaldes populares y penepés abogan ante la Legislatura por más alivios que le permitan paliar la crisis fiscal, incluyendo un relevo en el pago de las pensiones, conocido como “PayGo”, e incluso enmiendas a la Ley 447 del Sistema de Retiro.

La posibilidad de presentar medidas a esos efectos es evaluada por el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, con quienes se reunieron hace poco más de una semana los alcaldes populares de Cayey, Rolando Ortiz; el de Juana Díaz, Ramón Hernández y el de San Lorenzo, Joe Román. El presidente de la Federación de Alcaldes y alcalde de Arecibo, Carlos Molina, se excusó del cónclave, informaron los alcaldes.

En entrevista con El Nuevo Día, Rivera Schatz anticipó que debe “estudiar con detenimiento” si es viable legislar para eximir a los alcaldes del pago de las pensiones, así como enmendar la ley de Retiro.

“Ellos nos hicieron esa petición, pero eso yo tengo que mirarlo porque eso sí podría tener un impacto fiscal y no hay fondos para cubrir esa deficiencia”, sostuvo Rivera Schatz.

En la Cámara de Representantes no se ha discutido la posibilidad de enmendar la Ley de Retiro o de eximir a los municipios del llamado “PayGo”, creado mediante la Ley 106-2017 para liberar al Fondo General de ese pago, apuntó el presidente cameral, Carlos “Johnny” Méndez.

“Ninguno de los dos asuntos han sido traídos a mi atención. No he dialogado con alcaldes sobre ese asunto. Estoy en la mejor disposición de escucharlos. Eso hay que ver los números y cómo se afectaría el plan fiscal y el presupuesto del gobierno”, expresó Méndez.

En la misma línea se expresó el presidente senatorial, puesto que dijo que necesita mirar los números. “Necesito tener la data exacta para yo saber. Por ejemplo, puede haber algún municipio que sea viable ayudarlo, pero puede ser que haya otro que el costo sea demasiado alto”, aseveró.

El “PayGo” fue avalado por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) como parte del plan fiscal certificado el año pasado.

Pero los alcaldesno han podido cumplir y se quejan de que el Estado ha aumentado sus responsabilidades a través de los años -como el mantenimiento de escuelas y vías públicas, la reforma de salud y ahora el retiro- sin proveerle asignación presupuestaria para ello.

“En la medida que el gobierno continúe con la imposición de nuevas cargas, que aunque no son responsabilidad nuestra, merman nuestra capacidad de atender las necesidades de nuestra gente, nos afecta el presupuesto municipal”, sostuvo el alcalde de San Lorenzo.

“Nosotros estamos abogando porque se reconozca que a los gobiernos municipales no se les puede continuar con la imposición”, agregó.

De acuerdo con números provistos por la Administración de Sistemas de Retiro, unos 14 de los 78 municipios (un 18%) no pudieron cumplir con su obligación del “PayGo” para el año fiscal 2017-18. De $165,504,503.59 que debieron pagar en conjunto los municipios, Retiro solo recibió $55,997,213.83, es decir, solo un 34.8%.

“De sorpresa, de la nada, al gobierno se le ocurre que quien tiene que pagar por eso (Retiro) son los municipios y económicamente los municipios no tienen eso presupuestado. Los municipios jurídicamente no están construidos para pagar pensiones sino para dar servicios. Para eso se creó el Retiro”, destacó el alcalde de Cayey y presidente de la Asociación de Alcaldes.

Rivera Schatz contrastó cualquier medida en esa dirección con la que recientemente se aprobó en la Legislatura (P. del S. 879) -también por petición de los alcaldes- para que no paguen los $168 millones que aportan anualmente a la Administración de Seguros de Salud (ASES) para el plan de salud del gobierno. La exención sería por este año fiscal y el próximo, ya que el gobierno cuenta con $4,800 millones en fondos federales.

Esa medida ahora va rumbo al escritorio del gobernador Ricardo Rosselló Nevares, quien debe firmarla para que se materialice el alivio a los municipios.

Ayer, el primer ejecutivo adelantó que estará avalando el proyecto, pero advirtió que sería ley solo si no hay “objeción” de la JSF.

“El objetivo de que se le pueda reducir la carga a los municipios o eliminarla, como es el caso del proyecto, sí estamos muy alineados. Y, si no hay una objeción principal, pues por supuesto que la estaré firmando”, sostuvo Rosselló Nevares.

“Mi objetivo, ya por los pasados cinco meses, es identificar algún mecanismo por el cual yo pueda reducirese impacto a los municipios. Hay una realidad de que existe un plan fiscal y un nuevo modelo para Puerto Rico”, agregó.


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