De acuerdo a la sección 109 de la ley PROMESA, “todos los miembros y el personal de la Junta de Supervisión estarán sujetos a los requisitos federales sobre conflictos de interés descritos en la Sección 208 del título 18, del Código Federal de los Estados (horizontal-x3)
De acuerdo a la sección 109 de la ley PROMESA, “todos los miembros y el personal de la Junta de Supervisión estarán sujetos a los requisitos federales sobre conflictos de interés descritos en la Sección 208 del título 18, del Código Federal de los Estados

Washington - El grupo de estudio Espacios Abiertos advirtió hoy que los más recientes datos sobre la información financiera de la Junta de Supervisión Fiscal que funciona por encima del gobierno de Puerto Rico, son aún incompletos y deficientes.

“Fue deficiente e incompleta en febrero y continua deficiente e incompleta hoy”, indicó la organización, tras examinar los datos publicados anoche en los informes financieros actualizados de los miembros y directivos de la Junta federal.

“No todos los miembros han cumplido completamente con la divulgación de la información que requieren los informes, y lo que es peor, aún en el caso de los informes más completos, la información suministrada no es suficiente para saber si hay o no conflicto de interés y si alguno de los miembros o empleados se está beneficiando indebidamente de su posición”, indicó Espacios Abiertos.

Solo en el caso de Andrew Biggs, uno de los cuatro republicanos en la Junta y experto del American Enterprise Institute, se presentaron datos nuevos, según el grupo.

Espacios Abiertos indicó que el presidente de la Junta, José Carrión III, y otros tres de sus miembros, Carlos García, David Skeel y Elías Sánchez, no han informado los salarios e ingresos devengados, ni los valores de sus activos. Lo mismo sucede con el subdirector de la Junta, Ramón Ruiz Comas, y el asesor legal, Jaime El Koury.

Esos seis funcionarios tampoco han explicado sobre los ingresos y activos de sus cónyuges. 


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