Ortiz, quien asegura tener contacto directo con Trump y el vicepresidente Pence, indicó que aún no se ha tomado una decisión para nombrar un coordinador federal para supervisar la reconstrucción de la isla. (GFR Media) (horizontal-x3)
Ortiz, quien asegura tener contacto directo con Trump y el vicepresidente Pence, indicó que aún no se ha tomado una decisión para nombrar un coordinador federal para supervisar la reconstrucción de la isla. (GFR Media)

Washington - El puertorriqueño Javier Ortiz, un aliado de la Casa Blanca que fue miembro del comité de transición del presidente Donald Trump, piensa que, al evaluarse la respuesta del gobierno federal ante la emergencia que desató el huracán María en Puerto Rico, se ha liberado de culpas al Congreso.

A su juicio, al debatirse la lentitud que lleva el proceso de reconstrucción, debe tenerse en cuenta que la ley Stafford impide a la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés) financiar la reparación de hogares cuyos dueños no tienen título de propiedad. Asimismo, establece los requisitos que se imponen al Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de Estados Unidos (HUD, en inglés) para asegurar que los fondos del programa de desarrollo comunitario para atender desastres (CDBG-DR) lleguen a quienes más lo necesitan.

Aunque dijo que no tiene conocimiento de que Trump haya querido frenar las asignaciones para mitigar el desastre, Ortiz indicó que centrarse en las expresiones del inquilino de la Casa Blanca respecto a la isla supone tomar en cuenta solo “la mitad de la historia”.

“Si el Congreso hubiera querido que Puerto Rico tuviera acceso inmediato a $50,000 millones para mitigar el desastre de María, pudo decirlo así”, dijo Ortiz, quien es director ejecutivo del grupo FixPuertoRico.org y habla “frecuentemente con gente en la Casa Blanca”. Es el Congreso, sostuvo, el que tiene también el poder para incentivar el desarrollo económico en Puerto Rico.

Con FixPuertoRico.org, Ortiz promueve que se deje de tratar a la isla como una jurisdicción foránea para fines contributivos.

A juicio de Ortiz, le corresponde al Congreso -a base de su poder plenario sobre la isla- legislar para facilitar el proceso de recuperación y reconstrucción, pues puede promover, por ejemplo, el uso de otros documentos que no sean una escritura para reconocer la titularidad de una persona sobre viviendas dañadas.

“Nunca (el gobierno federal) ha tenido que lidiar con una jurisdicción que tiene tanta vivienda informal”, dijo, al indicar que, de todos modos, entiende que “es natural que todo el que tiene en su hogar aún un techo temporero esté enojado”.

Respecto al retraso que hubo en el desembolso de la primera partida de $1,500 millones en fondos CDBG-DR, Ortiz dijo que coincide con expresiones de HUD en el sentido de que parte del proceso ha sido tener que esperar a que el gobierno de Puerto Rico desarrollara la capacidad administrativa para su uso.

Cuando anunció a la cadena NY1 que los fondos habían sido liberados, el secretario de HUD, Ben Carson, sostuvo que serán “extremadamente diligentes” en vigilar que existan los controles necesarios y que, al gobierno de Puerto Rico, le tomará mucho tiempo gastar ese dinero.

Ortiz indicó que, aunque ha habido discusiones sobre la creación de un puesto de coordinador federal o zar de la reconstrucción, existen “diferentes escuelas de pensamiento” en la administración Trumpen torno a cómo hacer que el dinero llegue y se utilice adecuadamente en Puerto Rico.

Aunque El Nuevo Día dio a conocer desde diciembre que ha circulado un borrador de orden ejecutiva para crear el puesto de coordinador federal, Ortiz piensa que no hay una decisión tomada y que hay funcionarios del Ejecutivo y del Congreso que creen que “eso se debe hacer a través de la Junta de Supervisión Fiscal”. La ley federal Promesa, en el Título V, crea un oficial de revitalización y hace referencia “a emergencias”.

Durante la entrevista, que tuvo lugar la semana pasada, Ortiz afirmó que su relación con la Casa Blanca se da a través de múltiples funcionarios. Indicó, entonces, que no había hablado sobre Puerto Rico con Trump, sino con ayudantes. Pero, horas después de la entrevista, dijo que estuvo en la Casa Blanca dialogando con el presidente y el vicepresidente Michael Pence acerca del mensaje del mandatario ante el Congreso sobre el estado de la Unión, y que la oficina presidencial le había autorizado a divulgarlo.

Ortiz reconoce que Trump ha sido claro en rechazar la estadidad por consideraciones político-partidistas.

En ese sentido, hizo referencia al comentario que, como si fuera una broma, le hizo Trump al gobernador Ricardo Rosselló Nevares el 21 de junio pasado indicándole que, para obtener su apoyo a la idea de la estadidad para Puerto Rico, le iban a tener que garantizar que los electores de la isla enviarían dos republicanosal Senado estadounidense.

Aunque en las primarias presidenciales el porcentaje de electores que participa en la isla ha mostrado una proporción de 2 a 1 favorable a los demócratas, Rosselló Nevares le contestó entonces que Puerto Rico sería un estado péndulo, que elegiría republicanos y demócratas.

“Quizá, no es relacionado al presidente Trump, pero hay una duda profunda sobre el tema de la identidad. Veo políticos locales y he hablado con políticos de Puerto Rico que tienen una amplia narrativa sobre lo que son”, dijo.

En ese sentido, Ortiz comentó que “hay gente que me dice, ‘soy estadounidense’, otros que dicen ‘soy un ciudadano estadounidense’, otros que indican que ‘mi país es Puerto Rico y tengo que cargar con un pasaporte estadounidense porque no tengo otra opción’, otros que le dicen ‘quiero que Puerto Rico sea independiente y no tenga nada que ver con EE.UU.’ y gente que dice ‘quiero que Puerto Rico sea independiente, pero también quiero una relación con EE.UU.’”.

Para Ortiz, esa variedad de opiniones crea confusión “en el Congreso, la Casa Blanca y alrededor” de Estados Unidos.


💬Ver 0 comentarios