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Varios jefes de oficinas adscritas a La Fortaleza han sido reemplazados desde el 2017. (GFR Media)

Los primeros dos años de la administración de Ricardo Rosselló Nevares han sido una prueba de fuego para los funcionarios en posiciones claves del gobierno, un examen que –entre las restricciones fiscales y el paso de un destructivo huracán– no todos han pasado.

Al menos 38 jefes de agencias, corporaciones públicas y oficinas adscritas a La Fortaleza han salido de sus puestos en lo que va de cuatrienio, según información recopilada por El Nuevo Día.

Esta cifra no incluye a los funcionarios que han ocupado plazas de manera interina ni a los miembros de juntas de directores que han renunciado a sus cargos. Tampoco toma en cuenta los subalternos de los miembros de gabinete –como subsecretarios, secretarios auxiliares o asesores– que han sido reubicados o reemplazados en los pasados 24 meses, por lo cual el número total de bajas debe ser mayor.

Cada gobierno experimenta la salida de servidores públicos nombrados por el primer ejecutivo, pues la gestión gubernamental requiere “compromiso y capacidad” y “sucumbe el que no” tenga esas cualidades, argumentó el exsenador y analista político Orlando Parga.

“Lo que estamos viendo de rivalidad entre funcionarios y puertas que se mueven alrededor del poder es algo que se ha visto en todas las administraciones. Esto no es nada nuevo en la política”, expresó Parga.

Las bajas en lo que va de este cuatrienio están por debajo de las reportadas para un período similar durante la administración del exgobernador Luis Fortuño, según un análisis realizado por la firma Political & Electoral Group, del abogado popular Gerardo “Toñito” Cruz.

En los primeros dos años, el gobierno de Fortuño había experimentado 43 renuncias, despidos o reubicaciones de jefes de agencias o corporaciones públicas, de acuerdo con el informe confeccionado en 2012, entre los que se destacaron un secretario de la Familia, un secretario de Salud y dos secretarios de Educación (en total, del 2009 al 2012 hubo cuatro secretarios de Educación).

En los primeros 21 meses de gobierno de Alejandro García Padilla, por lo menos nueve jefes de agencia o colaboradores cercanos al mandatario habían salido de sus puestos, según informes de este diario publicados en 2014. Entre los renunciantes hubo figuras claves del gabinete de García Padilla, como el secretario de Justicia, Luis Sánchez Betances, y el secretario de Salud, Francisco Joglar.

Movidas constantes

Solo tres miembros del gabinete de RossellóNevares –jefes de agencia cuyos nombramientos deben contar con el aval y consentimiento del Senado– han dejado sus puestos en los pasados dos años.

En enero de 2018, renunció el primer secretario de Recreación y Deportes, Andrés Waldemar Volmar, renunció a su cargo.

En agosto, el primer ejecutivo anunció que el entonces secretario de Hacienda, Raúl Maldonado, saldría de la agencia para convertirse en secretario de la Gobernación. Menos de seis meses después, Maldonado fue designado nuevamente a la jefatura de Hacienda. Esto, a pesar de las polémicas por los acuerdos que suscribió mientras dirigió Hacienda la primera vez y por los contratos que mantiene su hijo con varias agencias del gobierno.

La designación surgió para sustituir a Teresita Fuentes, quien el 25 de enero de 2019 renunció a Hacienda por roces con Maldonado.

En la primera mitad del año pasado se registraron las renuncias de seis funcionarios –entre ellos el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, el juez Rafael Ramos Sáenz, y el secretario de la Gobernación, William Villafañe– por su participación en un chat de la aplicación WhatsApp en el cual discutieron asuntos de política partidista en 2016.

Los escándalos y señalamientos por irregularidades en su gestión causaron las destituciones de otros funcionarios. El director ejecutivo de la Compañía de Turismo, José R. Izquierdo, salió en enero pasado tras unas querellas de hostigamiento sexual en su contra. Asimismo, el director ejecutivo de la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPE), Héctor Rodríguez, renunció al puesto luego que se cuestionara su participación en una empresa que mantenía contratos con el gobierno.

Entre las corporaciones públicas, la más plagada por las renuncias ha sido la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE). Poco más de un mes después del paso del huracán María, y en medio de críticas por la controvertible contratación de la empresa Whitefish Energy y la lentitud en las reparaciones, Ricardo Ramos renunció como su director ejecutivo. En julio de 2018, dos directores ejecutivos, Walter Higgins y Rafael Díaz Granados, renunciaron con un día de diferencia.

Las restricciones que ha puesto la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) a los gastos en el gobierno a través de varios planes fiscales, los procesos que se realizan en los tribunales para manejar la deuda pública y la devastación provocada por el paso del huracán María en el 2017 han creado presiones adicionales sobre los jefes de agencias, coincidieron Parga y el abogado estadista Ignacio Rivera.

“Este es el mes clave para que el gobernador se encargue de cumplir este año con todo lo que prometió”, apuntó Parga. “Él (Rosselló) ha comenzado este año decidido a hacer esos cambios, ya sea porque ya los tenía diseñados o porque las circunstancias lo obligaron”, añadió.

Del mismo modo, Rivera señaló que las “discusiones” en el Partido Nuevo Progresista (PNP) no deben afectar el funcionamiento del gobierno.

Varias de las salidas de asesores o funcionarios de La Fortaleza cercanos al gobernador se han atribuido en los últimos meses a la lucha entre bandos dentro de la colectividad.

“A la hora de la verdad, los estadistas funcionan como un cuerpo homogéneo. Esas divisiones se quedan en pequeñas ligas”, indicó Rivera. “El PNP tiene que velar que el estigma de la corrupción no crezca en este cuatrienio”, agregó.


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