La Policía Municipal de Toa Alta intervino con un individuo que supuestamente intentó hurtar uno de los vagones llenos de suministros para los damnificados del huracán María. (GFR Media) (semisquare-x3)
La Policía Municipal de Toa Alta intervino con un individuo que supuestamente intentó hurtar uno de los vagones llenos de suministros para los damnificados del huracán María. (GFR Media)

El senador del Partido Popular Democrático (PPD), Aníbal José Torres Torres, denunció hoy, jueves, que las firmas de contabilidad contratadas por el gobierno para investigar la desaparición o hurto de vagones con suministros para los damnificados del huracán María han tenido y mantienen fuertes vínculos con el Partido Nuevo Progresista (PNP) y la presente administración, relaciones que podrían afectar los resultados del análisis. 

“¿Cuánto ata eso el resultado de la investigación ordenada con la ejecución?”, cuestionó el legislador. 

El pasado 24 de agosto, el secretario de la Gobernación, Raúl Maldonado, anunció la contratación de dos firmas de contadores para investigar el asunto de los vagones y sus contenidos.

Torres Torres identificó a las firmas contratadas como BDO y Robles & Associates. La primera, dijo, estuvo a cargo del estudio sobre la reforma educativa y el cierre de las escuelas y, al momento, mantiene 117 contratos en diferentes agencias del gobierno que sobrepasan los $48 millones.

“Le hizo el plan al Departamento de Educación sobre cuáles escuelas debían ser cerradas”, puntualizó.

No estoy señalando ilegalidad. Lo que estoy diciendo es cuáles son las compañías, cuál es la relación que tienen esas compañías con el gobierno y cuál es la relación del gobierno y del PNP en una de esas compañías”, señaló el senador al indicar que la contratación sí podría implicar un conflicto de intereses.

Diego, Robles y Asociados o Robles & Associates, por su parte, ha estado vinculada a la Comisión Estatal de Elecciones y al PNP. Actualmente, cuenta con un contrato en el Departamento de Hacienda por $3 millones, según alegó el legislador.

Mientras, Diego J. Robles Cordero, a quien Torres Torres identificó como presidente de la firma Robles & Asociados -designada para conducir la auditoría, es militante del PNP y donante importante de varias candidaturas.

“Es un contador público autorizado que ha centrado sus esfuerzos en asesorar al gobierno en asuntos financieros y de contabilidad. Es consultor actualmente del Departamento de Hacienda, encargado de preparar los informes financieros del gobierno de Puerto Rico”, señaló el senador.

“Cuando el secretario de la Gobernación anuncia que estas dos compañías van a estar a cargo de la auditoría no se dijo qué agencia es la que va a firmar el contrato. El secretario de la Gobernación no puede firmar contratos, firmaría el gobernador, La Fortaleza, OGPO, el Departamento de Hacienda, eso no se ha dicho públicamente”, agregó.

Robles Cordero, además de ser el presidente de Robles y Asociados, ocupó en el pasado importantes posiciones en administraciones del gobierno PNP. Fue director de Fondos Federales en el Municipio de San Juan bajo la administración de Jorge Santini y bajo el gobierno de Luis Fortuño fue controlador financiero en la Compañía de Turismo, comentó Torres Torres.

Mientras, el 10 de febrero de 2015, Robles Cordero, agregó el legislador, fue designado por el excomisionado del PNP, Jorge Dávila Torres, como asesor financiero en asuntos del escrutinio electrónico. Además, el 23 de noviembre de ese mismo año, fue designado por Dávila Torres como asesor del comisionado electoral del PNP “para trabajar asuntos relacionados a la operación diaria de la oficina del comisionado electoral del PNP”.

En febrero del 2016, añadió, se le renovó el contrato en la oficina del comisionado electoral del PNP. “Durante ese periodo obtuvo cuatro contratos bajo la CEE, oficina del comisionado electoral del PNP y, como les dije, ha aportado cerca de $50,000 a distintas campañas políticas y candidatos del Partido Nuevo Progresistas”, puntualizó. 

“El asunto envuelve el prestigio del país, del gobierno y de su mal manejo, lo cual pone en entredicho la capacidad e imagen de Puerto Rico ante el mundo entero en términos de la capacidad o incapacidad que se tiene para atender una crisis”, subrayó el senador.

Torres Torres cuestionó además la contratación de estas firmas de contraloría que no tienen la facultad de encausar.

“¿Contadores públicos que no pueden encausar, que no pueden referir? Ya vemos por qué: vínculo directo con el partido nuevo progresista, vínculo directo con la institución a ser auditada, la Comisión Estatal de Elecciones. ¿Está el cabro velando las lechugas?”, puntualizó.

El pasado mes fueron descubiertos 12 vagones con suministros destinados a los damnificados del huracán María en los predios del centro de operaciones de la CEE en Hato Rey. Tras su remoción del lugar, han sido hallados en otros pueblos de la isla.

Este medio intentó conseguir una reacción de las firmas, pero al momento no ha recibido respuesta.


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