El análisis del gobierno de Puerto Rico es que tienen fondos hasta marzo de 2020. Después, podría haber un déficit de, al menos, $1,200 millones. (GFR Media)

Washington - La Cámara de Representantes dio ayer su visto bueno (301-123) a la resolución que extiende el presupuesto federal hasta el 21 de noviembre y que permite seguir financiando en un 100%, con fondos de Medicaid, el plan de salud del gobierno de Puerto Rico los próximos dos meses.

La medida, que se espera sea aprobada a más tardar la semana próxima en el Senado, es producto de un acuerdo bipartidista y persigue evitar un cierre parcial del gobierno federal cuando termine, el 30 de septiembre, el año fiscal estadouniense.

El liderato del Congreso discute una medida que aleje -por un plazo de hasta cuatro años- la posibilidad de un barranco fiscal la primavera próxima en el sistema de salud de Puerto Rico, ante el agotamiento de fondos no permanentes asignados por la ley Obamacare y, más recientemente, a través de un fondo de emergencia de $4,800 millones.

Tanto la comisionada residente en Washington D.C., Jenniffer González, como la congresista demócrata boricua Nydia Velázquez (Nueva York), entienden que el lenguaje acordado -aunque no asigna nuevos fondos- permitirá seguir utilizando el remanente de los $4,800 millones después del 30 de septiembre.

La Administración de Seguros de Salud (ASES) calcula que, al llegar esa fecha, cuando expiraban los fondos, todavía quedarán unos $400 millones de la asignación de $4,800 millones.

Además de permitir el uso de esos $400 millones, la medida -al cubrir el 100% del costo del servicio Medicaid hasta el 21 de noviembre, en vez del 55% que establece la ley permanente- puede ahorrarle cerca de $200 millones el erario de Puerto Rico.

Al gobierno también le quedan $586 millones asignados por Obamacare, además de los cerca de $370 millones anuales que por ley permanente otorga el programa Medicaid.

El análisis del gobierno de la isla es que tienen fondos hasta marzo de 2020. De ahí en adelante, puede haber un déficit de, al menos, $1,200 millones que dejaría sin servicios médicos a casi la mitad de los 1.25 millones de personas acogidas al plan Vital.

Un proyecto bipartidista de la Cámara baja ha propuesto asignar $12,000 millones a Puerto Rico los próximos cuatro años fiscales federales, además de incrementar las restricciones y controles al gobierno de la isla. Pero la medida fue frenada tras los recientes cargos por corrupción presentados contra la administración de Ricardo Rosselló Nevares.


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