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Edificio del Negociado de Ciencias Forenses. (GFR Media)

La senadora novopreogresista Zoé Laboy radicó ayer una resolución con la que busca asignar $3 millones al Negociado de Ciencias Forenses (NCF) para atender el atraso en el manejo de “rape kits” acumulados en la dependencia.

Se dispone en la resolución conjunta que establecerá un orden de prioridades para darle uso a esos fondos, comenzando por atender primero los rape kits con querellas policíacas que no han sido procesados y en orden de antigüedad. Luego se atenderían los “rape kits” que no tienen querella policiaca.

El dinero asignado saldrá de partidas iguales de $1.5 millones ahora en manos de la Comisión Estatal de Elecciones y de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (Aafaf). Hoy el gobernador Ricardo Rosselló ha citado a la prensa a La Fortaleza para hacer un anuncio sobre el NCF.

El desembolso de los fondos será aprobado una vez el NCF presente a la Legislatura un plan de trabajo detallado para cumplir con la encomienda. En el lenguaje de la resolución se establece que la Legislatura tendrá que aprobar este plan. La resolución será atendida en la sesión legislativa que comienza en enero.

En la exposición de motivos de la legislación, se hace alusión a cómo en una vista ocular de la Comisión de Seguridad Pública del Senado en el NCF se encontró que había sobre 2,500 rape kits sin analizar, de los cuales la mitad cuentan con querella policiacas, lo que significa que la víctima mostró interés con que el caso se procesara criminalmente.

“El personal del NCF y del Negociado de la Policía han atribuido los problemas operacionales a la falta de recursos y los problemas económicos que enfrenta el gobierno. Ante esto, y siguiendo las recomendaciones de la directora ejecutiva de la Junta de Supervisión Fiscal, Natalie Jaresko de identificar fondos dentro del presupuesto ya aprobado, se hace obligatorio redirigir recursos presupuestarios de otras agencias del gobierno para atender este asunto prioritario para la seguridad pública de Puerto Rico”, lee la exposición de motivos.

Como resultado de la una investigación realizada por la Comisión de Seguridad Pública del Senado, el secretario de Seguridad Pública, Héctor Pesquera, remitió a la comisión un escrito en que indicaba que solamente entre 2016 y septiembre del 2018, había 500 “rape kits” sin analizar: 357 con querella policíaca y 143 sin querella.

La política del NCF ha sido no examinar casos sin querella policíaca.

En una carta al Senado, Pesquera indicó que recibió en octubre la visita de Amie Ely, presidenta de la National Association of Attorney Generals, y Mathew Gamette, presidente de la American Society of Crime Laboratory Directors, quienes analizaron aspectos técnicos, procesales y de equipo necesario en Ciencias Forenses.

Pesquera, quien pidió más tiempo para presentar el plan de trabajo solicitado entonces por el Senado, dijo que tendrá un cuadro más claro tras recibir un informe de ambos.


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