La representante María Milagros Charbonier preside la Comisión de lo Jurídico. (GFR Media) (semisquare-x3)
La representante María Milagros Charbonier preside la Comisión de lo Jurídico. (GFR Media)

La Cámara de Representantes aprobó hoy de forma unánime una medida legislativa que le permite a los imputados de delitos a obtener una copia de la declaración o declaraciones juradas antes de ser utilizadas en su contra por el Ministerio Público.

El proyecto sustitutivo a los medidas de la Cámara 1902, 1904 y 1930 fue presentado por la Comisión de lo Jurídico, presidida por la representante María “Milagros” Charbonier.

El propósito es darle esa claridad a cómo inicia el procedimiento criminal en Puerto Rico”, dijo el representante penepé José “Quiquito” Meléndez, quien era el autor del Proyecto de la Cámara 1902 junto al popular Luis Vega Ramos.  

El proyecto aprobado establece, además, que si la persona imputada no sabe leer o no se encuentra acompañada por abogado, el magistrado que preside la vista leerá en voz alta la declaración o declaraciones juradas al inicio de la vista para la determinación de causa para arresto. 

Organizaciones, como el Colegio de Abogados y Abogadas, habían establecido que el hecho de determinar causa para arresto contra un imputado a través de una declaración jurada a la cual éste no había tenido acceso dejaba al descubierto un “desbalance” de poderes.

Ese “desbalance” fue de acceso público durante la vista de causa para arresto contra de la secretaria de Justicia, Wanda Vázquez,  por infracciones a la Ley de Ética Gubernamental y una denuncia por violación al Código Penal relacionadas a una presunta intervención ilegal en el procesamiento de un caso en el que su hija era la perjudicada.  

Eso ponía a fiscalía en una ventaja sobre la persona imputada de delito”, sostuvo Meléndez. 

Reconoció, no obstante, que en “un mundo ideal” sería preferible que no se presenten casos a través de declaraciones juradas, como disponía el Proyecto de la Cámara 1904 del independentista Denis Márquez.

“El problema que tiene eso es un 'issue' práctico, porque obligaría al Departamento de Justicia a tener todo el tiempo enlas vistas de Regla 6 un fiscal y eso ampliaría los cotos del Departamento”, argumentó.

Márquez Lebrón indicó que favoreció la medida, porque “al fin y al cabo es un paso adelante”.

“Mi posición radical en defensa de los derechos de los acusados era que no se pudieran presentar casos mediante declaraciones juradas, pero no deja de ser un adelanto en favor de los derechos de los acusados”, reconoció.

El legislador de Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) recordó que recientemente el Tribunal Supremo reconstituyó el Comité Asesor Permanente de Reglas de Procedimiento Criminal que tiene a su cargo efectuar una revisión actualizada del Informe de Reglas de Procedimiento Penal presentado en diciembre de 2008.

Es importante que se mantenga la discusión y que se mueva en reconocimiento a que esto es un problema que le ha pasado a miles de personas”, señaló.


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