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Vargas Ferrer completó en 1994 un bachillerato en Ciencias, con concentración en Biología, en la UPR de Mayagüez, y logró un Juris Doctor de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, donde se graduó Magna Cum Laude. (Jose Madera)

Como un hombre de posturas firmes se destacó siempre en el ámbito político el fenecido representante soberanista Carlos Vargas Ferrer.

Como legislador no dudó en criticar a su Partido Popular Democrático (PPD) si no le convencía alguna idea o propuesta de la formación política.

Tampoco vaciló al momento de votar en contra de medidas sometidas a la Legislatura por el ejecutivo, principalmente para aumentar impuestos.

Sin embargo, no mantuvo un proceder inflexible y así lo demostró al favorecer la derogación del proyecto de su autoría sobre las transferencias monetarias.

Vargas Ferrer pidió que se derogara la medida sobre el impuesto de 2% a las transferencias monetarias efectuadas entre Puerto Rico y cualquier país extranjero, tras aceptar que no cumplió con su cometido de allegar fondos a distintos programas del Departamento de la Vivienda.

“En virtud de que se ha desvirtuado el propósito original de esta legislación, yo como autor de la misma, propongo su derogación. No era la intención jamás de que se crearan dispensas o lagunas en la legislación, porque aquí todo el mundo tiene que jugar bajo las mismas cartas del juego”, indicó en tono firme.

Vargas Ferrer, de 44 años, se encontraba en su primer término como representante del Distrito de Cidra y Cayey cuando le sorprendió la muerte a causa de lesiones recibidas en un accidente automovilístico.

Propuestas inconclusas

El enérgico legislador dejó decenas de propuestas inconclusas.

Favorecía la medicalización de la marihuana, aumentar la edad para consumir alcohol de 18 a 21 años y disminuir la mayoría de edad a los 18. Rechazaba el derecho al voto de los reos. Además, apoyaba un impuesto de 10% a las ganancias netas de las cooperativas para recaudar fondos para combatir el déficit en el sistema de retiro de los maestros.

“Yo no conceptualizó que sean medidas controversiales, sino ideas que generan debate, intercambio de ideas en la ciudadanía. Son temas que en Puerto Rico siempre han estado vigentes, han estado subyacentes en la discusión pública y uno lo que promueve con este tipo de legislación es que se discutan abiertamente”, dijo una vez al recapitular sobre sus propuestas.

Impulsó, asimismo, importantes cambios en la Administración de Sustento de Menores (Asume) y fiscalizó para que esta agencia aprobara las nuevas guías para fijas pensiones alimentarias en la Isla.

También promovió que se extendiera a las parejas del mismo sexo la Ley 54 de Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica y sometió legislación para que los miembros de la comunidad lésbica, gay, bisexual, transexual y transgénero (Lgbtt) pudiera adoptar. Lo hizo siguiendo sus vivencias, ya que fue adoptado por su padrastro.

Dejó claro, además, que se oponía a un aumento en el Impuesto de Venta y Uso(IVU), por entender que sería detrimental para la clase trabajadora. Por eso, votó en contra tanto de la propuesta de transformarlo en un Impuesto al Valor Añadido (IVA) de 16.5% y contra la medida que finalmente se aprobó, la que dio paso al aumento del IVU al 11.5%. Su postura llevó al presidente cameral, Jaime Perelló, a quitarle la presidencia de la Comisión de Vivienda y Desarrollo Urbano. Entonces, se le catalogó por un sector del PPD como “disidente”.

“Con mi voto yo he apoyado todas las medidas que el Ejecutivo ha presentado para paliar el asunto fiscal del País... Creo que es una fase de mi vida que no voy a poder destaparme de ella, yo voté a favor de la crudita (el impuesto al petróleo crudo), que fue una medida que se me informó y se me dijo que iba a resolver una serie de problemas y que se iba a hacer una emisión… O sea, yo he respaldado al gobernador en su política pública para reformar el asunto fiscal en todo momento. Pero, llega un momento dado, después de un análisis que he hecho -los compañeros pueden dar certeza que yo leí esas dos mil y pico de páginas, me las leí varias veces, leí estudios económicos, me leí las ponencias-, que yo me convencí que este proyecto, en la manera que se quería implementar, podría ser detrimental a la economía nuestra”, señaló Vargas Ferrer al explicar su postura final contra el aumento al IVU.

Vargas Ferrer fue electo como representante del Distrito 29 en 2012 y juramentó en enero de 2013.

Antes de desempeñarse como legislador fue biólogo, abogado y corredor de bienes raíces. Además era un activo deportista.

Según una biografía publicada por la Cámara de Representantes, Vargas Ferrer completó en 1994 un bachillerato en Ciencias, con concentración en Biología, en la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Mayagüez. Además, logró un Juris Doctor de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, donde se graduó Magna Cum Laude en 1999. Ejerció la notaria y postuló en el Tribunal de Apelaciones Federal en Boston.

Durante su trayectoria en el servicio público, Vargas Ferrer fue asesor legal en la Oficina de Asuntos Urbanísticos del Municipio de Carolina. Realizó las mismas funciones en la Autoridad de Edificios Públicos y el Municipio de Cayey. Además, dirigió la Comisión de Banca y Asuntos Financieros de la Cámara de Representantes y fue director legal de la Corporación Pública para la Supervisión y Seguro de Cooperativas.

Aunque al desempeñarse como legislador lucía una figura esbelta y se destacó por sus participaciones en competiciones atléticas como el medio maratón San Blas, en un momento llegó a ser una persona obesa. Pesaba 427 libras cuando se sometió en el 2010 a una operación bariátrica en el Hospital Menonita de Aibonito. Después de esa intervención quirúrgica ajustó su estilo de vida y nunca dejó de ejercitarse regularmente.

“Mucho ejercicio, mucho ejercicio… Desde que comencé a hacer ejercicio no me he detenido de ejercitarme todos los días”, dijo hace dos años, cuando pesaba 186 libras.

En su trayectoria legislativa presentó 194 medidas. La última que presentó fue sometida el 13 de octubre pasado para crear el Programa de Separación Voluntaria Incentivada en el Departamento de Educación. La medida procura que los maestros con 25 años de servicio o más en el sistema público puedan acogerse al Sistema de Retiro de Maestros. 


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