Carmelo Ríos (GFR Media)

El senador novoprogresista Carmelo Ríos insistió esta mañana en la pronta aprobación de un proyecto de ley que aclara la vigencia del concepto conocido como el retracto de crédito litigioso, una figura legal que le permite al deudor de un préstamo hipotecario recuperar su vivienda o negocio pagando por el valor que la propiedad fue vendida a un tercero, sea un banco o un inversionista.

Ríos planteó en conferencia de prensa esta mañana, que una decisión del Tribunal Supremo de Puerto Rico del 24 de julio tuvo el efecto de invalidar ese instrumento que desde 1930 ha estado disponible en Puerto Rico, a través del Código Civil, para deudores de hipotecas frente a proceso de ejecución. En esencia, le permite al deudor saldar su hipoteca si puede sufragar por el precio a descuento, más gastos de costas y honorarios de abogados, que un inversionista pagó para adquirir el préstamo.

El Proyecto del Senado 1340, que enmienda la Ley de Transacciones Comerciales para reiterar que no se afecte el retracto de crédito litigioso, fue radicado el 19 de agosto y ha sido referido a la Comisión de Gobierno.

“Este tema debe ser prioridad… debe ser rápido porque la banca está acelerando los procesos de ejecución”, argumentó Ríos, quien planteó que, en muchas ocasiones, los bancos incumplen el notificar a los deudores el precio en que su propiedad fue comprada como resultado de trámite de ejecución.

“Los deudores hipotecarios se exponen a perder más fácilmente sus hogares en una época en que han aumentado vertiginosamente los casos de ejecuciones”, sostuvo.

La decisión del Tribunal Supremo, escrita por el juez Ángel Colón Pérez, atiende una controversia de derecho entre DLJ Mortgage Capital vs. el matrimonio de David Santiago y Diana Ortiz. Los perjudicados, que intentan salvar una residencia de ser ejecutada, solicitaron una reconsideración y el Alto Foro no se ha vuelto a expresar.

“Esta es una de las herramientas más valiosas del deudor hipotecario. Es un turno al bate que a veces los bancos se niegan a conceder”, sostuvo Ríos, acompañado por varios residentes de la urbanización Roosevelt, que trajeron ante su atención el tema.

“Estamos hablando del hogar de la familia puertorriqueña. Nadie está tratando de evadir obligaciones contractuales, pero hay que tomarse en cuenta lo que nos ha traído aquí”, intervino la portavoz de la Asamblea de Pueblo, Placita Roosevelt, Ruth Aquino García. Aquino García recordó como la burbuja inmobiliaria quebradaen el 2008 ha provocado un aumento en el número de ejecuciones.

“Esta medida es neurálgica y debe ser número uno en el calendario (de la Legislatura)”, dijo Aquino García.

Según estadísticas oficiales puestas en duda tanto por Ríos como por Aquino García, un total de 49,671 préstamos hipotecarios reflejaban atrasos de 30 días o más dentro de un universo de 367,000 préstamos para marzo de este año.

“Sabemos que son más. Ahí no están los de quiebras y las carteras en segundo, tercero y cuarto mercado”, dijo Ríos.

El senador sostuvo que entre el 2016 y el 2018 se ejecutaron 10,700 propiedades y que en los primeros dos meses del 2019 esa cifra es ubicó en 459, sin incluir los casos trabajados en el Tribunal Federal.


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