La alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz (semisquare-x3)
La alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz. (GFR Media)

La alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz Soto, envió una carta al gobernador Ricardo Rosselló para que el gobierno “cese de inmediato la práctica gubernamental de carpetar a sus opositores políticos”.

El lunes la ejecutiva municipal acusó al secretario de Estado, Luis Rivera Marín, de “carpeteo electrónico” luego que este publicó una foto en su cuenta de Twitter donde aparecía una computadora portátil que mostraba la transacción de renovación de licencia de conducir de Cruz Soto.

Luego de que la alcaldesa le contestó a través de la red social, el funcionario borró la imagen.

Mis gestiones para lograr obtener la licencia de conducir están sujetas a las normativas de confidencialidad. Nótese que en dicho proceso se provee información diversa de naturaleza personal, incluyendo dirección física y número de pasaporte.  Ni el secretario ni nadie en el Departamento de Estado tienen, ni deberían tener, acceso a dicha información”, estableció la alcaldesa en la misiva.

Rivera Marín dijo ayer martes que no vio información confidencial de la precandidata a la gobernación por el Partido Popular Democrático (PPD) y que lo único que hizo fue entrar a ver el tiempo de espera de Cruz Soto.

“La única información que hay ahí es cuánto tiempo esperaste…Es una pantalla que miro todos los días”, estableció el secretario de Estado.

Ante eso, la alcaldesa reaccionó diciendo que “aunque tal vez sería justificable que el DTOP monitoree el tiempo que le toma a un ciudadano determinado trámite ante dicha agencia, la difusión pública que hizo el secretario a través de la cuenta oficial de Twitter del Departamento de Estado de Puerto Rico es ilegal y altamente cuestionable”.

Asimismo, Cruz Soto sostuvo en la carta al gobernador que existe jurisprudencia vigente que impide el carpeteo. 

"El estado está impedido constitucionalmente de recopilar, guardar o difundir información sobre ciudadanos cuando se usa como criterio rector la afiliación política de la víctima. Los tribunales han determinado reiteradamente que no existe interés del estado que justifique esa conducta", aseguró. 


💬Ver 0 comentarios