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La división entre los alcaldes del PNP comenzó el jueves, luego de una reunión entre ejecutivos municipales y el gobernador. (horizontal-x3)
La división entre los alcaldes del PNP comenzó el jueves, luego de una reunión entre ejecutivos municipales y el gobernador. (Juan Luis Martínez Pérez)

El endoso que dio un grupo de alcaldes penepés a la derogación de la Ley de Despido Injustificado (Ley 80-1976) ha puesto en pausa la iniciativa para crear una organización que agrupe tanto a alcaldes rojos como azules.

De hecho, ese aval que dieron el jueves pasado 19 de los 33 alcaldes de la Federación de Alcaldes -que agrupa a los ejecutivos municipales del Partido Nuevo Progresista (PNP)- a la eliminación de la Ley 80 como parte del proceso para crear el presupuesto del país para el próximo año fiscal ha causado malestar entre los ejecutivos municipales.

Tanto la Federación como la Asociación de Alcaldes -que reúne a los alcaldes populares- trabajan en propuestas para crear un ente unido que abogue por el beneficio de los pueblos y sus constituyentes. Las iniciativas en las que trabajan, luego de ser avaladas por sus respectivas matrículas, serían presentadas a la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), aunque al momento está en suspenso una reunión de seguimiento con el presidente del ente, José Carrión.

“Eso ha quedado en nada hasta que no se resuelva esto de la Ley 80”, reconoció el alcalde de San Sebastián, Javier Jiménez.

“Hasta que pase toda esta turbulencia y los alcaldes terminen de trabajar con los presupuestos municipales... La discusión de la Ley 80 nuevamente ha polarizado a los alcaldes y hace que posponga esa reunión para poder materializar una sola organización”, sentenció el alcalde pepiniano novoprogresista.

Luego de negociar con la JSF, el gobernador Ricardo Rosselló ha dicho que se requiere la derogación de la Ley 80 para que se apruebe el presupuesto del próximo año fiscal. A cambio, se establecería un fondo municipal de $50 millones anuales y otro para la Universidad de Puerto Rico de $25 millones anuales para becas, mientras que los municipios tendrán garantizado el fondo de $78 millones para este año.

Los legisladores de la mayoría novoprogresista están divididos en cuanto al tema y han exigido evidencia para derogar la Ley 80, que concede protección a los empleados del sector privado contra despidos arbitrarios.

Los 19 alcaldes federados aprobaron el jueves, luego de reunirse con el goberndor, una resolución apoyando la eliminación de la Ley 80. Entre esos alcaldes estaba el de Barranquitas, Francisco López. “Yo vi el macro y no el micro. Entiendo que no es momento y no le conviene a Puerto Rico estar en los tribunales (para enfrentarse a la JSF)”, dijo el alcalde, quien de paso se autoproclamó “cuasi desertor de la Federación de Alcaldes porque no he visto en todo este tiempo que nos haya ayudado”. Por eso favorece un nuevo organismo que agrupe a alcaldes rojos y azules.

Tanto el alcalde de San Sebastián como el de Isabela, Carlos Delgado Altieri, también favorecen la creación de una agrupación que una a alcaldes fuera de líneas partidistas, pero repudiaron la resolución de apoyo de un grupo de alcaldes a la derogación de la ley.

“Eso no es otra cosa que los alcaldes permitir ser utilizados por el gobernador, porque esa es una decisión que no está en manos de los alcaldes sino en la Legislatura. Está el gobernador queriendo presionar a los legisladores para que apoyen su posición no teniendo los votos. Es básicamente un chantaje. Esa es la manera vieja de gobernar el país”, afirmó Delgado Altieri.

Pero el alcalde de Cataño, Félix “el Cano” Delgado, quien avaló la resolución de apoyo, sostuvo que un pleito legal era “arriesgarnos a que perdamos en los tribunales”. Agregó que la diferencia de opiniones entre alcaldes hace más necesaria la agrupación que los una a todos. El alcalde propone la creación de lo que llamó Municipios Organizados de Puerto Rico.

Creo que la propuesta de una sola organización ellos mismos (los 19 alcaldes federados) la echan por la borda. Llegó el momento en que los alcaldes comiencen a decidir dónde está su fidelidad, si está en el gobernante de turno -del partido que sea- o en nuestros constituyentes, que nos dieron la confianza de administrar un municipio”, sentenció el alcalde popular de San Germán, Isidro Negrón.

Mientras que el alcalde de Utuado, Ernesto Irizarry, cuestionó cómo derogar la Ley 80 empujaría la economía. “Eso yo lo veo con mucha suspicacia. Eliminar la Ley 80 en nada ayuda a la economía. Es como una traición a los empleados. En todo caso permite despedir empleados sin que me puedan demandar. Esto nos afecta a todos”, dijo.


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