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En la foto, la abogada Miriam Estefan, del DTOP; Pedro Bello, del DACO, y el ingeniero Jorge José Fuentes, de la Asociación de Contratistas Generales. (horizontal-x3)
En la foto, la abogada Miriam Estefan, del DTOP; Pedro Bello, del DACO, y el ingeniero Jorge José Fuentes, de la Asociación de Contratistas Generales. (Vanessa Serra Díaz)

Varias agencias gubernamentales y la Asociación de Contratistas emitieron hoy opiniones encontradas sobre la propuesta para que el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) regule los precios del asfalto.

En la primera vista pública ante la Comisión de Asuntos del Consumidor, Banca y Seguros de la Cámara de Representantes, el licenciado Pedro Bello –en representación del secretario de DACO, Michael Pierluisi-, favoreció que se incluya expresamente esa facultad en su Ley Orgánica, pese a que, a su entender, ya cuenta con el poder para revisar el precio, márgenes de ganancia y tasas de rendimiento en lo referente al asfalto.

Por su parte, el ingeniero Carlos Rivera -en representación del secretario del Departamento de Transportación y Obras Públicas, Carlos Contreras Aponte-, no presentó objeción a la medida, pero recordó que son varios los factores que inciden en el precio del asfalto, además del precio del petróleo. 

Las cantidades a depositar, las condiciones existentes para el tiro de asfalto, la oferta y demanda, la distancia del depósito, la localización de la planta de distribución y la variación de los precios de los materiales, son algunas de ellas, según expresó.

Aunque ambas agencias se mostraron a favor de la medida, trajeron a colación que los contratos de construcción ya cuentan con una cláusula de ajuste por tonelada de asfalto, por lo que podría aumentar o disminuir la compensación del contratista dependiendo a cómo haya fluctuado el precio cotizado al momento de la subasta.

Por el lado contrario, el capítulo puertorriqueño de la Asociación de Contratistas Generales de América se manifestó en contra de la intención de regular, controlar y congelar al carecer de un estudio de mercado que atienda el impacto que tendría en los empresarios y consumidores.

A su juicio, la legislación debe ir a tono con la política pública de evitar la sobrerregulación del mercado, a la vez que objetó el sólido vínculo que se establece entre el deterioro de las carreteras con factores puramente económicos.

En la ponencia suscrita por el presidente de la asociación, Francisco Díaz Masso, advierte que la existencia de recursos no es el único determinante de la calidad de las carreteras. 

Factores como la geografía del país, la adecuada planificación, el financiamiento, los estudios ambientales para determinar la viabilidad, la calidad de la construcción, la calidad de los materiales, la eficaz operación y el mantenimiento oportuno y preventivo inciden en el mal estado de las vías del país.

Esta vista pública se realizó luego de que El Nuevo Día revelara que el gobierno estatal y los municipios comprometieron, en los últimos 10 años, $3,278 millones en construcción y reparación de carreteras.

Lo hicieron, según la investigación, sin tener los suficientes mecanismos de supervisión, análisis y fiscalización en distintas etapas de los proyectos que contrataron. También se destacan los pocos o inexistentes mecanismos que tiene la Autoridad de Carreteras para evaluar la calidad del asfalto que se utiliza.

“Este proyecto lo que busca es regular ese mercado, porque hoy día hay un monopolio donde solo dos compañías (Puerto Rico Asphalt y Super Asphalt) son las que suplen el asfalto al gobierno. Es difícil que, entre esas dos compañías, repartiéndose los 3 billones de dólares de los últimos 10 años, se autorregulen entre ellas mismas”, comentó el representante novoprogresista Joel Franqui Atiles, uno de los autores de la medida.

La sola presencia de PR Asphalt y Super Asphalt incide, a juicio de los legisladores, en la ausencia de regulación en el seno del mercado –un proceso que tiende a desarrollar de forma orgánica cuando son múltiples las empresas involucradas-. 

Por tanto, el Proyecto de la Cámara 744 propone que DACO tenga el poder de “reglamentar, fijar, controlgar, congelar y revisar los precios, márgenes de ganancias y las tasas de rendimiento sobre capitales invertidos en todos los niveles del mercado de asfalto”. De esa forma, DACO serviría como esa herramienta que evalúa los precios del combustible con el del asfalto, y así, podría exigir una reducción del precio según cómo fluctúen en el mercado. 


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