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El delegado de Puerto Rico ante el Congreso será el único funcionario electo de la Isla con poder de fiscalización sobre la junta. (AP)

WASHINGTON - Cuando la Junta de Supervisión Fiscal asuma el viernes, oficialmente, el control sobre las finanzas del Gobierno de Puerto Rico, solo un funcionario electo de la Isla estará prácticamente fuera de su jurisdicción: el comisionado residente en Washington.

Con excepción de los pocos fondos que su oficina recibe del Gobierno puertorriqueño, el delegado de Puerto Rico ante el Congreso será el único funcionario electo de la Isla con poder de fiscalización sobre la junta.

En estos momentos, tras un recorte de 83% en los últimos años, el Gobierno de Puerto Rico solo provee a la oficina del comisionado residente una asignación de $93,000 anuales, incluyendo un vehículo oficial. 

La base de la operación de la oficina del comisionado está en el presupuesto federal que, tomando en cuenta que es el funcionario electo cameral que más constituyentes representa, suma $1.8 millones anuales.

Esos fondos federales, por supuesto, quedan fuera de la jurisdicción de los miembros de la junta.

Por los próximos tres meses, la posibilidad de ejercer las funciones de fiscalización las tiene Pedro Pierluisi, quien –como seguramente ocurra con su sucesor– es miembro del Comité de Recursos Naturales de la Cámara baja federal, con jurisdicción directa sobre la ley PROMESA que creó la nueva autoridad federal, que aunque no le responde al Gobierno de Puerto Rico, es financiada por el erario puertorriqueño.

Pero, esa oportunidad quedará a partir de enero en manos del candidato a la comisaría residente que sea elegido en noviembre.

“Hay que colaborar y fiscalizar a la vez”, dijo Héctor Ferrer, candidato del Partido Popular Democrático (PPD) a comisionado residente en Washington.

Jenniffer González, portavoz del Partido Nuevo Progresista (PNP) en la Cámara de Representantes y candidata a comisionada residente en Washington, prevé requerirles “constantemente las medidas que están tomando sobre la implantación de la política pública estatal”.

“No digo que voy a estar supervisando a la junta, pero voy a estar pendiente todo el tiempo a las acciones que tome la junta sobre Puerto Rico. El gobierno de Puerto Rico no va estar exclusivamente a la merced de las determinaciones de esta junta, porque va a tener una voz que va a poder interactuar, por no decir pelear, con las determinaciones de la junta”, agregó González, quien estuvo esta semana en reuniones con miembros del Congreso.

Ferrer, mientras, afirmó que desde la Cámara de Representantes federal –donde el comisionado vota en comités legislativos, pero no en el hemiciclo–, pueden impulsarse iniciativas que llenen el vacío dejado por la ley PROMESA en torno a las necesidades de la Isla.

“No puede limitarse el proceso simplemente a recortes y balancear el presupuesto. Ante la realidad de que en diciembre expira el mandato al ‘task force’ –el Grupo de Trabajo del Congreso sobre Desarrollo Económico en Puerto Rico–, debe crearse una comisión legislativa conjunta de revitalización económica, parecida a la que se constituyó para Washington D.C. en la década de 1990. Esa comisión ayudó al impulso económico de Washington y a la creación de empleos”, indicó Ferrer.

La representante González sostuvo que espera que el Grupo de Trabajo le provea al Congreso en diciembre “las herramientas de desarrollo económico”, mientras la junta se dedica por lo menos en los próximos meses a impulsar un plan fiscal que estabilice las finanzas.

PIP 

Para el candidato del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Hugo Rodríguez, desde Washington mantendría la posición institucional de su colectividad de “confrontación, no colaboración” y en reclamo de un proceso de descolonización.

“Sería la voz para exigir que cualquier proceso que tenga que ver con la reestructuración del sistema económico de Puerto Rico, incluyendo su deuda, tiene que partir de la realidad de que carecemos de poderes para desarrollar nuestra economía”, dijo al indicar que el desafío a la junta debe incluir presión hacia los miembros del Congreso y los acreedores.

Mariana Nogales Molinelli, candidata del Partido del Pueblo Trabajador (PPT), utilizaría el puesto en Washington para buscar la derogación de la ley PROMESA y alternativas como las planteadas en el proyecto de ley del senador independiente Bernie Sanders (Vermont) para impulsar la reconstrucción del país, “sin la imposición de una junta de control fiscal”.

El poder de la junta, sostuvo Nogales Molinelli, se agrava ante una junta que considera está integrada por sectores favorables a los acreedores y destacó la crítica al nombramiento del expresidente del Banco Gubernamental Fomento (BGF) Carlos García, quien coordinó la emisión de deuda reciente que ronda los $10,000 millones, y el temor de que la representante González, por ser republicana, “sea un sello de goma de la junta”.


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