Eva Prados, portavoz del Frente Ciudadano por la Auditoría. (GFR Media) (horizontal-x3)
Eva Prados, portavoz del Frente Ciudadano por la Auditoría. (GFR Media)

Por entender que buena parte de la deuda de Puerto Rico podría ser ilegal y que funcionarios que trabajaron sobre innumerables emisiones de bonos pudieron cometer irregularidades al endosar el endeudamiento del país, la Comisión para la Auditoría Integral del Crédito Público lanzó hoy una campaña educativa dirigida a recaudar fondos para lograr su objetivo independiente del gobierno.

Esta comisión fue creada por ley durante el cuatrienio del gobernador Alejandro García Padilla, pero apenas pudo revisar parcialmente cuatro emisiones de bonos, encontrando que posiblemente el 50% de la cuantía constituye deuda ilegal. El grupo fue disuelto por ley una vez entró el gobierno de Ricardo Rosselló Nevares.

Eva Prados, portavoz del Frente Ciudadano por la Auditoría, explico en conferencia de prensa que la comisión integrada por 17 personas necesita recaudar alrededor de $500,000 para completar la auditoría de esas cuatro emisiones en un periodo de seis meses a un año.

Entre estas emisiones se encuentra una de la Autoridad de Energía Eléctrica y otra de $3,500 millones durante la gobernación de García Padilla. Más a largo plazo, y necesitando $5.5 millones, el objetivo es auditar 40 años de emisiones de bonos.

“Proponemos una auditoría integral y ciudadana, financiada y ejecutada ciudadanía a través de esta comisión”, afirmó Prados acompañada por algunos de los integrantes de la comisión, incluyendo quien fuera su presidente durante su primera versión, el líder sindical Roberto Pagán.

“Es una medida básica de transparencia, fiscalización y rendición de cuentas”, dijo Prados.

Acompañada por buena parte de los integrantes de la comisión, quienes no cobrarán un centavo por su trabajo, el dinero requerido será para la contratación de peritos y para financiar solicitudes de documentos en los tribunales.

Prados manifestó que esfuerzos de auditoría de la deuda realizados por la Oficina de la Contraloría General (GAO, en inglés) carecen de uno de los elementos esenciales de la auditoría que realizará la comisión local: el aspecto forense, que no es otra cosa que determinar la legalidad de la deuda.

“No han realizado una auditoría forense, por más que lo hemos pedido y mucho menos nos van a decir si ese dinero representó un beneficio para el pueblo”, afirmó Prados al aludir a otro elemento de la auditoría ciudadana que se busca: el rendimiento.

Los otros dos elementos son el financiero (cuánto es el principal y cuánto es el interés) y el cumplimiento (evaluación del desempeño de las personas o instituciones involucradas).

La Junta de Supervisión Fiscal se supone que tenga para el verano lista su propia auditoría, encomendada a la firma Kobre & Kim.

“Los investigadores (de Kobre & Kim) dicen que no están haciendo una auditoría, sino una investigación general para proponer política pública para atender unos asuntos, pero no atiende la responsabilidad de las personas que nos llevaron a este problema”, afirmó Prados.

Por su parte, Pagán, también presidente del Sindicato Puertorriqueño de Trabajadores, recordó que ya hay un tramo cubierto por la primera comisión creada.

“La comisión creada por ley y derogada posteriormente, como saben, encontró causa probable en la comisión de violaciones de ley y de la Constitución en varias emisiones de deuda”, afirmó.

“Estoy seguro que en este esfuerzo en que estamos, vamos a lograr una auditoría integral dirigida por una comisión independiente y realizada por expertos que pueden evaluar las emisiones de bonos y el desempeño y ver qué firmas estuvieron involucradas… necesitamos saber la vedad de lo que ocurrió para evitar cometer los mismos errores del pasado y necesitamos que los que nos llevaron a esta crisis respondan por lo que hicieron”, agregó.

La campaña de recolección de fondos se llevará por redes sociales y la página web auditoriaya.org.


💬Ver 0 comentarios