Raúl Grijalva, en primer plano, es el portavoz demócrata en el Comité de Recursos Naturales de la Cámara baja, que preside Rob Bishop, a la izquierda. (GFR Media) (horizontal-x3)
Raúl Grijalva, en primer plano, es el portavoz demócrata en el Comité de Recursos Naturales de la Cámara baja, que preside Rob Bishop, a la izquierda. (GFR Media)

Washington - Ante el Primer Circuito de Apelaciones, en Boston, los congresistas demócratas Raúl Grijalva y Nydia Velázquez rechazaron que la Ley Promesa haya buscado dar protecciones especiales a los acreedores para limitar las posibilidades de una reestructuración de la deuda por la vía judicial.

En una moción ante el tribunal intermedio, los dos legisladores federales refutaron expresiones hechas ante ese foro judicial por el presidente del Comité de Recursos Naturales de la Cámara baja federal, el republicano Rob Bishop (Utah).

En el recurso legal que presentaron, Grijalva y Velázquez piden ser “amigos de la corte”, como parte de una demanda de la aseguradora Ambac en contra del gobierno de Puerto Rico y la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), a cargo de las finanzas públicas.

En su escrito, los demócratas indicaron que “el propósito de Promesa no fue otorgar a los acreedores de Puerto Rico, incluidos los bonistas, protecciones especiales que no tienen otros acreedores municipales, ni evitar pérdidas a esos acreedores”.

A su vez, rechazaron que la reestructuración de la deuda pública de Puerto Rico por la vía judicial haya sido establecida como el último recurso de Promesa.

Grijalva es el portavoz demócrata en el Comité de Recursos Naturales de la Cámara baja, que tiene jurisdicción sobre la Ley Promesa. Velázquez igualmente integra el Comité de Recursos Naturales.

Ambos ayudaron a legislar Promesa, por la cual votaron a favor.

Han respondido a Bishop, quien como presidente del Comité de Recursos Naturales sometió el 29 de junio otro argumento en el que alegó que el estatuto quiso proteger a los acreedores “antes, durante y después” de los procedimientos que establece.

En ese sentido, Bishop había cuestionado que la JSF acudiera a pedir la reestructuración de la deuda inmediatamente que venció, en mayo de 2017, la moratoria en la litigación judicial en contra del gobierno que otorga Promesa.

Los dos demócratas indicaron que el estatuto simplemente exige que Puerto Rico realice “esfuerzos de buena fe para alcanzar una reestructuración consensuada con los acreedores” antes de presentar una petición por la vía judicial.

“Ni el historial legislativo, ni el texto legal respaldan una interpretación de Promesa que otorga a los acreedores mayores derechos que los de una reorganización tradicional a expensas de los derechos de los deudores”, respondieron Grijalva y Velázquez en el escrito.

En esesentido, señalaron que la sección 201 de Promesa pidió “respetar las prioridades relativas de ley o los embargos legales”, dejando a un lado otro lenguaje más estricto que reclamaba “cumplir” con esas prioridades de ley.

Contrario a lo que ha afirmado Bishop, los legisladores demócratas indicaron, además, que el Congreso decidió expresamente “no requerir que Puerto Rico completara el proceso de reestructuración voluntaria del Título VI antes de que (el gobierno de la isla) y sus organismos pudieran presentar una petición de Título III” en el tribunal.

Grijalva y Velázquez afirmaron que esa intención queda subrayada con la decisión del Congreso de “permitir que la moratoria automática en los pagos expirara, en vez de hacerla efectiva por un período extendido”.

Por eso, expresaron que el Congreso descartó lenguaje relacionado con el capítulo 9 de la ley federal de quiebras que le hubiese dado la oportunidad a los acreedores de retar la elegibilidad de una entidad del gobierno para la reestructuración por la vía judicial que permite el Título III.

Criticaron también que, a pesar de Promesa ser una legislación construida con respaldo bipartidista, Bishop utilizara como defensa en sus argumentos ante el Primer Circuito de Apelaciones federales un memorando republicano que no figura en el récord del Congreso.

En el caso judicial de Ambac, la aseguradora apela una determinación de la jueza Laura Taylor Swain, quien decidió que carece de jurisdicción para evaluar las alegaciones de la aseguradora en el sentido que los pagos de los bonos de ingresos especiales de la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) han sido desviados inconstitucionalmente.

El gobierno de Puerto Rico, a través de un portavoz, indicó que solicitó el argumento de Grijalva y Velázquez.

El exgobernador Aníbal Acevedo Vilá había solicitado mediante una carta a Grijalva que interviniera en el caso Ambac para responder a las expresiones del republicano Bishop.


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