En su argumento, Sullivan reconoció como  la primera votación a favor de la estadidad el plebiscito del 11 de junio de 2017. (semisquare-x3)
En su argumento, Sullivan reconoció como la primera votación a favor de la estadidad el plebiscito del 11 de junio de 2017. (GFR Media)

Washington - Si se trata de querer votar, el gobierno de Donald Trump le indicó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que nada impide –como ha sugerido el gobernador Ricardo Rosselló–, que el gobierno de Puerto Rico organice una consulta en la isla para medir la posición de sus residentes en torno a los candidatos a la presidencia de Estados Unidos.

Por supuesto, también advierte que esa elección será simbólica y no se sumará al colegio electoral que decide quién será el presidente, pues no lo permite la Constitución estadounidense y así lo han hecho claro decisiones judiciales.

Además de la participación en primarias presidenciales, “Puerto Rico también puede, si lo desea, organizar una votación para las elecciones presidenciales generales de Estados Unidos en noviembre cada cuatro años”, indicó el argumento sometido ante la CIDH por el representante adjunto de Estados Unidos ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Kevin Sullivan.

El representante de EE.UU. pidió a la CIDH la desestimación de las querellas independientes presentadas por el abogado estadista Gregorio Igartúa y el exgobernador Pedro Rosselló, en las que denuncian que la falta de participación de los residentes de la isla en las elecciones presidenciales y la elección de congresistas, representa una violación de sus derechos humanos y civiles.

Las expresiones de Sullivan son parte del argumento en el que –tras hacer referencia a que consideran que el gobierno de Puerto Rico mantiene una “amplia base” de gobierno propio–, hace malabares para defender a EE.UU.

En su comunicación del 28 de junio pasado –divulgada este fin de semana–, Sullivan sostuvo que dentro de la relación colonial de la isla, hay unos procesos electorales relacionados al gobierno federal.

En ese grupo de procesos electorales, busca proclamar como votaciones significativas las primarias presidenciales de los partidos estadounidenses y la elección de un delegado en la Cámara baja federal, como comisionado residente, un puesto que no tiene voto en el hemiciclo.

No hace referencia alguna a la Ley Promesa y la imposición de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF).

Sullivan reconoció como la primera votación a favor de la estadidad el plebiscito del 11 de junio de 2017. A base de ese plebiscito, afirmó, el gobierno de Puerto Rico ha puesto en marcha un proceso de petición de estadidad ante el Congreso, cuyo desenlace “Estados Unidos no puede predecir”

La posición del gobierno federal levantó ayer críticas de todos los partidos políticos de la isla.

La comisionada residente Jenniffer González dijo que hubiese preferido que se reconociera el carácter antidemocrático del status territorial, y que la estadidad queda como “el único status político viable con una relación con los Estados Unidos, no territorial y no colonial”.

Mientras, al representante del Partido Nuevo Progresista (PNP), José Aponte, le parece desafortunado que el gobierno federal, “a estas alturas”, quiera esbozar alguna teoría de que hay gobierno propio en la isla, después de que bajo la administración de Barack Obama mantuvieron el carácter colonial al aprobar la Ley Promesa e imponer la JSF.

Aponte también denunció que no quieran reconocer el plebiscito de 2012, pues representaría aceptar que “el pueblo no quiere mantener la condición territorial”.

Para el senador independentista Juan Dalmau, el gobierno de Trump “admite el crimen, pero no quiere reconocerlo como un crimen”, y destacó la parte en que Sullivan le dice a los estadistas que “si lo desean… también son libres de mudarse a cualquier estado”.

“Es una hipocresía esconder que tienen un régimen en el que no nos podemos gobernar con las facultades y derechos mínimos que se merece cualquier ser humano” indicó, por su parte, el representante popular Luis Vega Ramos, quien dijo que EE.UU. muestra “resistencia a la estadidad”.

La audiencia pública del caso será el 5 de octubre en Colorado.


💬Ver 0 comentarios