Carlos Alberto López Román preside la Legislatura Municipal de Dorado. (GFR Media) (horizontal-x3)
Carlos Alberto López Román preside la Legislatura Municipal de Dorado. (GFR Media)

El hijo del alcalde de Dorado, Carlos Alberto López Román, funge como presidente de su Legislatura Municipal, asunto que, según sus homólogos de la minoría, aunque no está penalizado por la Ley de Ética Gubernamental por ser un funcionario electo, es “inmoral”.

En momentos en que se discuten enmiendas a la Ley de Municipios Autónomos en lo concerniente a llenar vacantes de alcaldes, los legisladores municipales de Dorado abogan por enmiendas a ese estatuto y la Ley de Ética de Gubernamental para así evitar que un pariente tan cercano al primer ejecutivo de un pueblo sea juez y parte en la Legislatura Municipal.

“Hay un vacío dentro de la Ley de Ética Gubernamental porque no trabaja con los funcionarios municipales. Debería prohibirse. Que ningún familiar dentro del cuarto grado de consanguinidad pueda ser presidente de la legislatura municipal. Puede ser legislador, pero presidente no”, afirmó el portavoz del Partido Nuevo Progresista en la Legislatura Municipal de Dorado, Noel Matta.

“Eso es inmoral. Cualquier proyecto que el alcalde someta, la Legislatura (Municipal) se lo va a aprobar. La Ley de Municipios Autónomos debe enmendarse para que esto no suceda, para que no haya nepotismo. Este es un caso bochornoso para el pueblo. Lo he dicho, pero soy un voto”, apuntó el legislador municipal independentista Roberto Rodríguez.

Ambos dijeron que López Román fue electo presidente de la Legislatura Municipal en un caucus de la mayoría popular y no en el pleno del cuerpo.

El alcalde de Dorado, Carlos López, dijo que su hijo es presidente de la Legislatura municipal porque “reconocieron su capacidad política y profesional”.

“El proceso en ley (en) nada lo impide. Él es elegido por la mayoría”, apuntó el alcalde.

Pero Rodríguez argumentó que López Román “va al municipio y da instrucciones. Se cree que su papá va a renunciar y lo va a dejar ahí”.

El alcalde de Dorado aseguró que en el 2020 aspirará a la reelección, pero dijo que nada impide que su hijo se postule en un futuro.

La Ley de Ética Gubernamental no fiscaliza a los miembros de la Asamblea Legislativa del país y tampoco a los legisladores municipales. La jurisdicción de dicho estatuto es sobre los miembros de la Rama Ejecutiva. La única jurisdicción de la Oficina de Ética Gubernamental (OEG) sobre la Legislatura estatal y la Judicatura es para la auditoría de los informes financieros que deben rendir anualmente.

La portavoz de prensa de la OEG, Jennifer Rodríguez Ayala, indicó que trabajan en una reforma de la Ley de Ética Gubernamental con un equipo de abogados.

“Se interesa que los legisladores municipales rindan informes financieros”, dijo Rodríguez Ayala.

Entretanto, la Ley de Ética Gubernamental y lo que podría considerarse como nepotismo no aplica a los legisladores municipales, que son considerados entes electos por el pueblo.

“La Ley lo permite porque él (López Román) fue electo, pero moralmente hay un conflicto”, sentenció el legislador municipal independentista.

López Román fue electo legislador municipal en los comicios del 2012 y revalidó en el 2016. En el 2014, López Román enfrentó una pesquisa de la OEG por supuestamente hurtar gasolina de la Autoridad de Transporte Marítimo para abastecer una lancha privada. Para ese entonces, López Román era director del servicio de lanchas entre Cataño y San Juan.

De acuerdo con la OEG, la investigación fue archivada luego de que se encontrara que no hubo violación a la Ley de Ética Gubernamental.

“No encontraron prueba suficiente como para establecer violaciones a la Ley de Ética Gubernamental. La lancha se utilizó y no hubo bebidas alcohólicas. La lancha privada se usó para un fin público porque no había lanchas (disponibles) en ese momento. Es más bien un asunto administrativo que tiene que atenderse por el reglamento administrativo de la agencia”, aseveró la portavoz de prensa de la OEG.

Otro puesto

Tan reciente como el 7 de septiembre de este año, la OEG recibió una solicitud de autorización para que se le permitiera al hijo del alcalde ocupar el puesto de confianza de director de finanzas y presupuesto del Área Local de Desarrollo Laboral Manatí/ Dorado. Este es un consorcio que administra fondos federales, entre ellos, los de la Ley 52 para dar empleo.

La OEG determinó que bajo estas circunstancias aplicaba el Artículo 4.2(h) de la Ley Orgánica de esa agencia, por lo que el hijo del alcalde no podía ocupar ese cargo de confianza. Establece “que un servidor público no puede llevar a cabo una acción que ponga en duda la imparcialidad e integridad de la función gubernamental”.

“Según la información provista, no media justificación capaz de salvaguardar la imparcialidad e integridad de la función gubernamental”, concluyó la OEG.

Los legisladores municipales de la minoría penepé e independentista desconocían de esta consulta. Insistieron en que la ubicación de López Román como presidente de la Legislatura Municipal es “inmoral” y requiere de cambios a las leyes existentes.

“Yo fui a la OEG y me querellé”, dijo Rodríguez.

“Ahora mismo el presidente de la Legislatura Municipal tiene acceso a información privilegiada sobre el ejecutivo, como también ejerce influencia para fiscalizar y para seleccionar contratos. El presidente de la Legislatura Municipal es el administrador de la Legislatura. Él es quien firma contratos de asesoría, hace los nombramientos de secretaría, sargento de armas y recepcionista”, agregó Matta.

Dijo que el recepcionista es el vicepresidente de la Juventud Popular en Dorado, José Abelardo Vélez Carrasquillo, mientras que Román López es el presidente de ese organismo local. “La Legislatura (Municipal) es un sello de goma del alcalde. No hay contrapeso”, dijo Matta.


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