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El representante popular confrontó a portavoces de la Cámara de Comercio, la Asociación de Industriales y del Centro Unido de Detallistas

A pesar de que favorecen la derogación de la Ley 80 de Despido Injustificado, la Cámara de Comercio de Puerto Rico (CCPR), la Asociación de Industriales y el Centro Unido de Detallistas (CUD) no pudieron calcular esta mañana cuántos empleos adicionales se crearían en la isla con la legislación propuesta tanto por La Fortaleza como por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF).

Aunque coincidieron en que el estatuto legal se ha convertido en una camisa de fuerza para el empresarismo en Puerto Rico, tampoco pudieron ofrecer cálculos frente a integrantes de la Comisión de Gobierno de la Cámara de Representantes sobre cuánto les ha costado a los integrantes de sus respectivas matrículas el pago de mesadas por casos resueltos a favor del empleado.

La vista pública de hoy, martes, - la segunda y última para atender la medida de La Fortaleza y su versión enmendada aprobada en el Senado - cerró el espacio de evaluación de las piezas en la cámara baja y tan pronto como el lunes será discutida en el caucus de la mayoría, dijo el presidente de la comisión, Jorge Navarro. Ese mismo día hay sesión legislativa.

Navarro afirmó en la vista que es hora de hacer “cambios radicales que reactiven la economía”, que se debe dejar a un lado “el constante temor al cambio” y que la Ley 80, al citar la cifra de desempleo en el país, “poco ha hecho para proteger a los empleados”.

Durante buena parte de la vista de ayer, Navarro llevó a los representantes de las tres entidades a afirmar que no se ha discutido entre sus respectivas matrículas cursos de acción de ser derogada la Ley 80, como pudieran ser despidos en masa. Cuando durante el turno de preguntas del representante novoprogresista José ‘Memo’ González, Navarro repitió que esa opción de despidos no estaba sobre la mesa, González le contestó: “no se lo van a decir tampoco”.

“Ni se ha especulado sobre eso. Nadie se ha expresado en cuanto a ese particular”, dijo Nelson Ramírez, presidente del CUD.

González, al igual que el popular Luis Vega Ramos, logró que los deponentes Carlos R. Paula (presidente de legislación laboral en la Asociación de Industriales), Nelson Ramírez (presidente del CUD) y David Rodríguez (presidente electo de la CCPR) no pudieran afirmar que se daría una bonanza de empleos nuevos con la derogación de la Ley 80.

“Es un elemento dentro del ecosistema... sería irresponsable de nuestra parte decirlo”, sostuvo Ramírez.

En el caso de Vega Ramos, cuestionó cómo luego de 42 años de vigencia de la Ley 80, estos tres gremios no tendrían estudios preparados para sustentar su postura en contra de la ley.

“¿Nunca se les ocurrió encuestar? Eso es porque no es un costo significativo. Es una cuestión ideológica y no han podido producir un número que les cueste la Ley 80”, dijo.

Vega Ramos también trajo a colación que desde el 2009 se han aprobado al menos dos leyes que han trastocado considerablemente los derechos laborales, entiéndase la Ley de Cierre y la Ley 4 de Reforma Laboral. No mencionó las aprobadas durante administraciones populares, pero trajo a colación que, según cifras de la Junta de Planificación, desde el 2009 el Producto Nacional Bruto ha crecido mientras el total devengado en salarios de todos los trabajadores habían caído de $26,000 millones a $24,400 millones.

“Más ganancias y menos salarios”, dijo Vega Ramos. “Con la derogación de la Ley 80 habrá un empobrecimiento de los trabajadores”.

González, por su parte, dijo que, si el reparo del sector empresarial del país es el pago de la mesada contenida en la Ley 80, que varía entre nueve meses de salario y un año, dependiendo del momento en que el empleado fue contratado, ve con buenos ojos enmendar la ley para eliminar la mesada, pero mantener el lenguaje relacionado al despido injustificado.

“¿Quién le va a fiar un jamón a alguien en una panadería?”, cuestionó González. “Hay que darle una seguridad de empleo a estas personas”.

Rodríguez le contestó que “el problema” con la Ley 80 son los litigios extensos por despido. La medida de La Fortaleza dispone que a partir de que entre en vigor la ley un empleado no tendrá una causa de acción en contra de su patrono por “meramente” ser despedido.


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