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El gobernador Ricardo Rosselló negoció con la Junta de Supervisión Fiscal la derogación de la Ley 80, a cambio de más dinero para su oficina, y mantener el bono de Navidad y las licencias por vacaciones y enfermedad. (ARCHIVO)

Los $13.5 millones de inyección nueva presupuestaria que le aprobó la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) a la Oficina del Gobernador serán destinados a la implantación de cinco iniciativas, cuatro de ellas promesas de campaña del gobernador Ricardo Rosselló, que incluye la Comisión de la Igualdad para Puerto Rico, el ente creado el año pasado que busca la estadidad para la isla.

El Proyecto PR Dashboard, el Programa de Línea Directa a los Municipios, la Mesa de Diálogo Multisectorial Permanente y el Proyecto PRITS forman parte de los compromisos programáticos del gobernador. De hecho, constan en el Plan para Puerto Rico.

A la Mesa de Diálogo Multisectorial Permanente, según el presupuesto sometido por la JSF a la Legislatura, se le asignan $500,000 que también son para “la implantación de la Ley 30-2017”. Este estatuto dio paso a la Comisión por la Igualdad que aboga por la estadidad para la isla, tema del que, hasta ahora, había guardado distancia la JSF. De hecho, en el primer plan fiscal que sometió Rosselló se le exigió que lo enmendara por sus argumentos políticos en favor de esta fórmula de status.

La Oficina del Grupo de Trabajo Fiscal y Económico del Gobernador (FEWG, en inglés) es, de entre las cinco iniciativas, la única que figura en el plan fiscal aprobado por la JSF. En síntesis, para el próximo año fiscal, el presupuesto de la Oficina del Gobernador -en el área de Comunicación y Servicios al Ciudadano- tendrá una inyección adicional de $13.5 millones para esas iniciativas.

Sin embargo, estas iniciativas son desconocidas ya que poco se sabe sobre cómo se implantarán y sus objetivos certeros.

Rosselló y la JSF acordaron derogar la Ley contra el Despido Injustificado (Ley 80-1976) a cambio de más dinero en el presupuesto y de proteger, pero solo mientras dure el plan fiscal por cinco años, el bono de Navidad y las licencias de vacaciones y enfermedad.

El Nuevo Día pidió a La Fortaleza información sobre estas iniciativas, pero no hubo respuesta más allá de referir al Plan para Puerto Rico y al plan fiscal.

“El pueblo sabe que, al final del día, el dinero sale de los bolsillos del pueblo. Entonces el pueblo está ya más preocupado y más alerta de qué se hace con el dinero. Lo que esperaría es que el gobierno tenga más sensibilidad hacia eso y rinda más cuentas y sea más transparente. Pero eso no pasa”, sostuvo la profesora en administración pública, Yolanda Cordero.

El gobernador ha justificado el alza salarial a su oficina -de 182%- indicando que estas iniciativas estaban bajo la dirección de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) y ahora su oficina asumirá la jurisdicción. El director de la OGP, José Marrero, lo secundó. Pero dijo que la Oficina FEWG y PRITS, son nuevas.

La Oficina FEWG recibirá en presupuesto $4 millones. La JSF le redujo $1 millón que había asignado en el borrador del presupuesto recomendado. Según el plan fiscal, a esta oficina deben reportarse los llamadosProject Management Officers (PMO), figuras que creó el gobernador en cada agencia para acelerar proyectos medulares como el empleador único, la reforma educativa y la transformación del gobierno.

“Esa oficina es lo que sería similar o el análogo del Consejo Económico Nacional que existe bajo la Casa Blanca. Los PMO se agrupan. Es como una oficina de proyectos programáticos bajo el plan fiscal. Le responde directamente al gobernador”, dijo el representante del gobernador ante la JSF, Christian Sobrino.

Mientras que a la Mesa de Diálogo Multisectorial Permanente se le asignan $500,000. El dinero, especifica el presupuesto, es también para la Comisión de la Igualdad para Puerto Rico que aboga por la estadidad para la isla. Sus siete miembros se han reunido tres veces en Washington. La mesa tiene un director ejecutivo que, al momento se desconoce, y “contará con el personal que se estime conveniente”, reza la Orden Ejecutiva que le dio paso al grupo. El decreto fue firmado por Rosselló el 29 de diciembre de 2017.

La mesa busca, mediante comunicación, minimizar “conflictos entre distintos sectores de la sociedad”, dice la Orden Ejecutiva de cuatro páginas.

Al Proyecto PRITS le asignaron $7 millones. Es definido como uno de digitalización para mejorar servicios del gobierno.

El proyecto persigue actualizar los servicios provistos a través de la página www.pr.gov, mejorará “la captación del IVU con un sistema integrado de todos los impuestos, para poder ver las discrepancias y atenderlas estableciendo un sistema donde todas las transacciones en tarjeta de débito o crédito pasen directamente a los municipios y a Hacienda”, reza el programa de gobierno.

Sin embargo, esta explicación no parece ser distinta a lo que será PR Dashboard para el que se asigna $1 millón. Es descrito en el Plan para Puerto Rico como una “plataforma digital para integrar y tener visibilidad de los datos principales de las agencias más grandes para propósitos gerenciales”.

Otro $1 millón en presupuesto es para el Programa de Línea Directa a los Municipios. Busca dar “más y mejores servicios a los ciudadanos”, dice el Plan para Puerto Rico. “Contempla traspasar servicios a los municipios, facilitar la accesibilidad a los programas que ofrecen las agencias, ofrecer apoyo técnico, dar mayor acceso a recursos externos y facilitar la identificación de fondos federales, entre otros servicios”, explica el documento, pero no precisa si con el traspaso de servicios, el gobierno central también concederá dinero a los municipios, una de las quejas principales de los alcaldes -populares y penepés- que hoy tratan de conformar una organización que los agrupe a ambos.


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