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Ricardo Llerandi. (GFR Media)

La administración de Ricardo Rosselló Nevares está dispuesta a llegar a los tribunales para enfrentar a la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) en su defensa a la ley que exime a los municipios del pago de las pensiones y la aportación al plan de salud del gobierno.

Así lo indicó este miércoles el secretario de la Gobernación, Ricardo Llerandi, rodeado de tres alcaldes del Partido Nuevo Progresista (PNP) que se reunieron hoy con Rosselló Nevares.

Aunque reconoció que la ley federal Promesa le da amplios poderes a la JSF, Llerandi dejó la puerta abierta para defender la postura del gobierno en los tribunales.

“No hay certeza alguna teniendo a un ente fiscal que tiene algunas prerrogativas que la ley Promesa le otorga, aparte de las se han abrogado, que no están incluidas en Promesa. Nosotros estamos haciendo nuestra parte cumpliendo con el compromiso con los alcaldes y los municipios. No descartamos ninguna vía -de tomar alguna determinación la Junta- elevar el planteamiento a nivel legal”, dijo el secretario de la gobernación finalizada la reunión de los alcaldes con el primer ejecutivo.

De esta forma, el gobierno no solamente acudiría a los tribunales para defender el presupuesto recomendado por el gobernador, sino también si la JSF decide reducir las pensiones, eliminar el bono de Navidad o dejar sin efecto la “Ley para la Reducción de las Cargas Administrativas de los Municipios” (Ley 29-2019).

El estatuto exime a los municipios de hacer una aportación al plan de salud del gobierno, llamado Vital, y de pagar pensiones a través del sistema de retiro conocido como “PayGo”. Ese dinero sería redirigido al Fondo de Equiparación, un pote que asigna recursos a los ayuntamientos para que puedan igualar sus ingresos con los del año anterior si recaudan menos. La JSF no se opone al estatuto, pero ha reclamado al gobierno que asigne los fondos para su implementación.

El gobierno, en cambio, aumentó la partida del presupuesto del 2020 en vez de redirigir el dinero del tope de $9,100 millones que determinó la JSF.

Bajo ese escenario y a preguntas de El Nuevo Día, el secretario de la Gobernación rechazó que el gobierno se haya buscado esta encrucijada.

“No. Los ingresos estimados han sido cumplidos y rebasados consistentemente. El dinero de los contribuyentes del pueblo de Puerto Rico da para cumplir con esta obligación del Estado eximiendo a los municipios y sobra como quiera dinero estimado”, sostuvo Llerandi.

Igualmente, rechazó el planteamiento de la directora ejecutiva de la JSF, Natalie Jaresko, de que ese dinero que sobra será usado para restablecer el pago de la deuda.

“No. Hay que preguntarla a la Junta para qué están reteniendo el dinero. Ella sabe que los ingresos que se están estimando y los que se han logrado en los dos pasados años fiscales da [ara cumplir con el pago de la deuda”, dijo Llerandi.

Los alcaldes de Bayamón, Cataño y Camuy destacaron que la Ley 29 es el derecho vigente por lo que los estimados del Centro de Recaudación de Ingresos Municipales se emitieron contando con ese estatuto.

“Eso es lo que está vigente ahora. De la única manera que la Junta pudiera cambiar eso, es que lo lleve a corte y ya pues nos veremos en su día en corte”, afirmó el alcalde de Bayamón, Ramón Luis Rivera Cruz.

Mientras el alcalde de Camuy, Edwin García, destacó que los alcaldes que componen el plan piloto conformado por la Junta al amparo de la ley promesa, también estarán enviando los presupuestos y el plan fiscal que les exigen contando con la Ley 29.


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