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Las decisiones económicas del Gobierno tomaron matices  intensos de partidismo político a partir del 2005, cuando el poder  se dividió entre un Ejecutivo del Partido Popular Democrático (PPD) y un Legislativo controlado por el Partido Nuevo Progresista (PNP).

La división ocurrió después de unas elecciones muy cerradas en las que el PNP acusaba al PPD de atribuirse votos en la papeleta para la gobernación que, a juicio de los novoprogresistas,  eran inválidos. La tirantez entre las colectividades ocurrió posiblemente en la peor coyuntura histórica puesto que estaban a punto de desaparecer los incentivos contributivos para la manufactura que quedaban del periodo de transición de la Sección 936, los precios del petróleo continuaban aumentando aceleradamente, los recaudos del Gobierno disminuían con  rapidez, se perfilaban amenazas contra el crédito de Puerto Rico y la emigración comenzaba a ser un problema para la economía.

El gobernador  Aníbal Acevedo Vilá  heredó unas deficiencias presupuestarias de $1,300 millones de su antecesora  Sila M. Calderón. Gran parte de ese descuadre se debió al aumento de salario a los empleados públicos que Calderón concedió en el 2004 y para el que no había dinero disponible, según el expresidente del Banco Gubernamental de Fomento (BGF)  Juan Agosto Alicea.  

De hecho, los problemas de recaudos y la llamada deuda extraconstitucional llamaban la atención de las casas acreditadoras en Nueva York, que advertían problemas crediticios si no se enderezaban las finanzas del Gobierno. Ya para el 2004 la deuda extraconstitucional alcanzaba los $7,981 millones. 

La tensión entre la Legislatura novoprogresista y el gobernador Aníbal Acevedo Vilá se empezó a recrudecer durante la creación del presupuesto del año fiscal 2005-06. El mandatario propuso una serie de ajustes tributarios temporales en lo que se legislaba una reforma contributiva que permitiera allegar más fondos al Gobierno. Uno de los problemas era que las contribuciones (por concepto del toll gate tax) que dejaban en la Isla las empresas acogidas a los beneficios de la Sección 936 no producían la misma cantidad de dinero que antes.

 Las propuestas, en términos generales, fueron rechazadas por los legisladores del PNP y el gobernador vetó el proyecto presupuestario que recibió de la Legislatura y optó por mantener el presupuesto deficitario que heredó de la administración anterior. Y el dinero se acabó.

 El cierre del Gobierno de Puerto Rico a inicios de mayo de 2006 fue tal vez uno de los eventos que mejor marcó la crisis fiscal y económica que recién comenzaba.    El propio Acevedo Vilá admite que el cierre gubernamental tuvo, al menos, un efecto psicológico en los puertorriqueños que aceleró la recesión.

Según el expresidente del Colegio de Contadores Públicos Autorizados  Luis Torres Llompart, para esos años todavía había muchos inversionistas dispuestos a invertir en Puerto Rico y el cierre simplemente los ahuyentó. La inestabilidad política podía atentar en contra de los negocios que querían desarrollar.

Para entonces eran múltiples los problemas económicos del Gobierno y del mundo. El economista  Elías Gutiérrez  recordó que en el 2005 comenzó la gran crisis financiera en los Estados Unidos. También los elevados costos del petróleo seguían siendo un enorme dolor de cabeza. De hecho, para el 2008  el precio del petróleo ya alcanzaba los $92.57  el barril. Diez años antes el costo apenas superaba los doce centavos.

La falta de efectivo en el Gobierno desataba complicaciones adicionales al ya enredado escenario político.   Tras una intervención de líderes religiosos y exfuncionarios gubernamentales, la Legislatura, que era encabezada en la Cámara por  José Aponte  y en el Senado por  Kenneth McClintock, llegó  a un acuerdo con el Ejecutivo: un préstamo para cubrir los gastos del Gobierno, la imposición del Impuesto sobre Ventas y Uso (IVU) y una serie de recortes presupuestarios y controles de gastos. Cuando se propuso el cambio, el Gobierno insistía en que no se afectarían los precios de los artículos puesto que se eliminaba el arbitrio general del 6.6%. Esto resultó no ser cierto. 

“En aquel momento había un consenso de que Puerto Rico tenía que moverse a un impuesto de consumo porque en Puerto Rico tienes una economía subterránea gigantesca, y la única manera que teníamos de ponerla a tributar es cuando gastan el dinero”, justificó McClintock.

 Eventualmente se creó la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (Cofina). Para el 2008 el ente había emitido $6,329 millones en bonos, para refinanciar la deuda extraconstitucional. De los $12,990 millones en deuda que se añadieron durante este cuatrienio 2005-2008, Acevedo Vilá sólo admite $6,733 millones como suya.

El exjefe de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) Jorge Aponte, quien también es hermano del expresidente cameral José Aponte, opinó que el gobierno compartido fue más positivo que negativo, en parte porque la adversidad política impedía el uso de préstamos.

“Ese control de la Rama Legislativa de no aprobar cuanto préstamo se solicitaba impidió que creciera tanto la deuda”, dijo Aponte. No obstante, Cofina abrió una nueva puerta para el endeudamiento que se explotaría los años subsiguientes.


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