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(Archivo/ GFR Media)

WASHINGTON-  Con una inversión millonaria en cabildeo y litigación judicial, firmas de inversiones han logrado bloquear durante los últimos dos años los esfuerzos a favor de que el gobierno de Puerto Rico tenga un estatuto legal general que le permita reestructurar su deuda de casi $70,000 millones.

Poco a poco, además, esas empresas de Wall Street han logrado avanzar la idea en Washington de que el Congreso imponga una junta federal de control fiscal que arrebate a los funcionarios electos del gobierno de Puerto Rico el poder que ahora tienen para manejar su presupuesto y sus planes financieros.

La imagen reciente de este forcejeo es la campaña publicitaria de cerca de $2 millones que el Centro para la Libertad Individual (CFIF, en inglés) ha mantenido en las principales cadenas de televisión de Estados Unidos y hasta en canales y emisoras de radio de los distritos de los miembros del Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes, que tienen en sus manos la papa caliente del proyecto 4900 que impondría una junta federal de control fiscal por encima del gobierno de Puerto Rico.

Pero, el garrote de una junta federal que asuma el control de las finanzas del gobierno de Puerto Rico ha sido impulsado por firmas de inversiones, por medio de campañas publicitarias previas y un persistente cabildeo en el Congreso, desde el mismo momento en que se aprobó la ley criolla de quiebras en junio de 2014.

En aquel momento, los anuncios de grupos conservadores en medios estadounidenses indicaban que salían en defensa de Doral en su pugna con el gobierno de Puerto Rico debido a un crédito de $229 millones, pero el argumento de fondo era favorecer que el Congreso impusiera una junta federal de control fiscal.

Las empresas y bufetes que cabildean a favor y en contra de que Puerto Rico tenga autoridad para reajustar sus obligaciones financieras públicas han gastado millones para cabildear en el Congreso sobre la posible quiebra de dependencias del gobierno puertorriqueño y otros temas.

En algunos casos, por el tema de la quiebra federal ser parte de muchas tareas distintas dadas a cabilderos, no es posible calcular con precisión el costo de las gestiones referentes a la crisis fiscal y de deuda pública de Puerto Rico.

Pero, los entre los gastos de puro cabildeo a favor y en contra, junto a las campañas de publicidad, deben superar fácilmente los $10 millones.

"El cabildeo de los fondos buitres, bajo la cobertura de caras nuestras, ha confundido al Congreso con una narrativa casi racista", indicó el puertorriqueño Javier Ortiz, socio de Falcon Cyber y director ejecutivo de la Iniciativa para la Recuperación Económica de Puerto Rico (Preri, en inglés), un grupo creado con el propósito de educar sobre asuntos de la Isla y que ha participado en sesiones informativas del Comité de Recursos Naturales.

Entre las firmas de inversiones, la matriz de los fondosOppenheimer es la que más dinero parece haber gastado en puro cabildeo en el Congreso, según el registro del Senado estadounidense. Pero, los cerca de $3.5 millones que Massachusetts Mutual Life ha destinado en los dos últimos años a cabildear en contra de los proyectos del capítulo 9 y la nueva legislación 4900, también los han utilizado para presionar en torno a otras muchas iniciativas no relacionadas con la Isla.

Desde el segundo semestre de 2015, la aseguradora de bonos municipales Assured Guaranty – que demandó al gobierno en diciembre después de que activó la cláusula de retención o 'clawback' para cumplir con las obligaciones generales-, también ha destinado por lo menos $865,000 a combatir que el Congreso ofrezca a Puerto Rico un mecanismo para reestructurar su deuda pública.

Assured Guaranty tiene como cabildero al bufete de Steptoe & Johnson, donde es socio el exgobernador Luis Fortuño. El exgobernador no está entre los cabilderos que trabajan con Assured Guaranty. Fortuño ha sido parte de la campaña de la Coalición pro Estabilidad Fiscal, que incluyó al presidente del Senado, Eduardo Bhatia, a favor del capítulo 9.

La otra financiera municipal que demandó al gobierno, Ambac, tiene como cabildero a Harbinger Strategies, que ha reportado invertir unos $320,000 en los esfuerzos de presión ante el Congreso.

Otro de los principales actores es la firma de inversiones BlueMountain, cuyos cabilderos han reportado haber destinado desde enero de 2015 $450,000 a las gestiones en el Capitolio federal. Blue Mountain ha dependido de los bufetes Gibson, Dunn & Crutcher ($140,000), Venable ($110,000) y la empresa Liberty International Group ($200,000), ésta última del excongresista republicano Connie Mack (Florida).

Los cabilderos de Franklin Advisors ($150,000), Marathon Asset Management ($120,000), Angelo Gordon & Company ($110,00), Knightgead Capital Management ($90,000) y D.E. Shaw Galvanic Portfolios ($80,000) también han reportado gastos significativos durante el último año.

Los cabilderos hasta se comparten. Por un tiempo, BlueMountain, Franklin Advisors, Knighthead, Angelo Gordon, D.E. Shaw y Marathon Asset Management aportaron cada uno $10,000 por trimestre para hacer presión conjunta a través de los cabilderos de Venable.

La batalla de Oppenheimer Funds, BlueMountain y Franklin Advisors en contra de que el gobierno de Puerto Rico pueda reestructurar su deuda a través de un estatuto de quiebras ha  tenido lugar desde la misma aprobación de la ley criolla de quiebras, ahora pendiente ante el Tribunal Supremo de Estados Unidos.

Las firmas de inversiones comenzaron la presión en Washington en contra del acceso del gobierno de Puerto Rico al capítulo 9, tan pronto el comisionado residente Pedro Pierluisi, en julio de 2014, sometió el primer proyecto sobre este asunto.

En estos momentos, la presión pública en contra de autorizar un procedimiento de bancarrota para la Isla se centra en la campaña del CFIF, la que la publicación Politico ha calculado ha tenido un costo de $2 millones.

La fundación "SunLight" estima que por lo menos $200,000 se han gastado en la zona de Washington D.C.

En los anuncios – que han calado entre los conservadores del Congreso-, el CFIF describe el proyecto 4900 como un "rescate financiero" a costa de los contribuyentes estadounidenses y un precedente que luego podrán reclamar estados en crítica situación financiera como Illinois.

"En mi caso no son anuncios de televisión, como le ha sucedido (en Utah) a (Rob)  Bishop como presidente de la comisión, pero sí en la radio", dijo hace unos días el congresista republicano Doug Lamborn (Colorado), uno de los conservadores del Comité de Recursos Naturales que ha frenado el 4900.

También se llevó la publicidad al distrito de boricua Raúl Labrador (Idaho), entre otros miembros del Comité.

Pero, antes que el CFIF estuvieron aquí presentes los mensajes  publicitarios de 2014 y 2015 de otros grupos conservadores como  American Future Fund (AFF) e Hispanic Leadership Fund – principalmente por medio de anuncios de periódicos-, en contra del gobernador García Padilla, el proyecto 870 a favor de la quiebra federal de Pierluisi y/o en defensa de Doral.

Durante los meses de los anuncios de AFF, también estuvieron activos en Washington sobre los asuntos de Puerto Rico la firma de relaciones públicas DCI Group y la empresa de cabildeo Liberty International Group del ex congresista Mack, quien ha asesorado a BlueMountain.

La firma de abogados que llevó el caso de Doral-Gibson, Dunn & Crutcher-, ha representado también, en los tribunales y como cabildero a BlueMountain. DCI Group y el excongresista Mack, mientras, trabajaron para el grupo American Task Force Argentina, que desde 2001, cuando el gobierno argentino comenzó a reestructurar su deuda, reclamaba el repago de miles de millones de dólares de inversionistas estadounidenses.

La respuesta

Los esfuerzos a favor de que el gobierno de Puerto Rico tenga acceso a un estatuto de quiebras ha descansado, en términos de cabildeo - como era de esperarse-, en los bufetes contratados por la administración de Alejandro García Padilla.

Pero, ha tenido el apoyo de sectores privados y estadistas, entre estos Empresas Fonalledas – que ha destinado cerca de $1 millón a favor de que Puerto Rico tenga acceso al capítulo 9 de la ley federal de quiebras-, y el Puerto Rico Statehood Council ($150,000), que preside José Fuentes, quien es también cabildero de las Empresas Fonalledas.

Aunque han tenido otros asuntos entre sus asignaciones, en los pasados dos años, las empresas de cabildeo Podesta Group ($1.23 millones), Miller y Chevalier ($1.13 millones), Prime Policy Group ($908,000), The Toby Roth Group ($608,000) y Smith & Dawson ($390,000) han tenido contratos con el gobierno de Puerto Rico que rondan los $4.26 millones.

Cuando la Administración de Asuntos Federales (Prfaa) anunció la contratación del excongresista Roth, su director, Juan Eugenio Hernández Mayoral, destacó la estrechas relaciones de Roth con su excolega de Wisconsin, el ahora speaker Paul Ryan.

Pero, el gobierno de Puerto Rico insatisfecho con el proyecto 4900.

En su más reciente viaje a Washington, al ser preguntado sobre el desempeño de Roth, el gobernador Alejandro García Padilla dijo que la evaluación del trabajo de sus cabilderos lo haría más adelante.

"Si bien los cabilderos de los bonistas han sido efectivos en llevar su mensaje, el mayor responsable para el estado actual del proyecto es el gobernador de Puerto Rico", dijo el puertorriqueño Carlos Mercader, subdirector ejecutivo del grupo Alianza Latina Conservadora y quien también ha participado de las conversaciones con el Congreso en torno a la crisis fiscal.

Mercader, quien ha colaborado con el precandidato a gobernador por el PNP Ricardo Rosselló – opuesto al acceso de Puerto Rico al capítulo 9 de la ley federal de quiebras-, destacó sobre todo la falta del gobernador en entregar al Congreso los estados financieros auditados de los años fiscales 2014 y 2015.

La petición del Tesoro

Cuando la Cámara baja federal recesó casi tres semanas entre finales de marzo y abril pasados, fue cuando más fuerza cobró la campaña de televisión y radio del CFIF en contra de que Puerto Rico cuente con un mecanismo para reestructurar su deuda.

"¿Quién hubiese pensado que el tema de más presión en el primer distrito de Utah era Puerto Rico?", cuestionó el republicano Bishop a mediados de abril. A pesar de que sus ayudantes fueron los principales redactores de la legislación, el nombre de Bishop- después de los mensajes del CFIF en su distrito-, no apareció como principal autor de la legislación. En vez, el speaker Ryan echó mano del nombre de su compañero de delegación, Sean Duffy (Wisconsin), quien antes se había opuesto a la posibilidad de que las obligaciones generales del gobierno central pudieran ser reestructuradas.

En momentos en que el Congreso disfruta de otro receso legislativo, el propio secretario del Tesoro, Jacob Lew, hizo una advertencia a los legisladores federales, en su carta del lunes, sobre el efecto de las campañas en contra de la legislación.

Mientras, en un evento en California, ayer reconoció que la campaña publicitaria surge de firmas de inversiones que quieren "maximizar sus ganancias, aunque otros obtengan nada y todo el sistema colapse". 

?En la carta del lunes, el secretario Lew sostuvo que no actuar con premura "da a aquellos que buscan evitar que el Congreso apruebe un proyecto, más tiempo para continuar haciendo alegaciones inciertas y engañosas". 


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