Ramón Hernández, alcalde de Juana Díaz. (semisquare-x3)
Ramón Hernández, alcalde de Juana Díaz.

El alcalde de Juana Díaz, Ramón Hernández, presentó este miércoles en la mañana un conjunto de propuestas a la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), el gobernador Ricardo Rosselló Nevares y los presidentes legislativos Thomas Rivera Schatz y Carlos “Johnny” Méndez, que buscan dar paso a una nueva legislación que modifique el retiro de los alcaldes con más de 12 años de servicio.

Entre las propuestas del alcalde figura la eliminación de las escoltas a los gobernadores y la reducción de las pensiones a los jueces para ahorrar dinero.  

“En resumen, no estoy abogando por una pensión de 75% o 90% del salario, pero sí equipáreme al nivel de los empleados públicos. Ni más, ni menos. Los empleados públicos ahora mismos están a un 45% o 55% con 55 años de edad. En el caso mío estoy en el 9% para el 2017, y me tengo que retirar a los 65 años”, apuntó el alcalde al acudir a las oficinas de la JSF.

Las ideas permitirán que los alcaldes con 12 años de servicio consecutivo puedan recibir una pensión de 50% conforme a su salario o igual al resto de los empleados públicos y prohibiría que un alcalde jubilado pueda seguir en el cargo, según el ejecutivo municipal.

“Si eso no se puede hacer, que permitan retirar las aportaciones para hacer un 401K o hacer alguna inversión. No estoy hablando de privilegios sino de corregir una injusticia”, agregó el alcalde que acompaña su carta con sus datos personales que indican que se podría retirar en el 2025 con 65 años y con una anualidad de $624.05.

Contrario a lo que establece el proyecto del Senado 1148, que debe ser considerado por la Cámara de Representantes en enero próximo, Hernández dijo en una misiva de ocho páginas que “no favorecemos ni pretendemos que se otorguen beneficios de entre un 75% a un 90% para los alcaldes”.

“Tampoco favorecemos el que se cualifique para dicha pensión con apenas dos términos en el cargo. Aspiramos solo que se enmiende la injusticia al establecer legislación en el 2000 y en enmiendas posteriores”, indica el alcalde con 18 años en la poltrona de Juana Díaz.

Lo que el alcalde denomina como “injusticia” es la Ley 3 del 2013 que reformuló la pensión por retiro de los empleados gubernamentales y eliminó la llamada pensión del alcalde, que permitía una pensión de hasta 90% de su salario.

Esta ley crea unplan híbrido que establece una cuenta que se nutre de las aportaciones individuales de cada participante del sistema a partir del 1 de julio de 2013. El estatuto establece que se preservarán los beneficios acumulados de los empleados participantes del sistema que comenzaron a trabajar antes del 1 de enero de 2000 y que al 1 de julio de 2013 no sean participantes del Programa de Cuentas de Ahorro para Retiro.

“Esta ley te envía al peor de los escenarios que es al por ciento más baja y también a los 65 años de edad contrario a los empleados públicos que se pueden jubilar a los 55 años”, dijo el alcalde a El Nuevo Día.

Hernández aclaró que él no piensa retirarse próximamente, sino que aboga por justicia. “Yo pienso aspirar a la reelección. Lo que quiero es que me lleven a la equidad”, dijo.

El proyecto 1148, aprobado en el Senado, pero que no llegó a la Cámara de Representantes el último día de aprobación de medidas, permitiría que los alcaldes electos después del 2000 puedan tener una pensión por 30 años si estuvieron al menos dos cuatrienios frente al municipio, del 75% al 90% de su último salario. La JSF se expresó en contra de esa medida.

El alcalde de Juana Díaz indicó en su misiva que el conjunto de medidas que propone “trascienden” la intención legislativa del proyecto del Senado 1148.

¿Qué incluyen las propuestas?

La primera propuesta del ejecutivo municipal es para que se le elimine el beneficio de escoltas a los gobernadores.

“Esos recursos humanos, de equipo y económicos pueden ser reasignados a cubrir otras necesidades al servicio de la seguridad del país. Conforme la información obtenida el gasto por cada uno de los exfuncionarios es alrededor de $100,000 o sea cercano a $1 millón anual”, dice el alcalde.

Además, el funcionario menciona que el proyecto 1168, presentado en el cuatrienio pasado, que no prosperó y tenía el efecto de detener la concesión de escoltas a gobernadores una vez dejaran el cargo.

Aunque una decisión del Tribunal Supremo estipula que las escoltas a los exgobernadores son un “derecho adquirido”, Hernández se mostró confiado de que la JSF pueda pasar por alto esa determinación judicial.

Otra propuesta del alcalde es para reducir las pensiones de los jueces a tono con el discurso de la JSF de que los pensionados tendrán un recorte en sus beneficios.

“Ese mismo tipo de ajuste debe ser aplicado entonces a los jueces y a todos los oficiales electos que al presente tengan derecho a pensión”, dice el alcalde en la carta.

Por último, Hernández propuso un beneficio de retiro distinto al existente para los alcaldes en funciones del 2001 en adelante.  El alcalde indicó que se puede legislar para establecer que el alcalde debe tener 12 años consecutivos como mínimo de servicio, 55 años como edad mínima y una pensión de 50% conforme al salario.

“Siendo esa una pensión razonable”, sostiene el alcalde.

Además, el alcalde juanadino propone que, si el alcalde decide acogerse al beneficio del retiro, no puede permanecer en el cargo como han hecho algunos ejecutivos municipales.

“En los casos que un alcalde pierda una elección, y este pueda pensionarse que no pueda aspirar al mismo cargo. Estas requerirán enmienda constitucional”, advierte el alcalde.

“Otra alternativa sería que, bajo una enmienda a la Ley de Retiro, el alcalde pensionado que se reintegre a cualquier rama del servicio público se le suspenda el pago de su anualidad. Luego de su separación del servicio se le reanude el pago de la anualidad suspendida al alcalde pensionado”, sugiere el alcalde.

Hernández propone que, si no es posible legislar para modificar el sistema de retiro para los alcaldes electos a partir del 2000, se cree legislación para permitirle a esos alcaldes recibir el reembolso de las aportaciones acumuladas en retiro.


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