El congresista Rob Bishop cuestionó que la Junta acudiera a pedir la reestructuración de la deuda inmediatamente que venció la moratoria en la litigación judicial en contra del gobierno que otorgó Promesa. (horizontal-x3)
El congresista Rob Bishop cuestionó que la Junta acudiera a pedir la reestructuración de la deuda inmediatamente que venció la moratoria en la litigación judicial en contra del gobierno que otorgó Promesa. (Gerald López Cepero)

Washington - Como “amigo de la corte”, el presidente del Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes federal, Rob Bishop, advirtió este fin de semana que el tribunal de bancarrota territorial deberá en su momento determinar si el plan fiscal aprobado por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) protege a los acreedores.

Para Bishop, el tribunal que preside la jueza Laura Taylor Swain no podrá aprobar un “plan de ajuste” de la deuda pública si “el plan fiscal aprobado falla en cumplir con los requerimientos de la sección 201(b) de Promesa”, que, acentuó, incluye velar por los intereses de los bonistas.

Al intervenir ante el Primer Circuito de Boston en uno de los casos que ha presentado la aseguradora Ambac para impugnar el proceso de reestructuración de la deuda pública, el congresista Bishop sostuvo que la ley Promesa – que creó la JSF que controla las finanzas del gobierno de la Isla y puso en marcha el tribunal especial de quiebras-, quiso proveer protecciones a los acreedores “antes, durante y después” de los procedimientos que establece.

En ese sentido, Bishop cuestionó –quizá por vez primera– que la JSF acudiera a pedir la reestructuración de la deuda inmediatamente que venció en mayo de 2017 la moratoria en la litigación judicial en contra del gobierno que otorgó Promesa.

“El Comité (de Recursos Naturales) no tenía la intención de que el vencimiento de la suspensión de litigios diera inicio a los casos bajo el Título III; más bien, la suspensión automática fue incluida para permitir a la Junta de Supervisión un tiempo amplio para establecerse bajo el marco legal de Promesa, y para iniciar negociaciones voluntarias bajo el título VI”, indicó Bishop en su argumento, con fecha del 29 de junio.

En su escrito, Bishop indicó que por su comité haber tenido a su cargo la redacción y trámite de la ley Promesa, puede proveerle al tribunal “el trasfondo y la historia que puede facilitar la interpretación apropiada” del estatuto.

El mensaje, claramente, es que aún considera que tanto la JSF como el gobierno de Puerto Rico no están tomando en cuenta a los acreedores en los procesos de reestructuración de deuda y que el tribunal debe protegerlos.

En marzo pasado, Bishop envió una carta al presidente de la JSF, José Carrión, en la que consideró que el organismo fiscal no promueve un diálogo con los acreedores ni exige suficiente transparencia al gobierno de la isla.

“El reconocimiento de la deuda existente es clave para la recuperación de Puerto Rico, y va a requerir mucha más transparencia, rendición de cuentas, buena voluntad y cooperación de parte del gobierno de Puerto Rico y de la Junta”, indicó entonces Bishop.

Como presidente del Comité de Recursos Naturales tiene previsto encabezar –junto al número dos de la minoría demócrata, Steny Hoyer– una delegación del Congreso examinará sobre el terreno el próximo fin de semana cómo marcha la recuperación de Puerto Rico y las Islas Vírgenes estadounidenses, tras los huracanes Irma y María.

Hace unos días, también abrió la puerta a considerar el proyecto de ley de la comisionada residente en Washington, Jenniffer González, que tiene la intención, por medio de la creación de un Grupo de Trabajo del Congreso, de encaminar un proceso hacia la admisión de Puerto Rico como estado.

“No es un mero plan”

Bishop, sin embargo, ha tenido como principal punto de su agenda de este mes una audiencia pública para examinar el funcionamiento de la ley Promesa y la JSF, a dos años de la aprobación del estatuto, que solo tendría vigencia bajo el actual status territorial.

El legislador federal republicano sostuvo en su argumento judicial que el plan fiscal –que acaba de ser revisado por la junta para imponer más recortes en el gasto público– “no es un mero plan para un plan de ajuste en un caso de Título III”.

“Más bien, el plan fiscal es un documento negociado con consecuencias económicas y gubernamentales con el que todos los presupuestos, leyes, contratos, normas, reglamentos y órdenes ejecutivas deben cumplir durante el mandato de la Junta de Supervisión, dentro del Título III o fuera de él”, afirmó Bishop.

Una de las demandas que tiene pendiente Ambac impugnó la cláusula de retención de ingresos dirigidos a corporaciones públicas –“clawback” en inglés–, por entender que constituye un acto de confiscación del gobierno en contra de los acreedores.

El “amicus curiae” (amigo de la corte) surge al tiempo que bonistas de la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) litigan en el foro apelativo un fallo adverso emitido por la jueza Swain que en esencia permitió a esa corporación continuar utilizando los recaudos de peajes para sus gastos operacionales y que el gobierno central se quede con la diferencia a través de la cláusula de “clawback”.

Bishop afirmó que de acuerdo con el estatuto, el plan fiscal “deberá respetar las prioridades legales relativas o gravámenes legales en vigor antes de la promulgación de Promesa y garantizar que los activos de una (corporación pública) territorial no se transfiere ni se utiliza en beneficio de otra”.

Como en el capítulo 9 de la Ley federal de Quiebras, Bishop sostuvo que Promesa protege la obligación de pago a los acreedores de los fondos provenientes de “provisiones para ingresos especiales”. Y advirtió que la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y la ACT, entre otras corporaciones públicas, tienen deuda amarrada a esos mecanismos de recaudos.

Para Bishop, “los gravámenes de los acreedores sobre los flujos de ingresos especiales nose ven interrumpidos por la presentaciónde un caso del título III, eximiendo sus reclamos de la suspensión automática” de litigios.

Bishop pidió al tribunal que analice Promesa “como un procedimiento estatutario abarcador diseñado” para que Puerto Rico pueda “restablecer la responsabilidad fiscal y su accceso a los mercados de capital”.


💬Ver 0 comentarios