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En enero, inicia la sesión número 116 del Congreso de Estados Unidos con una nueva composición resultado de las elecciones de medio término celebradas el 6 de noviembre. (GFR Media)

Washington - Como consecuencia de las elecciones legislativas estadounidenses, los debates en el Congreso sobre el status político de Puerto Rico y la supervisión de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) pueden dar un vuelco en enero, cuando comienza la sesión número 116.

El control demócrata de la Cámara de Representantes trae esperanzas a algunos de que haya voluntad para incrementar la asistencia para mitigar el desastre causado por el huracán María, mejorar el acceso al programa Medicaid y la plena extensión a la isla del crédito contributivo por niños dependientes (CTC).

Pero, sobre todo, es claro que desde el Comité de Recursos Naturales, con principal jurisdicción sobre los asuntos de Puerto Rico, habrá nuevos acercamientos a los temas del status y las iniciativas de la JSF sobre la crisis fiscal y de deuda pública de la isla.

Con respecto al status, no ha habido ni siquiera una audiencia sobre el plebiscito de junio de 2017, en torno al cual el demócrata Raúl Grijalva (Arizona), quien asumirá la presidencia del Comité de Recursos Naturales, tiene una visión muy distinta a la del republicano Rob Bishop.

Bishop es coautor del proyecto de la comisionada Jenniffer González –el número 6246–, que ella dice tiene la intención de convertir ahora a Puerto Rico en un territorio incorporado y crear un Grupo de Trabajo del Congreso que examine, en un plazo de 14 meses, los cambios en leyes que se requieren para convertir la isla, de cara a enero de 2021, en el estado 51 de Estados Unidos.

Grijalva ha indicado que cualquier debate sobre el status político de la isla no puede estar basado en el plebiscito de hace 17 meses, debido a la baja participación (23%). En medio de un boicot de los partidos de oposición, la estadidad obtuvo el 97% de los votos de aquella consulta.

No obstante, el gobierno del presidente Donald Trump, a través de los departamentos de Justicia y Estado, ha descartado como referentes los plebiscitos de 2012 y 2017, y establecido que no hay consenso en Puerto Rico en torno al status político de la isla.

“Ese plebiscito (de 2017) no cualifica. No fue un proceso de descolonización. Tiene que haber un nuevo proceso que sea de verdadera autodeterminación”, indicó la congresista demócrata Nydia Velázquez (Nueva York), enlace principal con el liderato de su partido en el Congreso en torno a los temas de Puerto Rico.

La comisionada González dijo la semana pasada en San Juan que su colega Bishop, como saliente presidente del Comité de Recursos Naturales, tiene aún en agenda atender su proyecto de ley.

Pero, al mismo tiempo, comentó que habrá “una expresión contundente” del Congreso sobre el tema del status y su legislación antes de que termine 2018.

Aunque no hay nada concreto aún, fuentes indicaron que la comisionada ha conversado con el liderato republicano la posibilidad de echar hacia delante una resolución a través de la cual la Cámara de Representantes de EE.UU. se expresesobre el status de Puerto Rico.

Bajo la jurisdicción de la Comisión de Recursos Naturales está también la supervisión de la ley Promesa, la junta fiscal y los esfuerzos para rehacer el sistema eléctrico de Puerto Rico.

Con el triunfo demócrata en la Cámara baja, de haber una renovación total de los miembros de la JSF en agosto próximo, el equilibrio que establece la fórmula de nombramientos de la ley Promesa garantiza que habrá cuatro funcionarios recomendados por republicanos y tres por demócratas, como ahora.

Como presidente del Comité de Recursos Naturales, Bishop –quien puede ser en enero el portavoz de la minoría– ha reclamado mayor participación para los acreedores en las negociaciones sobre la reestructuración de la deuda pública y el futuro de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE). En ese sentido, ha tenido sus garatas públicas con el gobernador Ricardo Rosselló.

Mientras, el congresista Grijalva ha visto el debate desde otra perspectiva. Por ejemplo, ha cuestionado las medidas de austeridad de la JSF, rechazado cualquier propuesta para que el gobierno de Puerto Rico pague la deuda pública mientras no haya crecimiento económico y abogado para que la transformación del sistema eléctrico se encamine hacia la energía renovable.

“Ningún plan fiscal debe priorizar los pagos de la deuda por encima de la salud y el bienestar del pueblo. Como mínimo, no debe haber ningún pago de deuda hasta que haya crecimiento económico sostenido”, indicó Grijalva, en una carta enviada en abril pasado al presidente de la JSF, José Carrión III.

Debido a la presión que puede recibir de la mayoría demócrata cameral, el representante del Partido Nuevo Progresista (PNP) José Enrique “Quiquito” Meléndez, afirmó que la JSF fue “la gran perdedora” de la elección de la semana pasada. Meléndez confía en que los demócratas emplacen a la JSF para pedir “mecanismos menos onerosos que garanticen el pago a los bonistas”.

Aunque está afiliado a los republicanos, Meléndez, crítico del presidente Trump, se mostró también optimista de que los demócratas cumplan con su promesa de investigar la respuesta federal a la emergencia que generó en Puerto Rico la furia del huracán María, donde se calcula causó 2,975 muertes.

“La gente ha dicho tanto sobre Puerto Rico que van a tener que cumplir de alguna forma”, indicó, por su parte, Jeffrey Farrow, quien fue copresidente del Grupo de Trabajo de la Casa Blanca sobre la isla durante la administración del demócrata Bill Clinton y ahora asesora a grupos estadistas.

Los demócratas han indicado que, además de querer examinar a fondo la respuesta federal al huracán María, reclamarán información a la Casa Blanca sobre las planillas del presidente Trump y defenderán la investigación del fiscal especial independiente Robert Mueller sobre la interferencia de Rusia en las elecciones de 2016, entre otras cosas. Las voces más liberales de los demócratas, además, quisieran iniciar un proceso de destitución en contra de Trump.

El presidente ya ha advertido que ripostará utilizando las oficinas del Ejecutivo para investigar a los demócratas.

Al pensar en la agenda boricua, Eduardo Bhatia, portavoz del Partido Popular Democrático (PPD) en el Senado, teme que las investigaciones de los demócratas de la Cámara baja y las actitudes de Trump generen “la mayor confrontación” en Washington desde la era de Watergate y un tranque legislativo.

A Bhatia también le preocupa el malestar que considera dejó entre los demócratas la poca solidaridad que tuvieron de la comisionada González y el gobernador Rosselló cuando, desde el Congreso, cuestionaban la lenta e ineficiente respuesta federal al desastre causado por el huracán María.

La comisionada, sin embargo, dijo en San Juan, la semana pasada, que tiene buenas relaciones con los demócratas, y que trabajará de cerca con el senador republicano Marco Rubio y posiblemente Rick Scott si se confirma la ventaja del gobernador de Florida en la contienda frente al senador demócrata Bill Nelson.

Javier Llano, cabildero del grupo Oldaker y representante de la aseguradora MCS, piensa que con la Cámara baja demócrata y el Senado republicano, más que nunca hay que centrarse en proyectos de consenso.

Tanto el presidente Trump como la posible speaker Nancy Pelosi han destacado la posibilidad de legislar un plan de inversión en la infraestructura, que tendría impacto en la isla.

Llano indicó que la agenda debe estar centrada en proyectos que beneficien la economía de Puerto Rico y ser bien coordinada, pues “sino vamos a perder dos años más en un Congreso dividido”.


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