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Elías Sánchez Sifonte, representante del gobernador ante la Junta de Supervisión Fiscal (JSF). (Archivo/ GFR Media)

El plan fiscal que confecciona el Ejecutivo está siendo afinado y, como parte de ese proceso, “la aspiración” es proteger todas las pensiones, dijo ayer el representante del gobernador ante la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), Elías Sánchez Sifonte.

Ahora bien, puntualizó que, de no poderse proteger todas las pensiones, el gobierno optará por recortes a las llamadas pensiones Cadillac.

“Se están modelando todos los distintos escenarios y no puedo decir ‘esto es lo que va a resultar’. La aspiración de la administración es proteger –al máximo– los pensionados y que no tengan que pagar las consecuencias de todas las decisiones erradas de pasadas administraciones”, sostuvo Sánchez Sifonte a este diario a su salida de una reunión “ordinaria” con el gobernador.

Como parte del cónclave, Sánchez Sifonte informó al gobernador que la JSF aprobó o dio el visto bueno para una línea de crédito de $30 millones en fondos federales, para proyectos del Departamento de la Vivienda.

Asimismo, dijo que la JSF delinea con el gobierno –en lo que calificó como un trabajo colaborativo– la confección del protocolo para determinar qué servicios gubernamentales son esenciales y establecerlo así en el plan fiscal.

“Todo lo que vienen siendo servicios esenciales, va a estar contemplado en el plan fiscal y eso lo tiene que certificar la Junta. Así que tenemos que estar en la misma página”, sostuvo Sánchez Sifonte.

La JSF le sugirió al gobierno de Rosselló reducir gastos por $3,000 millones y aumentar impuestos por $1,500 millones. Esto subsanaría una insuficiencia fiscal de $4,500 para cubrir el hueco fiscal estimado en alrededor de $7,600 millones. Unos $3,100 millones aproximadamente serían cubiertos con un recorte a lo que se les paga a los bonistas.

El primer mandatario no se ha manifestado en contra de tales reducciones, pero ha propuesto una ruta alterna que se propone detallar en el plan fiscal que debe entrega a la JSF el 28 de febrero.

Actualmente el plan “está –en término de lo que son los números base y de lo que son las estrategias– bastante definido. Lo que estamos es en el proceso de validar las estrategias y procesos para poder documentar y sostener las proyecciones”.

“La Junta lo que tiene que tener es certeza y visibilidad de que una acción se va a tomar. Me explico: es que el gobierno de Puerto Rico se ha caracterizado por decir que va a tomar medidas y no las toma. Presentan planes que nunca se ejecutan. Aquí se ha demostrado –con esta administración– que todo lo que el doctor Rosselló ha dicho, se va a hacer”, precisó.

“Todo está enfocado. Ya hay varios escenarios bastante adelantados. Todas las medidas que uno proponga, para el plan, uno tiene que documentarlas y sostener la efectividad de las mismas. Si voy a presentarle una opción distinta, tengo que poder documentar y demostrar que la mía cumple en términos de producir los ahorros o de allegar los ingresos y en eso estamos”, destacó Sánchez Sifonte.

“Se va a cumplir con el número total que requiere la Junta en términos de cerrar la brecha del déficit que puede que discrepemos en algunos renglones de cuánto debe ser en un renglón o en otro, pero en total que se va a ir cumpliendo con lo que la Junta había expresado”, abundó.

Se refiere a que el Ejecutivo no avala nuevos impuestos para el pueblo, despidos ni reducir las pensiones de “los más vulnerables”. En cambio, propone reducción de gastos, varias reformas –como la contributiva–, eficiencia gubernamental y alianzas público privadas participativas que, en conjunto, apuesta a que le allegarían más ingresos al fisco.

Todo para Retiro

De ese dinero que se logre y de la reducción de gastos se les inyectarían fondos a los dos sistemas de retiro.

“Estamos haciendo todos los esfuerzos encaminados a destinar todos los ahorros gubernamentales y en áreas operacionales para proteger a los pensionados, sin límite. Esa es la máxima aspiración”, puntualizó Sánchez Sifonte sobre lo que se quiere hacer con todos los pensionados del País.

¿Ambivalencia? 

¿El gobierno no ha mostrado ambivalencia con el tema de las pensiones o imprecisión respecto a si las protegerá o cuáles protegerá?, cuestionó este diario--

“No ha habido ambivalencia. Ha habido mucha interpretación a base de declaraciones. Nuestra aspiración es proteger todas las pensiones. Es un ejercicio diario, enfrentando una gran brecha que hay que cerrar en términos de lo que hay que cuadrar y que, al final del día, se torna en dólares y centavos”, respondió.

Aseveró que hasta el 27 de febrero estarán haciendo ajustes al documento a entregar a la JSF.

El asunto de las pensiones es un tema árido para el gobierno, mientras la JSF propuso una reducción de 10% a todas las pensiones. Rosselló argumenta que hacerlo es sumir en la pobreza a muchos de ellos, que tienen pensiones de solo $400 mensuales. La pensión promedio de un maestro es de $1,432 mensuales y la de un empleado del gobierno central es de $1,050.47 mensuales. El gobernador dijo anteayer que “aquellos que tengan más capital en algunas áreas –como estas (las pensiones)– pues deben aportar más en esta situación fiscal”.

“Las pensiones Cadillac, que rebasan por mucho los parámetros, esos casos se están evaluando los ajustes, pero el pensionado promedio, ese no se va a tocar ni con una vara larga. Eso no se va a tocar”, afirmó.

“Nuestra aspiración en todo el ejercicio es proteger –al máximo– ese renglón de las pensiones y en un caso extremo, considerar las pensiones que rompen la curva de lo que es el promedio de las pensiones”, continuó Sánchez Sifonte.

Preguntado si se haría lo miso con la Universidad de Puerto Rico (UPR) en términos de la matrícula y aquellos que pueden pagar en base a sus ingresos, el representante del gobernador en la JSF dijo que las reducciones del primer centro docente del País las trabajan ellos.

Reiteró, al igual que otros miembros del Ejecutivo, que la UPR no ha entregado su plan fiscal para incorporarlo al que entregará Rosselló el próximo 28 de febrero.

Cuestionado sobre si, ante la ausencia de ese informe de la UPR, el Ejecutivo presentaría sus propuestas de reducción de gastos para la institución académica, Sánchez Sifonte dijo que “no es tan sencillo”.

“No tenemos la documentación financiera de la UPR. La UPR tiene que cumplir. Si incumple, entonces la Junta impondrá parámetros a base de la información que tenga”, advirtió. “La Universidad ha pedido su autonomía y su capacidad, pues entonces la tienen que demostrar ahora”, agregó.

Ayer, la administración de la UPR no contestó llamadas de este diario para abundar sobre el estatus de su plan fiscal.


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