El gobernador defiende medida que toca el Sistema de Retiro (semisquare-x3)
El gobernador Ricardo Rosselló Nevares convierte en ley las enmiendas a las leyes 20, 22 y 73. (Wanda Liz Vega Dávila)

El gobernador Ricardo Rosselló Nevares sostuvo este martes que, contrario a las denuncias hechas por el Capítulo de Jubilados y Pensionados de la Federación de Maestros, la Resolución Conjunta de la Cámara 188 no representa una “amenaza” sino que viene a asegurar el pago de la pensión de los trabajadores públicos que un día sirvieron al Gobierno.

El primer ejecutivo sostuvo que el Sistema de Retiro como se conocía ya no existe, “se acabó” ante la inexistencia de recursos que puedan asegurar los pagos de las pensiones a largo plazo.

“Lo que nosotros hemos hecho es que hemos cambiado de un sistema donde era un fondo a un pay go system, donde lo que implica es que ahora el gobierno bajo el Fondo General asume la responsabilidad del pago de la pensión”, explicó durante una conferencia de prensa en la que oficializó enmiendas a tres leyes para activar el desarrollo económico de Puerto Rico.

La mencionada medida le permite al Estado, además, tener visibilidad de los pagos que se hacen las distintas agencias y patronos para entonces pagarle a los retirados. “O sea, que los retirados no tienen que temer, todo lo contrario. La medida que vamos a hacer salva y garantiza el Sistema de Retiros. Si no hubiésemos implementado esto en el plan fiscal… el sistema de retiro se quedaba sin dinero en los próximos meses”, aseguró Rosselló Nevares.

“Esto es una medida positiva para los pensionados. Dejarlo como estaba antes, garantizaba que se quedaba sin dinero”, insistió.

Las expresiones del mandatario se dieron tras una manifestación, frente a La Fortaleza, donde portavoces del Capítulo de Jubilados y Pensionados de la Federación de Maestros, denunciaron que la medida -aprobada por ambos cuerpos legislativo y enviada al Ejecutivo el pasado 26 de junio- pretende sustituir el Sistema de Retiro de Maestros, el de empleados del gobierno central y la Judicatura por un plan privado.

Alegaron, además, que la propuesta elimina la aportación patronal y le permite al gobierno “apropiarse de los fondos ahorrados por los trabajadores”


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