Rosselló Nevares había reclamado un turno de 20 minutos para respaldar la denuncia presentada por su padre, (semisquare-x3)
Rosselló Nevares había reclamado un turno de 20 minutos para respaldar la denuncia presentada por su padre. (Luis Alcalá del Olmo)

Boulder, Colorado - Aunque no se le concedió un turno independiente, el gobernador Ricardo Rosselló Nevares viajó esta tarde hacia Boulder, Colorado, para presenciar mañana la audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en que se examinarán querellas de sectores estadistas que denuncian que Estados Unidos viola los derechos humanos y civiles de los residentes de la Isla, al excluirlos del colegio electoral estadounidense.

Previamente, la CIDH confirmó que solo los peticionarios pueden tener un turno en la vista pública de mañana, que tendrá lugar en la sede de la Escuela de Derecho de la Universidad de Colorado, en el cierre de las audiencias de esta semana, como parte del período de sesiones 169 del organismo internacional.

Rosselló Nevares había solicitado un turno de 20 minutos, independiente al tiempo que se le ha concedido a los peticionarios, el exgobernador Pedro Rosselló González, padre del gobernador, y el abogado estadista Gregorio Igartúa.

Otros que habían pedido espacio para declarar fueron el grupo Junte de Mujeres 2018 y el portavoz del Partido Popular Democrático (PPD) en el Senado, Eduardo Bhatia.

Bajo el reglamento de la CIDH, en las audiencias públicas los turnos se conceden sólo a los peticionarios, dijo a El Nuevo Día una portavoz de la organización Interamericana.

Todavía estaba bajo discusión si el gobernador Rosselló Nevares utilizaría alguna parte del tiempo concedido a su padre.

Rosselló González e Igartúa presentaron sus querellas en contra de Estados Unidos en 2006. Ambas fueron admitidas la pasada primavera, y serán analizadas mañana en una audiencia del período 169 de sesiones de la CIDH, un organismo consultivo de la Organización de Estados Americanos (OEA).

Tanto el gobernador Rosselló Nevares como los presidentes del Senado, Thomas Rivera Schatz, y de la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez, están en el listado de 13 delegados que el exgobernador Rosselló González llevaría a la sesión.

La Fortaleza indicó que el viaje del gobernador – quien a principios de semana estuvo en Orlando (Florida) y la semana pasada en Nueva York, no será financiado con fondos públicos.

Las querellas del exgobernador Rosselló González y el abogado Igartúa denuncian que la falta de derecho al voto por el presidente de EE.UU. y a elegir congresistas con plenos derechos, representa una violación de los derechos humanos de los residentes de Puerto Rico.

“Estamos totalmente de acuerdo con los peticionarios en que (la ausencia de participación en la formación del gobierno federal) representa una grave violación de los derechos humanos por parte de los Estados Unidos en contravención de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre”, indicó el gobernador Rosselló Nevares, cuando pidió el mes pasdo un turno independiente a la CIDH.

Poco después, el grupo Junte de Mujeres 2018 también solicitó que se le permitiera testificar para advertir que Puerto Rico requiere un proceso de libre determinación y que “el anexionismo es primeramente un asunto político” no de derechos humanos.

Al conocer que no podrán declarar en la audiencia de mañana, el Junte de Mujeres envió una carta a la CIDH, para acentuar su posición de que el debate sobre el status de Puerto Rico no se basa en la exclusión de los residentes de la Isla del colegio electoral estadounidense.

“La ciudadanía estadounidense a la que se refiere (el exgobernador Rosselló González) no es una condición inherente al nacimiento en un territorio nacional. Por el contrario, es una categoría de súbdito colonial diseñada a la medida por Estados Unidos para ser impuesta al pueblo de Puerto Rico en 1917. Los puertorriqueños, en virtud de ese diseño, no nacen en territorio nacional estadounidense, sino en un territorio no incorporado a la nación estadounidense. Eso significa que los derechos y deberes de plena participación en la organización social y política de Estados Unidos nunca le fueron otorgados a la colonia de Puerto Rico”, indicó el Junte de Mujeres 2018.

El Junte de Mujeres lo integran la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz del PPD; la vicepresidenta del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), María de Lourdes Santiago; la ex candidata independiente a gobernadora Alexandra Lúgaro; la presidenta del Partido del Pueblo Trabajador (PPT), Mariana Nogales; la presidenta del Movimiento Unión Soberanista, María de Lourdes Guzmán; y la copresidenta del Movimiento Independentista Nacional Hostosiano, Wilma Reverón Collazo.

Las seis dirigentes políticas afirmaron que la CIDH “debe concluir en propiedad que el estatus de Puerto Rico es un asunto político inconcluso de autodeterminación de un pueblo latinoamericano y caribeño cuyas ramificaciones de derecho civil y humano no pueden despacharse sin resolver su cuestión de fondo”.

“Validar la imposición del anexionismo en una colonia no tiene cabida en los estatutos y reglamentos que rigen la CIDH”, indicó el grupo en la carta que envió el 25 de septiembre a la presidenta de la CIDH, Margarette May Macaulay, y los otros seis comisionados.

En junio, el representante alterno de Estados Unidos ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Kevin Sullivan, pidió a la CIDH desestimar las querellas y mantuvo como defensa - sin reconocer la imposición de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) a cargo de las finanzas de la Isla y los poderes plenarios del Congreso-, que  Puerto Rico tiene gobierno propio a nivel local.

También utilizó como defensa la celebración  de primarias  presidenciales estadounidenses en Puerto Rico y la elección de un representante a la Cámara baja federal sin derecho al voto en el hemiciclo.

Aunque Sullivan indicó que si los estadistas quieren participar a corto plazo del colegio electoral estadounidense tienen la opción de mudarse a EE.UU., sostuvo que el gobierno federal tiene pendiente la petición de estadidad sometida por el gobierno de Puerto Rico tras el plebiscito de 2017.

Terminó por tachar el plebiscito de 2012 como referencia para el Ejecutivo federal. No obstante, Sullivan expresó que la estadidad ganó el referéndum celebrado en el 2017. En una nota al calce indicó que la estadidad obtuvo el 97% de los votos, pero que la participación fue de 23%.

Ayer, Rivera Schatz, publicó  un anuncio a doble página en el periódico legislativo The Hill, en el que exhorta a respaldar la estadidad para Puerto Rico y el proyecto de status de la comisionada residente en Washington, Jenniffer González.

Hoy, divulgó una declaración escrita que envió a la CIDH. “Ser buen americano es levantarse y protestar contra los remanentes de la segregación, la desigualdad y el discrimen que aun lesionan la Constitución y la bandera de nuestra Nación; que lesionan los verdaderos valores igualitarios de nuestros conciudadanos en los 50 estados de la Unión; y también al sistema de Derechos Humanos promovido por la comunidad interamericana”, indicó Rivera Schatz, quien se encuentra en Colorado.

Rivera Schatz, además, pidió a la OEA que le exija al gobierno de Estados Unidos que “procedan de inmediato a la reparación del evidente menoscabo de los derechos humanos y civiles de los ciudadanos americanos de Puerto Rico por la vía constitucional, política o internacional”.

Grupo de la diáspora

Mientras, el abogado Manuel Rivera, a nombre de la organización Puertorriqueños Unidos en Acción (PUA), sostuvo que la CIDH debe reconocer que Puerto Rico en un territorio no incorporado, lo que representa un obstáculo para la propuesta de estadidad que defienden los querellantes.

“Por eso, esta Comisión debe emitir una decisión denunciando el status colonial de Puerto Rico”, reclamar “la inmediata descolonización” y “el libre ejercicio de la autodeterminación de acuerdo al derecho internacional”, sostuvo Rivera, residente en Washington D.C.


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