Imagen de uno de los vagones con suministros para los damnificados del huracán María que fue interceptado por la Policía Municipal de Toa Alta tras haber sido sacado de la sede de la CEE. (GFR Media) (semisquare-x3)
Imagen de uno de los vagones con suministros para los damnificados del huracán María que fue interceptado por la Policía Municipal de Toa Alta tras haber sido sacado de la sede de la CEE. (GFR Media)

El informe realizado por los subcomisionados electorales de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) y la representante del interés público revela una serie de supuestas acciones y omisiones del jefe de seguridad penepé en la dependencia, Ramón Morales, para permitir el movimiento irregular de vagones el pasado 10 de agosto.

El informe firmado por Adrián González (Partido Independentista Puertorriqueño, PIP), Karla Angleró (Partido Popular Democrático) y Julia Álvarez (interés público) revela cómo el 10 de agosto Morales interfirió con el mandato del balance político que tiene que regir en las oficinas de la CEE -incluyendo la de seguridad- al instruir a personal popular que se moviera del Edificio de Operaciones Electorales al edificio administrativo de la CEE. Luego, se inició la salida de siete furgones de las instalaciones.

El informe ya fue recibido por los comisionados Miguel Ríos (PPD) y María de Lourdes Santiago (PIP).

Sin entrar en el contenido del documento, Santiago indicó a El Nuevo Día que la resolución del Tribunal de Apelaciones emitida ayer deteniendo cualquier proceso pendiente en relación a la investigación interna no tiene efecto práctico alguno en la medida en que el informe fue completado el lunes.

“Los procedimientos terminaron con la radicación”, dijo Santiago a El Nuevo Día. “La investigación terminó con la presentación del informe. La intervención del tribunal es académica y es inmaterial”.

El informe hace alusión a la posible comisión de delitos, pero los suscribientes reconocen que para probarlo se necesitaría iniciar pesquisas que requieren recursos con los que no cuenta la CEE y, en algunos casos, se extienden más allá de campo jurisdiccional de la entidad, lo que significa que el Departamento de Justicia debería intervenir mediante un referido.

Morales, supo El Nuevo Día, no quiso prestar declaraciones durante el proceso investigativo.

Las irregularidades en el proceso de traslado de los contenedores objeto de esta investigación han sido magnificados por la negativa de los empleados ya señalados a proveer información sobre su cumplimiento con las obligaciones que les impone su trabajo en la CEE. Por un lado, han colocado a la entidad pública para que la que trabajan en la insostenible posición de no poder rendir cuentas al país sobre el funcionamiento de la Oficina de Seguridad Interna con respecto a sus tareas regulares de custodiar material electoral”, reza el informe.

En el documento se da cuenta de cómo el personal de seguridad no conoce sus obligaciones, que el manual de seguridad debe ser actualizado, que en el área de carga no hay cámaras de seguridad actualmente y que el registro de entradas y salidas de vehículos no se maneja de manera adecuada.

“Debe revisarse todo el sistema de cámaras, ajustar su ubicación y establecer un programa de revisión y mantenimiento de estas”, lee el documento.

Concluye el documento que Morales incurrió en violaciones al Manuel de Personal de Seguridad como: fallar en proteger la propiedad, velar por el cumplimiento de normas y reglamentos, no llevar un récord de las personas que visitan la CEE, no controlar la entrada y salida de visitantes, no inspeccionar las áreas de estacionamiento, no mantener un récord de la entrada y salida de vehículos de los predios y no rendir un informe sobre la desaparición de propiedad.

También se concluye que, al igual que otro supervisor de seguridad, Miguel Martínez, violaron el Manual de Normas y Conducta y Medidas Disciplinarias al incurrir en insubordinación, negarse a hacer su trabajo, no cumplir con normas de seguridad, ocular, tergiversar o declarar falsamente sobre hechos constitutivos de violaciones a diferentes violaciones.

Todas estas presuntas violaciones implican suspensiones de empleo y sueldo por periodos específicos de tiempo.


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